Todos estos motivos son naturales para cualquier estudiante de derecho o profesional, pero el estudio de Alessandri Abogados, denotó cambios fundamentales entre los abogados y las abogadas en las condiciones laborales que quieren de sus trabajos. Muchas abogadas se enfocan en tres condiciones que no están dispuestas a negociar. La primera de estas condiciones es un buen ambiente laboral, el segundo factor la igualdad de oportunidades, responsabilidades y pago entre mujeres y hombres dentro de una firma, y la tercera exigencia es la preocupación por la salud física y mental de los trabajadores. Un 98% de las encuestadas destacaron  estos tres elementos como muy motivantes y estaban dispuestas a abandonar beneficios como el reconocimiento social o la oportunidad de aprender y utilizar nuevas herramientas y tecnologías para asegurarse de que esas tres condiciones se cumplan.

Son estas tres condiciones las que denotan el problema, que de acuerdo con este estudio se releva: 

El hecho de que las abogadas no sienten que son tratadas en forma igualitaria en las firmas de prestigio. De hecho las tres condiciones que relevan, hacen notar esta diferencia en el trato entre abogados y abogadas. Según el 69% de las encuestadas, ya es muy difícil ingresar a trabajar a estudios prestigiosos e incluso si lo hacen, en el ambiente de trabajo normalmente trabajan más hombres que mujeres (y por lo tanto el ambiente está “masculinizado”), lo que lleva a muchas profesionales a simplemente no postular a estudios en los que normalmente cualquier abogada querría trabajar.

Según los autores del estudio, Loreto Cornejo, Rodrigo Lufí y Morinka Saenz “hay una discordancia entre lo que las encuestadas buscan o aspiran en el ámbito laboral versus la percepción de la realidad que tienen de los estudios de abogados como lugar de trabajo”. Esta discordancia junto con los hallazgos que hacen de sus futuras posibilidades, que sólo un 18% de las abogadas actuales ocupan cargos de responsabilidad dentro de estudios jurídicos, solo empeora la brecha entre las mujeres y los hombres en el ambiente laboral.

La “masculinización”, como dice el estudio, de la profesión legal ha causado un ciclo vicioso entre las expectativas de las estudiantes y profesionales mujeres, las realidades profesionales y la brecha entre lo que se espera y se le permite a las abogadas en el ejercicio profesional. La paridad conseguida en el estudio legal, es destacable, pero debe llevarse al ejercicio del Derecho y a las oportunidades que se les da a las mujeres. Para que la igualdad ante la Ley permita a todo talento desarrollarse en el ejercicio profesional.

Las razones por las que se conmemora esta fecha en diferentes partes del mundo, varían, pero siempre se relacionan con problemas de derechos humanos, abusos de instituciones y situaciones culturales, que llevan a personas a ser tratadas injustamente.

Uno de estos casos es el de Afganistán. En este país las mujeres sufren enormes restricciones en aspectos importantes de su vida. Esto afecta fuertemente a las profesionales de ese país, incluyendo a abogadas como Shabnam Nasimi, quien recibe amenazas y ataques contra su persona debido a su trabajo para desarrollar los derechos de las mujeres y su promoción de una justicia equitativa en su país.

En Latinoamérica, también ha habido casos notorios, como el caso del fiscal César Suárez en Ecuador, a quien le dispararon el 17 de enero del 2024 a plena luz de día, debido a su investigación por la corrupción en el sistema judicial y el gobierno, Un caso de homicidio que se sigue investigando y ha causado gran preocupación en la población del país.

Este año 2024, este día se conmemoró con especial dedicación a Irán, país que ha hecho noticia mundialmente por el problema de las mujeres y el trato que se les impone. Las protestas causadas por el aniversario de la muerte de Mahsa Amini, una joven iraní detenida por llevar mal puesto su velo y quién murió bajo custodia policial, se ha convertido en una de las fuentes de oposición al régimen islámico en Irán lo que ha causado innumerables detenciones, muertos y heridos e incluso ejecuciones públicas, además de sentencias a castigos desproporcionados. El año 2025, hay una serie de lugares en un mundo y situación convulsionada como la que estamos viviendo, al que podría ser dedicado…

Muchos abogados han declarado su apoyo a las protestas y como consecuencia han sufrido las secuelas de su compromiso. Como ejemplo de estos casos está el de Saleh Nikbakht, abogado de la familia de Mahsa Amini, quien a pesar de su avanzada edad de 73 años fue condenado a un año de cárcel y dos años sin ningún acceso a redes sociales por hablar contra el sistema y sobre del juicio de la joven iraní en dichas redes sociales. 

Parte de la obligación disciplinar es estar al tanto de este tipo de problemas para salvaguardar que no ocurran en aquellos países en que la justicia es un baluarte independiente y fuerte. Además de tener presente y en toda medida posible visibilizar a todos los profesionales que ejercen el Derecho en estas condiciones, poniendo en riesgo su integridad y vida, por hacer prevalecer esta carrera y la defensa de los valores de la justicia, igualdad y derechos en el mundo.

El agotamiento, por ejemplo, es un problema común entre los abogados y puede ser particularmente problemático para el desarrollo de la vida y las relaciones personales. El agotamiento puede ser físico, emocional y/o mental, y es generalmente causado por la exposición prolongada al estrés, cuando hablamos de él en forma crónica. El agotamiento y la desconexión asociados pueden afectar la capacidad para relacionarse en forma personal y participar en actividades con sus seres queridos. Pueden encontrar difícil estar presentes y atentos con quienes les son más importantes, lo que lleva a relaciones tensas y sentimientos de culpa y frustración.

La falta de comunicación y la ausencia de apoyo emocional pueden generar tensiones y conflictos, lo que a su vez puede aumentar el estrés y la insatisfacción personal. Los abogados a menudo tratan con casos complejos y cargados emocionalmente, como la defensa penal, disputas de derecho familiar y reclamaciones por lesiones personales. Estos casos pueden ser emocionalmente agotadores, ya que los abogados deben navegar por los problemas y experiencias de sus clientes manteniendo una actitud profesional. Es inevitable que eventualmente los abogados que manejan este tipo de casos enfrenten reacciones emocionales a la variedad de crímenes, tragedias y otros actos, que pueden afectarlos personalmente, lo que muchas veces redunda en falta de comunicación con sus seres queridos, para evitar impactar negativamente la vida de quienes los rodean con problemas complejos de su trabajo y evitar llevarlos a su vida personal.

Y ese, por encima de todo, es el problema: la falta de interacción personal, debido a la sobrecarga. Por naturaleza somos criaturas sociales y buscamos compañía, ya sea amistosa, romántica, familiar u otra, para conectarnos con los demás. Si el trabajo de un abogado, o cualquier profesional, no les permite tener tiempo para su desarrollo personal, entonces se encontrarán de repente sin la capacidad de lidiar con el estrés e incluso el trauma, y eso puede llevar a situaciones difíciles. Es importante que todos los profesionales establezcan límites entre su vida personal y su entorno laboral. Pero si sus responsabilidades se vuelven demasiado urgentes, es igualmente importante que establezcan espacios donde puedan comunicarse, ya sea que lo hagan con sus familias, con amigos, con compañeros de trabajo o con profesionales de salud mental, depende de cada individuo.

En la sociedad actual, donde la productividad y el rendimiento son altamente valorados, muchos profesionales se enfrentan a un problema creciente: la falta de tiempo para dedicar a su vida personal y familiar. Este fenómeno, que se ha intensificado con el avance de la tecnología y la cultura del trabajo constante, puede tener consecuencias significativas en la salud mental y emocional de los individuos, así como en sus relaciones interpersonales. El equilibrio entre la vida laboral y las relaciones personales puede ser un desafío difícil, pero es importante gestionarlo, por el bien de cada uno y quienes lo rodean e incluso por el trabajo que se alimenta de esas experiencias y desconexiones tan necesarias.

Debido al movimiento #MeToo se ha creado una gran conciencia sobre el problema del abuso de poder en el lugar de trabajo, lo que ha llevado no sólo a parar y castigar situaciones como esas, sino que a la promulgación de muchas leyes para darles marco legal, desde la perspectiva del individuo. En esa misma línea el Gobierno chileno implementará la Ley N°21.643, también conocida como la Ley Karin, nombrada en honor a Karin Salgado, quien se suicidó producto de este tipo de abuso. Esta ley dará un nuevo marco de apoyo y protección a personas que sufren acoso laboral en Chile y pretende prevenir este tipo de situaciones en mayor medida, introduciendo una serie de cambios.

Aborda la prevención, investigación y sanción de la violencia y abuso a personas en su empleo. Una de sus principales exigencias es la existencia de protocolos en todo lugar de trabajo, no importando tamaño ni número de empleados, sobre el tema. Estos protocolos deben dar pautas y mecanismos claros que permitan la identificación de riesgos, la capacitación continua a los trabajadores, procedimientos de denuncia y procesos de investigación que sean imparciales, confidenciales y se realicen con celeridad.

La ley protege los derechos de los denunciantes, exigiendo procedimientos de protección a las víctimas y atención oportuna en ámbitos legales, psicológicos y otros necesarios para enfrentar un proceso de buena manera.

Por otro lado da seguridad a los denunciados, garantizando un debido proceso, justo con capacidad de presentar su versión y defenderse en forma adecuada y por supuesto y en coherencia con la ley general, debe considerarse inocente hasta que se pruebe lo contrario.

En este plano y en cuanto a su puesta en marcha, Claudio Reyes, subsecretario de Previsión Social, afirma que la razón por la cual tanto el denunciante como la persona denunciada no son anónimos es para prevenir el abuso de esta ley y evitar las denuncias falsas, advirtiendo que: “Si alguien quiere presentar una denuncia con el único propósito de causar daño, también será objeto de sanción”.

El cambio de foco de derechos laborales grupales que afectan a cada persona,  al de abordar casos netamente individuales y únicos con impactos genéricos, es un gran paso en pos del bienestar de cada uno de los empleados, como lo está haciendo la Ley Karin, que aborda la protección con este punto de vista. Es por lo mismo un gran cambio en la cultura de las relaciones laborales y amplía el rango y abanico de casos y situaciones, lo que será un cambio también para los abogados laboralistas que los abordan. Pero todo cambio importante conlleva este tipo de incertezas y los profesionales de la ley, trabajadores y empleadores, deben colaborar para que sea un éxito en pos de un ambiente laboral más seguro, garante de la dignidad individual y libre de acoso y violencia.

Pero, ¿cuáles son estas expectativas? Según Óscar Fernández León, Decano del Ilustre Colegio de Abogados de Sevilla, hay varios elementos que se esperan de un juez para que la relación entre ellos y los abogados funcione eficientemente:

La primera y más importante expectativa para un juez es que esté informado, se espera que cada juez esté bien informado sobre los casos que lleva, para tener una imagen lo más completa posible de las circunstancias y posibles complicaciones del caso, lo que también significa que son capaces de resolver cualquier trámite procesal establecido de manera imparcial.

La segunda expectativa de un juez es su atención, manteniendo una actitud de atención plena y escucha activa durante la intervención de los letrados, para que puedan intervenir de manera asertiva cuando los abogados o los fiscales están mal usando argumentos, desviándose de su argumento o en cualquier otro caso que pueda inclinar injustamente la conclusión a favor de uno u otro a través de métodos ilícitos.

Y finalmente, la tercera expectativa, según Óscar Fernández León, es su actitud. Se espera que un juez sea firme en la sala del tribunal, para mantener la autoridad y asegurar que todos los procedimientos se realicen correctamente, pero también se espera que coordine y se comunique con los letrados de manera cordial y respetuosa para promover un procedimiento paciente y racional incluso en circunstancias estresantes.

Estos tres factores clave son necesarios para mantener una relación eficiente con los diversos abogados con los que los jueces interactúan en un juicio tras otro e incluso día a día. Se espera que cada abogado, independientemente de si es el defensor o el fiscal, descubra todas las pruebas y argumentos posibles para obtener el resultado que desean, por lo que algunos abogados utilizarán cualquier estrategia que sientan que pueden salirse con la suya, lo que significa que la necesidad de la intervención del juez es muy importante.

Estar bien informado, mantener tanto su atención como una actitud paciente y diligente frente a miles de juicios no es poca cosa para pedir a alguien, puede que sea imposible, pero en esta era de constante exposición e información abierta, es importante que el juez, el tercer y imparcial actor, se destaque como el intermediario para asegurar que se haga justicia.

La década de 1990 estuvo marcada por varios tratados clave que definirían la actitud futura hacia el manejo de las ADM, incluido el Tratado de Reducción de Armas Estratégicas (START I) en 1991, que redujo significativamente las armas ofensivas estratégicas entre los Estados Unidos y la Unión Soviética. Mientras tanto, las armas químicas serían oficialmente consideradas ilegales a través de la Convención sobre Armas Químicas de 1993, que prohibió el desarrollo, producción, adquisición, almacenamiento, retención, transferencia o uso de armas químicas y ordenó la destrucción de los arsenales existentes. Mientras tanto, comenzaron a formarse iniciativas tendientes al desarme, como el Tratado de Prohibición Completa de Pruebas Nucleares propuesto en 1996, que prohibía todos los ensayos nucleares con fines tanto civiles como militares. Aunque muchos países no lo han ratificado, y países como Rusia se han salido de este tratado, significó un paso importante de concientización internacional frente a las ADM.

Esto nos lleva al siglo XXI, en el que el compromiso global continuo para controlar y, en última instancia, eliminar las ADM (a través de una combinación de medidas de desarme, no proliferación y verificación), ha llevado a tratados y acuerdos internacionales, tales como el Tratado de Moscú, firmado en 2002 entre los Estados Unidos y Rusia para reducir sus ojivas nucleares estratégicas almacenadas. 

Otra de estas iniciativas es la Convención Internacional para la Supresión de Actos de Terrorismo Nuclear, adoptada en 2005, para prevenir el terrorismo nuclear y mejorar la cooperación internacional contra esta amenaza. El Tratado de Reducción de Armas Estratégicas (Nuevo START) en 2010, para reducir aún más la cantidad de bombas nucleares estratégicas y sistemas de lanzamiento, y el Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares, adoptado por las Naciones Unidas en 2017, que representa el primer acuerdo internacional legalmente vinculante para prohibir de manera integral las armas nucleares con el objetivo de llevar hacia su eliminación total.

Estos marcos legales internacionales, son fundamentales para establecer normas  claras y efectivas en el control de armas de destrucción masiva. Ayudan a concientizar sobre sus peligros, prevenir conflictos, reducir riesgos de proliferación, proteger contra amenazas terroristas y promover la estabilidad internacional a través del desarme y la no proliferación. En esta época post pandémica, de una llamada por algunos, segunda guerra fría, y con tantos conflictos internacionales, la labor de los abogados de Derecho Internacional en esta tarea es especialmente crítica.

Nadie olvidará jamás el día en que Hiroshima y Nagasaki fueron bombardeadas y el horror que se vivió durante y después del lanzamiento de las bombas atómicas. Y el peligro de repetir ese desastre sigue latente. Es, a través de la ley y la comprensión de las consecuencias del mal uso de las ADM que se puede lograr la eliminación de estas armas a través del desarme y la no proliferación, y prevenir al menos esa forma de fin del mundo.

Las leyes electorales, definidas por la rama del Derecho electoral, norman el sistema electoral de cada Estado. Esto puede incluir sistemas como el voto mayoritario simple, la representación proporcional, el voto indirecto o preferencial, la distribución de escaños y representación, entre otros.   

También regulan quién tiene derecho a votar y los requisitos para registrarse como votante. Estas leyes pueden incluir requisitos de edad, residencia, ciudadanía y otros criterios que determinan la elegibilidad para participar en las elecciones. Asimismo regula los requisitos para los candidatos, condiciones para ser elegible y derechos y deberes con que cuentan durante esas candidaturas.

Además protegen el derecho al voto libre e informado, garantizando el derecho al voto de los ciudadanos y protegiendo contra la discriminación o la intimidación electoral, lo que puede incluir medidas para asegurar la privacidad del voto, la accesibilidad para personas con discapacidades y la prevención del fraude electoral.

Se encargan de la regulación de campañas y financiamiento político, regulando ingresos y egresos de las campañas políticas, los límites de gastos, la transparencia en el financiamiento y la publicidad electoral. Estas regulaciones buscan garantizar la equidad entre los candidatos y partidos y prevenir la influencia indebida del dinero y poderes de algún sector en la política.

Por último son las responsables de establecer procedimientos para la resolución de disputas electorales, incluyendo la revisión de resultados, el manejo de quejas y la celebración de nuevas elecciones en caso de irregularidades graves o empates técnicos.

Los sistemas de votación y cómo se norman son una parte basal de nuestra democracia. La Revolución Francesa en 1792 partió quitando el poder al rey y entregando el voto al pueblo, sin ley ni regulación sino sólo por derecho. El hecho de no tener un marco regulatorio claro permitió a Napoleón Bonaparte volver a establecer un poder absoluto, con él como emperador, destruyendo la primera república francesa, de la época moderna.

Así de importante y estructural es esta relación entre el sistema político amplio y su regulación. Lo que partió en la antigua Grecia como un sistema de organización netamente político-social, hoy es intrínsecamente legal también y es crucial que los abogados que se especializan en esta área tengan claridad sobre lo que sus conciudadanos consideran como sistema representativo, equitativo y justo y las leyes y Constitución que lo rigen.

Otro ejemplo notable es el del Movimiento por los Derechos Civiles, uno de los ejemplos más conocidos de protestas no violentas en los Estados Unidos, que buscó poner fin a la segregación racial y la discriminación contra los afroamericanos y asegurar el reconocimiento legal y la protección federal de sus derechos de ciudadanía. Estas protestas llevaron a cambios legislativos significativos base de numerosos transformaciones aplicadas a diferentes grupos hasta hoy, como la Ley de Derechos Civiles de 1964, que prohibió la discriminación basada en raza, color, religión, sexo u origen nacional. La Ley de Derechos Electorales de 1965, que eliminó las barreras para votar para los afroamericanos, como las pruebas de alfabetización y los impuestos electorales. Y luego estaba la Ley de Vivienda Justa de 1968, que prohibió la discriminación en la venta, alquiler y financiamiento de viviendas, por cualquiera de los motivos anteriormente descritos.

Todos estos derechos fueron cruciales para muchas personas en el país y, lamentablemente, si bien se organizaron como manifestaciones pacíficas, se encontraron con oposiciones violentas. Ejemplos como el Boicot de Autobuses de Montgomery, provocado por el arresto de Rosa Parks por negarse a ceder su asiento en el autobús a una persona blanca, la Marcha en Washington por el Trabajo y la Libertad, donde Martin Luther King Jr. pronunció el discurso mencionado anteriormente  “Tengo un sueño”, y las Marchas de Selma a Montgomery en pro de la demanda de derechos de voto para los afroamericanos, fueron todas recibidas con resistencia violenta de las autoridades. Pero se mantuvieron firmes y lograron con enorme esfuerzo y pérdidas, leyes que cambiarían el mundo.

Un tercer ejemplo es el Movimiento contra la Guerra de Vietnam. Las manifestaciones pacíficas masivas contra ese conflicto produjo una enorme presión sobre el Gobierno de EEUU aunando el descontento del público, no sólo por sus razones y desarrollo, sino también por la injusticia que se cometía contra los  jóvenes que y eran reclutados para luchar en la guerra desde los 18 años pero no podían votar hasta los 21. Esto los hacía incapaces de influir en nadie o votar por alguien para representarlos en el Congreso, organizaciones que regían el mismo Estado que los estaba enviando a arriesgar sus vidas. En 1954, el presidente Dwight D. Eisenhower se convirtió en el primer presidente de los Estados Unidos en apoyar públicamente el voto de las personas a partir de los 18 años. Esto basado en la petición del movimiento que pregonaba la siguiente idea: “Si una persona es lo suficientemente mayor para luchar, es lo suficientemente mayor para votar”, y así, en 1971, se redujo la edad para votar y cambió la 26ª Enmienda de su constitución.

Los movimientos actuales, como por ejemplo el LGTBIQ+ y los derechos de los homosexuales lograron la ley del matrimonio igualitario para EEUU con marchas pacíficas anuales. El movimiento ME TOO, por su lado, con movimientos sociales y manifestaciones pacíficas de todo tipo, ha logrado enormes progresos en la prevención de acoso sexual y leyes que protegen a las mujeres en sus trabajos y vidas personales, y han hecho grandes avances en cuanto a leyes que resguardan los derechos de minorías y de las mujeres en Estados Unidos.

La historia de las organización masiva pacífica en los Estados Unidos de América es un poderoso ejemplo de los ciudadanos de una nación examinándose a sí mismos y defendiendo lo que creen. Afortunadamente, no son los únicos. Las manifestaciones ocurren en todas partes a lo largo de la historia y del planeta, por una variedad de razones, como el Movimiento de Independencia de la India, el Movimiento contra el Apartheid en Sudáfrica, la Revolución de Terciopelo en Checoslovaquia y otros. Estos son todos buenos ejemplos de lo importante que puede ser el poder de las personas unidas en torno a una idea que cambie las leyes para mejorar el desarrollo de la sociedad en la que viven.

Sin contar con todos los dilemas ético religiosos involucrados en el hecho de quitar la vida a una persona, uno de los principales argumentos en contra es la perspectiva del resguardo legal a los derechos humanos, que no distingue condición ni circunstancia. La pena de muerte se considera una violación fundamental del derecho a la vida y la prohibición de tratos o castigos crueles e inhumanos. Muchos, incluyendo organizaciones como Amnistía Internacional, argumentan que ninguna entidad, incluyendo el Estado, tiene el derecho moral de quitar la vida a una persona. Además, existen casos de riesgo de errores judiciales. La posibilidad de condenar a muerte a una persona inocente debido a errores en un proceso judicial, pruebas falsas, o mala praxis legal, es una preocupación grave. Esto no es un tema hipotético, hay casos documentados de personas que han sido exoneradas después de pasar años en los llamados corredores de la muerte, ilustrando el peligro de ejecutar a inocentes.  

Es por esto que la gran mayoría de los países desarrollaron prohibiciones estrictas ante la pena de muerte. Los países pertenecientes a la Unión Europea o a  América Latina, Canadá, Australia y Nueva Zelanda son algunos ejemplos de naciones que han prohibido esta medida casi en su totalidad.

Hay voces muy prominentes del mundo del derecho, que están expresando su opinión en contra de este castigo públicamente, ya que consideran que no está sintonizada con los valores actuales. 

Navanethem Pillay, la primera mujer no blanca en abrir un estudio de abogados en Kwazulú-Natal, Sudáfrica y la primera mujer en servir como jueza en el Tribunal Supremo de Justicia de Sudáfrica, hizo notar que “La pena de muerte no es disuasoria. Nadie ha podido aún demostrar que en aquellos países donde hay ejecuciones, haya menos crímenes.” y describe que “la pena de muerte no tiene cabida en la era moderna”. También hay casos como el de Stephen Breyer, un ex-juez de la Corte Suprema de Estados Unidos quien hizo notar que “En mi opinión no puedes tener tanto un sistema que básicamente sea justo, que trabaje de forma honesta y trate a la gente igualitariamente, y al mismo tiempo tener la pena de muerte. He visto esto por 20 años.”

Y también hay casos de naciones que aún no logran tomar una decisión definitiva, como India, que aunque mantiene la pena de muerte sólo la aplica en casos excepcionales, y Rusia, que mantiene una moratoria sobre la pena de muerte desde 1996, lo que significa que no se han llevado a cabo ejecuciones, pero no ha abolido formalmente la pena capital.

¿Es la muerte la solución y el castigo merecido para quien comete delitos considerados capitales? ¿Protege efectivamente de delitos la posibilidad de perder la vida? ¿Es por maldad, problemas mentales o problemas sociales que se llega a casos como estos? Es un debate legal y ético que ha tenido a lo largo de la historia detractores y partidarios, pero que en momentos tan convulsionados como los actuales, vuelve a adquirir importancia….

Hay ejemplos más liberales de cómo manejar las armas de fuego como el caso de Estados Unidos. Tiene reputación de ser un país que permite adquirir armas con facilidad, pero la realidad es que las regulaciones para este tipo de armamento si bien son laxas, varían dependiendo del estado. Zonas como California y Nueva York tienen leyes estrictas sobre la posesión y el uso de armas, mientras que Texas y Arizona son mucho más permisivos. Pero aún los más restrictivos, se encuentran con el problema de la Segunda Enmienda de la Constitución de EE. UU., ratificada en 1791, que establece: “Siendo necesaria una milicia bien regulada para la seguridad de un Estado libre, el derecho del pueblo a poseer y portar armas no será infringido”. Las armas, para muchos estadounidenses, son un símbolo de libertad y poder individual, causando casos alarmantemente frecuentes de abuso de ellas.

También hay ejemplos completamente opuestos, como el de Japón, bien conocido por su extrema regulación legal y cultural. En el país sólo se permite la posesión de armas de caza y deportivas, y obtener una licencia es un proceso largo y complicado que incluye evaluaciones psicológicas, verificaciones de antecedentes y pruebas de aptitud. Culturalmente hablando la sociedad japonesa valora la seguridad y la cohesión social, y la posesión de armas es vista no sólo como innecesaria para la defensa personal, sino que también son asociadas con peligro y violencia activa. Por lo tanto, se tiende a desconfiar de la gente que porta cualquier tipo de arma, pues se les enseña desde muy jóvenes a valorar la seguridad colectiva.

Estos dos casos, opuestos absolutos en su legislación y respuesta social ante las armas de fuego, son el blanco y negro de una larga escala de grises al respecto, que incluyen tanto la legislación como la forma de verlo culturalmente. 

Un buen ejemplo de cómo influye la cultura en el manejo de armas es Suiza donde hay un alto porcentaje de acceso a armas de fuego de su población, que responde a su tradición de servicio militar obligatorio, lo que implica que muchas personas sepan usarlas y decidan conseguir una para protección personal. Aun así hay leyes estrictas sobre el registro y uso de armas. Los ciudadanos deben pasar verificaciones de antecedentes y obtener permisos para poseer armas. Las armas automáticas están prohibidas, y existen restricciones sobre el tipo de munición que puede usar una persona natural.

También hay casos como los de Australia, donde eventos trágicos cambiaron leyes en este tema. La masacre de Port Arthur en 1996, en la que 35 personas murieron y 23 resultaron heridas, llevó a una reforma radical de las leyes de armas en el país. Tras la masacre, el gobierno australiano implementó leyes de control de armas muy estrictas, prohibiendo rifles semiautomáticos y escopetas automáticas. Obtener una licencia en Australia, después de este evento es un proceso riguroso que incluye evaluaciones psicológicas, verificaciones de antecedentes y pruebas de aptitud. Todas las armas deben ser registradas, y los propietarios deben justificar la necesidad de poseerlas, generalmente para la caza o el tiro deportivo.

Es irónico que los alquimistas chinos, que por primera vez crearon pólvora buscando el elixir de la inmortalidad, sean recordados por haber aumentado el poder de aniquilación de vida exponencialmente, sin capacidad de entender lo mucho que cambiaría el mundo su búsqueda.

Hoy, en una sociedad post pandemia, cada vez más violenta e insegura y donde incluso adolescentes y niños tienen acceso a armas, el debate sobre su uso y tenencia es cada vez mayor y la respuesta cada vez más compleja. Las leyes y el marco normativo deben ser capaces, en ese contexto, de dar una solución equilibrada para cada país, entorno cultural y derechos y deberes no sólo de quienes compran sino que la sociedad  en que se usan.