Esto no es en absoluto imposible. Hay abogados que acuden a sitios como TikTok, Instagram y Youtube y realizan vídeos totalmente centrados en el asesoramiento jurídico, ya sea ofreciendo análisis de casos virales, desmontando mitos legales, ayudando a la gente con determinados trámites o incluso sobre qué hacer en determinadas situaciones en las que puedan sentirse amenazados. Casos como los de Law by Mike, quien tiene 11.8 millones de seguidores, Ugo Lord,  quien tiene 1.93 millones de seguidores, o Emily D. Baker, con 807 mil seguidores, nos muestran que hay varias formas de presentar temas legales en lenguaje coloquial y accesible, y aún más importante que la gente está muy interesada en romper esta barrera y entender cómo se deben comportar ante un gigante invisible que influencia muchos aspectos de su vida.

El tener una guía legal que las personas consideren accesible, permite a quien lo necesite entender en forma general hasta dónde y cómo puede manejar una situación en forma particular y cuándo es imperativo tener apoyo legal. Abrir esta primera aproximación puede sonar a entregar información gratis, pero en realidad es la base para tener muchos más clientes potenciales. Situaciones cotidianas como la citación a un tribunal, un choque, parte o asalto, pueden, con la información adecuada manejarse bien y quizás evitar problemas futuros incluso para los abogados involucrados. Hay una procedimiento con normas y leyes que existen para proteger a las personas, pero no sirven si no se conocen y comunican adecuadamente.

A pesar del 81% de los estudios de abogados que tienen presencia en las redes sociales, su impacto está lejos de ser masivo y considerado como una base de negocios.

Porque conseguir casi 12 millones de usuarios interesados es probablemente una meta que nadie considera inalcanzable, pero que de hecho es posible. Las redes sociales son un canal de comunicación masivo y un enorme número de personas necesita saber dónde están parados frente a una situación que los afecta directamente y que no pueden abordar. Las redes sociales bien pueden ser una nueva oportunidad para los abogados, y un puente que conecte a grandes masas con la ley.

Además, existe el evidente riesgo de las consecuencias a la reputación del abogado. Hablar demasiado sobre un caso puede dañar la reputación si se percibe que está buscando atención mediática en lugar de centrarse en la defensa de su cliente. En el caso de la “Operación Lava Jato”, que develó una red de corrupción y cohecho en la política brasileña, algunos abogados enfrentaron críticas por revelar detalles que podrían haber comprometido la privacidad de sus clientes.

A pesar de estos peligros, hablar públicamente sobre un caso puede ofrecer ventajas estratégicas a los abogados y a sus clientes. En primer lugar, la exposición mediática puede servir para equilibrar la narrativa pública, especialmente en casos en los que una de las partes tiene mayor acceso a los medios de comunicación o goza de una posición de poder. Al proporcionar la versión de su cliente, el abogado puede contribuir a evitar juicios prematuros en la opinión pública.

En algunos casos la opinión pública puede tener un impacto indirecto en el proceso judicial. Por ejemplo, en situaciones de alto perfil, el escrutinio público puede motivar a las autoridades a actuar con mayor transparencia y diligencia. Además, la difusión pública de ciertos aspectos de un caso puede servir para sensibilizar a la sociedad sobre cuestiones de interés general, como los derechos humanos, la corrupción o las injusticias estructurales.  El caso de alegato de abuso sexual contra Harvey Weinstein en octubre del 2017 y su exposición pública, dio pie al movimiento “Me Too” y a una corriente global de protección a la mujer y de una serie de leyes de igualdad de género en todo el mundo.

Otro de los principales beneficios de que un abogado hable públicamente sobre un caso es la promoción de la transparencia. Al compartir información, los abogados pueden ayudar a construir confianza en el sistema judicial. Por ejemplo, en el caso de la “Operación Lava Jato” en Brasil, varios abogados de los implicados han hablado públicamente para aclarar la posición de sus clientes y proporcionar contexto sobre el proceso judicial. Esto ha permitido que el público entienda mejor las complejidades del caso y la defensa de los acusados.

Finalmente hablar públicamente sobre un caso también puede servir como una herramienta educativa. Los abogados pueden explicar aspectos legales complejos y aumentar la conciencia sobre temas importantes. Por ejemplo, hubo una serie de casos de feminicidios en México que sirvieron para educar sobre el tema. Abogados y activistas han utilizado plataformas públicas para explicar a la parte de la sociedad que los justificaba, la realidad e impacto de la violencia de género y la necesidad de reformas legales.

Hablar públicamente sobre un caso siempre va a ser una espada de doble filo para los abogados. Si bien hay beneficios significativos, como la transparencia y la educación, también existen peligros que pueden afectar tanto a los profesionales como a sus clientes. En un mundo donde la información se difunde rápidamente, es crucial que los abogados consideren cuidadosamente sus palabras y el impacto que pueden tener en el sistema judicial y en la opinión pública, nunca hay que olvidar el antiguo dicho: El silencio es oro…..

En el ámbito jurídico, esta controversia se refleja en la tensión entre el derecho a la vida y el derecho a la dignidad. Los abogados que defienden casos de eutanasia enfrentan el desafío de equilibrar estas posturas, garantizando que el consentimiento del paciente sea libre e informado, y que no existan presiones externas que puedan viciar su voluntad. Asimismo, deben lidiar con la falta de marcos legales claros en muchos países, lo que los obliga a recurrir a interpretaciones jurisprudenciales o a defender la despenalización en tribunales constitucionales.

Los fiscales, por su parte, tienen la tarea de asegurar que las leyes vigentes se cumplan, investigando posibles casos de abuso o mala praxis. Esto implica un delicado análisis de la evidencia y la interpretación de normativas que muchas veces son ambiguas o contradictorias. En los países donde la eutanasia no está legalizada, los fiscales deben perseguir estos actos como homicidios, aun cuando hayan sido realizados por razones compasivas.

Los jueces enfrentan el desafío de resolver casos en los que se enfrentan derechos fundamentales en conflicto. Deben interpretar la ley en contextos donde la normativa puede no estar actualizada o ser insuficiente para abordar las complejidades de la eutanasia. En muchos casos, sus decisiones han marcado precedentes importantes, como ocurrió en Colombia, donde la Corte Constitucional despenalizó la práctica y estableció directrices para garantizar el derecho a la muerte digna.

Uno de los aspectos más complejos del debate es la confusión terminológica que rodea a la eutanasia. No se debe confundir eutanasia con la decisión de no prolongar la vida mediante tratamientos fútiles o con la desconexión de un paciente con muerte cerebral. Tampoco debe confundirse con la sedación paliativa, que busca aliviar el dolor sin acelerar la muerte. Esta falta de claridad puede llevar a interpretaciones erróneas y a decisiones jurídicas basadas en premisas falsas.

El derecho a morir con dignidad no implica necesariamente la creación de un derecho a la muerte, y esto es algo que los sistemas jurídicos deben ponderar cuidadosamente. Legalizar la eutanasia impacta en el paciente, transforma la relación médico-paciente y redefine el rol del Estado en la protección de la vida. 

Al final del día, la discusión sobre la eutanasia nos invita a reflexionar sobre el valor de la vida y la importancia de la empatía en nuestras decisiones. En un mundo tan globalizado y diverso como el que estamos viviendo, es fundamental que el marco legal se adapte para reflejar las necesidades de los pacientes y las preocupaciones éticas que surgen en torno a la defensa de la vida humana, la dignidad y el sufrimiento. Difícil y complejo tema legal, donde los únicos lineamientos claros refieren a principios éticos personales. Tema repleto de grises en un mundo que tiende cada vez más al blanco o negro.

La primera pregunta es geopolítica: ¿Qué alianzas se mantendrán? La Guerra Comercial de Donald Trump ya ha traído dudas acerca de si sus alianzas sobrevivirán al mandato del nuevo presidente, y aunque los representantes de los países afectados se han mantenido firmes acerca de su intención de mantenerlas, la política impuesta por el nuevo Presidente norteamericano ha hecho evidente la fragilidad y desprotección en que rápidamente pueden caer estos pactos.

Otras alianzas se han fortalecido, como las de los países árabes en contra de Israel, a raíz de lo ocurrido con Palestina, con todas las consecuencias que esto ha traído a nivel de derecho internacional y los conflictos y víctimas asociados en ambos lados. Lo mismo ha generado el conflicto Ruso-Ucraniano, lo que ha definido un mapa geopolítico de aliados a unos y otros países y una situación  política mundial en grados de estrés extremo. Sin contar con las migraciones masivas a causa de estos conflictos, con los consecuentes dramas humanos y económicos para migrantes y para países que reciben, conflicto que por otras razones, compartimos en Latinoamérica con cantidades de migrantes en los diferentes países, que ninguna norma local o internacional fue capaz de prever ni de regular en forma adecuada.

La segunda pregunta, refiere directamente a conflictos bélicos, reglas y transgresiones: ¿Cómo afectarán estos cambios a la guerra y las normas consensuadas que las rigen? A medida que las autoridades de las organizaciones como la OTAN o la ONU sean desafiadas y por lo mismo entren en crisis, sus reglas y los derechos que éstas cuidan, están en riesgo de ser abiertamente violadas o simplemente ignoradas. La reconfiguración de bloques políticos puede influir en la aplicación del derecho de la guerra, en la protección de los derechos humanos y en la respuesta de la comunidad internacional ante crisis humanitarias. 

La tercera pregunta se relaciona con el Derecho Internacional penal: ¿Cómo afectarán estos cambios a la justicia internacional y sus normas? El nivel de cooperación con tribunales internacionales como la Corte Penal Internacional, La Corte de la Haya o la Corte Internacional de justicia, entre otras,  y su persecución a crímenes de guerra, de lesa Humanidad y entre naciones, se ven afectados, por la anteposición de los intereses particulares de cada país o alianza, al derecho internacional. La postura de sus líderes en cuanto a que “el fin justifica los medios”, sólo agudiza el problema. Este ambiente de inestabilidad afecta directamente las normas comunes y hace patente la importancia de replantearse la necesidad de un nuevo trato como fundamento de la vida social, y aumenta el riesgo de más y peores conflictos. 

La cuarta, y última pregunta, afecta directamente a todos, sin excepción: ¿Cómo afectarán estos cambios a la economía mundial? La actual política de guerra comercial de Estados Unidos amenaza no sólo con afectar a Norteamérica, en sus alianzas, sino que por la globalización y consecuente dependencia a prácticamente todos los países del mundo. 

Como ejemplo anterior reciente, el conflicto ruso-ucraniano resultó en sanciones económicas para Rusia, las que produjeron división de opiniones y desataron una cadena de eventos que llevaron a una crisis económica global. Las medidas hasta ahora no han logrado parar el conflicto, siendo evaluadas por muchos como ineficientes y afectando la reputación de las organizaciones internacionales  que las impusieron.  Las consecuencias a largo plazo para Rusia están por verse.

Geopolítica, guerra, justicia, economía, estos son sólo algunos de los ámbitos que pueden cambiar drásticamente por falta de control global, si el Derecho Internacional, no asume el rol protagónico que tiene y los países no se comprometen. Herman Wouk en sus libros Vientos de Guerra y Tormentas de Guerra, muestra épocas difíciles antes y durante un conflicto bélico de carácter mundial y todo el dolor e inestabilidad que implica. Desgraciadamente estamos en una época post pandémica con conflictos de todo orden. La pregunta es cómo el Derecho Internacional, que puede ser nuestro gran apoyo, sale de este jaque y gana la partida.

El Código Canónico en que se basa tiene sus orígenes en los primeros siglos del cristianismo, cuando las comunidades cristianas comenzaron a establecer normas para regular su vida interna. A lo largo de los siglos, estas normas se han ido codificando y adaptando a los cambios sociales y culturales y se hicieron oficiales a través de los Concilios y Decretos Papales, lo que permitió su consolidación como un cuerpo jurídico independiente. Entre las primeras recopilaciones destacadas se encuentran el Liber Extra de 1234, el Liber Sextus de 1298 y las Clementinae de 1317. Estas obras compilaron y organizaron la normativa eclesiástica vigente en sus respectivas épocas, sirviendo como referencia fundamental para la aplicación del derecho en la Iglesia.

Un hito crucial en la historia del Derecho Canónico fue la elaboración de la Concordia discordantium canonum entre los años 1140 y 1142. Esta sistematización fue clave para la posterior conformación del Corpus Iuris Canonici, que incluyó seis obras canónicas oficiales y particulares redactadas entre 1140 y 1503. Este corpus fue la base del Derecho Canónico, formalizado en el primer Código de Derecho Canónico recién en 1917.

El Código de Derecho Canónico que rige en la actualidad fue promulgado por el papa Juan Pablo II el 25 de enero de 1983, reemplazando al Código Pío-Benedictino de 1917. Este nuevo código está dividido en siete libros que regulan aspectos fundamentales de la vida eclesiástica, como las normas generales, el pueblo de Dios, la enseñanza de la Iglesia, la función de santificar, los bienes temporales de la Iglesia, las sanciones y los procesos. Aunque este código se aplica a la Iglesia de rito latino, en el caso de las Iglesias Católicas sui iuris de ritos orientales se llevó a cabo una codificación específica que culminó en 1990 con la promulgación del Código de los Cánones de las Iglesias Orientales.

El Derecho Canónico, si bien menos conocido y común entre las especialidades, es muy significativo en el mundo actual, especialmente en contextos donde la fe y la moral juegan un papel crucial en la vida de las personas. En un mundo cada vez más plural y diverso, el derecho canónico ofrece un marco ético y espiritual que guía a los creyentes en sus decisiones y acciones. Además, su importancia se extiende a la manera en que la Iglesia aborda cuestiones contemporáneas, como la justicia social, los derechos humanos y la bioética, promoviendo un diálogo entre la tradición y las necesidades actuales de la sociedad. Así, el derecho canónico no sólo regula la vida interna de la Iglesia, sino que también contribuye a la construcción de una comunidad más justa y solidaria, de acuerdo con los principios cristianos, en un mundo en que muchos de sus millones de habitantes se rigen por sus directrices.

De hecho, EEUU es un ejemplo notable de litigios climáticos en tribunales estatales, donde gobiernos locales y comunidades afectadas demandan a empresas contaminantes por daños derivados del cambio climático. Estos casos se apoyan en parte en principios establecidos por el Acuerdo de París, y su desvinculación podría complicar los argumentos legales en torno a la responsabilidad corporativa.

Una deriva evidente de esta salida podría ser la liberalización y consecuente incumplimiento de las regulaciones ambientales nacionales, ya que los gobiernos federales no tendrían que alinear sus políticas climáticas con los objetivos del Acuerdo de París. Esto podría desencadenar cambios en normativas clave, como la derogación de leyes que limitan las emisiones industriales, la producción de energías limpias o la conservación de ecosistemas críticos. Los abogados ambientales que representan a comunidades afectadas o que trabajan en iniciativas de energía renovable enfrentarán nuevos desafíos en un entorno regulatorio menos estricto. Por otro lado, también podría haber un aumento en la representación de Estados y ciudades que busquen implementar sus propias políticas climáticas más estrictas, generando un mosaico legal fragmentado y perdiendo fuerza colectiva.

La desvinculación de EEUU del Acuerdo de París también impacta a las empresas, particularmente aquellas que operan a nivel internacional. En un mundo donde los mercados se mueven hacia la descarbonización, las compañías estadounidenses podrían enfrentar barreras comerciales en países que exigen el cumplimiento de normativas alineadas con los objetivos climáticos, o aún peor, otros países podrían, so pena de perder negocios, seguir el ejemplo de esta potencia y abandonar el acuerdo.

Desde una perspectiva diplomática, está por verse cómo se reorganizan las fuerzas con otras potencias que podrían salir fortalecidas como China y la Unión Europea,  que están avanzando en sus luchas contra el cambio climático. Esto podría generar nuevas alianzas internacionales y presiones sobre EEUU para que vuelva al acuerdo. 

A pesar de esto, hay empresas estadounidenses que siguen con su intención de fortalecer medidas climáticas ambiciosas. Iniciativas como “We Are Still In” agrupan a una amplia coalición de actores locales comprometidos con los objetivos del Acuerdo de París, lo que genera un entorno legal complejo donde las normativas de cada Estado podrían chocar con las federales. 

Esta decisión controversial, va a tener sin duda un impacto climático y legal muy fuerte en EEUU y en sus relaciones comerciales, internas e internacionales. Es una nueva realidad con obligación de quienes trabajan en el mundo legal, de estar atentos a cómo estos cambios afectan y atañen, además de cómo abren oportunidades laborales y de especialización. Sin uno de sus mayores exponentes, en el buen y mal sentido, este es un nuevo juego para el cambio climático, que nos afecta a todos.

Por el lado del usuario uno de los factores más discutidos en relación con el impacto psicológico de LinkedIn es la constante exposición a los logros de otros. Las publicaciones de conocidos celebrando ascensos, nuevas oportunidades laborales o proyectos exitosos pueden ser fuente de inspiración para algunos, pero también desencadenar emociones negativas en quienes atraviesan momentos profesionales iniciales, más difíciles o momentáneamente estancados.

La “competencia social profesional” puede provocar un fenómeno conocido como “desplazamiento hacia abajo”, en el que las personas perciben sus logros como insuficientes en comparación con los de otros. A esto se suma la naturaleza curatorial de los contenidos en LinkedIn, donde rara vez se comparten fracasos o vulnerabilidades, lo que crea una narrativa artificial de éxito constante, con la que es difícil compararse. En LinkedIn, la interacción con el contenido de otros —likes, comentarios y mensajes— se percibe como una forma de generar conexiones y abrir oportunidades laborales. Sin embargo, esta búsqueda de validación puede volverse problemática cuando las interacciones no generan los resultados esperados o empieza a desanimar a un usuario. Por ejemplo, si un postulante desempleado ve el post de un par que celebra su ascenso u obtención de un trabajo, puede llevar al postulante desempleado a cuestionar su propia trayectoria, intensificando una sensación de fracaso.

La consultora Vinculación, en su estudio sobre empresas IPSA, muestra que el 62% de los altos directivos de grandes empresas en Chile interactúan activamente en LinkedIn. Este dato puede alimentar expectativas poco realistas en los usuarios comunes, quienes podrían asumir que un simple “like” a un gerente aumentará significativamente sus posibilidades de obtener empleo. Aunque estas interacciones pueden ser útiles, también pueden fomentar una dinámica de dependencia emocional hacia el reconocimiento en la plataforma. El experto en innovación Tadashi Takaoka señala que LinkedIn fomenta un tipo de comportamiento que busca destacar únicamente mediante títulos y cargos importantes, lo que refuerza la idea de que el valor profesional de una persona está vinculado exclusivamente a su posición laboral. Este enfoque estrecho puede ser especialmente dañino para quienes están desempleados, pues acentúa la percepción de que no tienen nada valioso que ofrecer.

Takaoka también critica el uso extendido de plantillas y narrativas repetitivas en LinkedIn, que convierten las publicaciones en microensayos que buscan impresionar, pero carecen de autenticidad. Estas publicaciones, muchas veces diseñadas para maximizar la interacción, contribuyen a una experiencia que él compara con “comida chatarra”, proporcionando una satisfacción superficial pero dejando una sensación de vacío a largo plazo. Sin embargo, Takaoka ofrece una perspectiva alternativa: en lugar de enfocarse en títulos o cargos, los usuarios de LinkedIn pueden destacarse compartiendo aprendizajes o experiencias únicas. Este enfoque reduce la presión de aparentar éxito, y ayuda a construir una presencia más auténtica y significativa en la plataforma.

Todos estos efectos no disminuyen la capacidad de LinkedIn de ser el puente entre postulantes y empleadores. Estos problemas son consecuencia de una forma instalada de uso de las redes, que tiende a relaciones personales y demostración de éxito parcial y poco tienen que ver con construir perfiles profesionales de personas que abordan de diferente manera sus estudios, especializaciones y profesiones y que son la base de una riqueza diversa y necesaria en el mundo laboral de hoy. 

La presidencia de Carey también destaca por ser parte de una gestión compartida, algo inédito en la historia de la IBA. Junto con el italiano Claudio Visco, socio principal del bufete Lipani, Carey dividirá el mandato de dos años: liderará la asociación en 2025, mientras que Visco asumirá en 2026. Esta estructura colaborativa refleja la filosofía de la asociación: fomentar el trabajo conjunto, el intercambio de ideas y la cooperación internacional entre profesionales del derecho. En palabras de ambos presidentes, “la presidencia conjunta asegura orden, coordinación y continuidad, alineada con los principios fundacionales de la organización”.

La elección de Carey tiene un significado especial para América Latina, debido a que su liderazgo podría inspirar a más abogados latinoamericanos a involucrarse activamente en la IBA, enriqueciendo el debate internacional con perspectivas únicas y diversas. En su declaración oficial, Carey manifestó su intención de aumentar la visibilidad de América Latina en la comunidad jurídica internacional y de crear más oportunidades de interacción entre juristas de diferentes jurisdicciones. También señaló que desea fortalecer la presencia de la IBA en regiones como África y Asia, promoviendo un enfoque verdaderamente global y diverso.

Otro aspecto destacable de la presidencia de Carey es su enfoque en los derechos humanos y el Estado de Derecho. En colaboración con Visco, el chileno trabajará para reforzar la visión de los fundadores de la IBA, que busca promover y defender estos principios fundamentales en un entorno de cooperación global.

La significancia de que un chileno asuma la presidencia de la IBA también reside en el simbolismo de esta elección. Representa un reconocimiento al creciente protagonismo de América Latina en el ámbito jurídico internacional y refuerza la idea de que las soluciones globales requieren la participación activa de todas las regiones del mundo. Asimismo, pone de relieve el talento y la capacidad de los abogados latinoamericanos para liderar debates complejos y contribuir al desarrollo del derecho a nivel global.

La estructura de liderazgo compartido también ofrece una oportunidad única para que la IBA experimente con nuevas formas de organización y gobernanza. La colaboración entre Carey y Visco podría servir como un modelo para otras instituciones internacionales, demostrando que el liderazgo compartido puede ser efectivo para abordar los desafíos contemporáneos con una perspectiva más inclusiva y cooperativa.

El primer día del nuevo año se marca como hito en la historia del Derecho latinoamericano con el nombramiento de Jaime Carey como presidente de una asociación con tal historia y prestigio y que guía el quehacer de esta profesión.

El Decano de la Facultad de Derecho, Pablo Ruiz-Tagle, enfatizó la importancia de abordar estas debilidades. Según sus declaraciones, la institución está comprometida con una formación integral que priorice la excelencia académica, la ética profesional y la responsabilidad social. Este enfoque es fundamental para formar abogados que sean competentes técnicamente, conscientes de su papel como agentes de cambio y defensores de los derechos fundamentales. Sin embargo, el camino hacia un control ético más robusto requiere una colaboración estrecha entre instituciones académicas, organismos reguladores y el gremio jurídico en general.

La relación entre la ética y la excelencia académica también fue destacada en los resultados de la encuesta. La excelencia académica fue identificada como la principal fortaleza de la Facultad de Derecho, mencionada por el 23% de los encuestados, seguida por el pluralismo (22%) y el servicio público (16%). No obstante, también se reconoció la necesidad de fortalecer la formación ética, lo que refleja una comprensión clara de que ambos aspectos están interrelacionados. Una formación académica de excelencia no puede considerarse completa sin un componente ético sólido que prepare a los estudiantes para abordar los desafíos morales inherentes a la profesión.

Y mantenerla es también un trabajo constante, ya que como dice el proverbio: “una buena reputación toma años para construirse, y se destruye en un momento”, lo que en Derecho es especialmente cierto ya que su ejercicio involucra muchas situaciones difíciles e incluso moralmente desafiantes. Tal y como dice Horacio, hay que mantener un vaso limpio, para poder transmitir y demostrar los valores que permiten manejar con confianza pública y privada, los problemas que tan directamente afectan a las personas, como lo son los legales.

Los abogados son conocidos por ser carismáticos, por ser analíticos, por estar profundamente comprometidos con la defensa, la justicia y el cumplimiento de la ley, participan en trabajos pro bono, ofreciendo servicios legales gratuitos a quienes no pueden costearlo, por contribuir al servicio comunitario y a la educación legal, entre otros. Por mucho que esta encuesta presente las preocupaciones de estudiantes y académicos, también muestra cómo los futuros abogados valoran la ética de su profesión no sólo como una obligación profesional sino como compromiso con los valores que sustentan nuestra sociedad.