Relacionadas con la falta de 8 horas diarias de descanso, están sin duda las conocidas enfermedades psicológicas relacionadas con el estrés crónico. Las causas del estrés en esta profesión son numerosas: largas horas de trabajo, la presión por ganar casos, la necesidad constante de estar actualizado con los cambios y avances legales, y la naturaleza adversarial del ejercicio de la profesión. Aunque a menudo se considera un compañero silencioso e inofensivo, el estrés puede tener consecuencias graves si no se maneja adecuadamente. Cuando se acumula sin un adecuado canal de desahogo, puede llevar al desarrollo de problemas de salud mental serios, como la depresión, el síndrome del burnout y la ansiedad. Al resultado de este debilitamiento del cuerpo y mente, se asocian además problemas como la hipertensión, problemas digestivos, etc., con el consecuente ciclo de desgaste personal y profesional, el que puede evitarse con una sana desconexión de al menos 8 horas diarias.

También existen problemas que no están relacionados necesariamente con la presión pero que derivan de la alta exigencia y cantidad de horas de trabajo de escritorio, para lo que las 8 horas libres son cruciales. Pasar largas horas sentado frente a un computador o a textos, puede tener un impacto negativo en la salud musculoesquelética. Los abogados a menudo sufren de dolores de espalda, cuello, y muñecas. El dolor lumbar es una queja común debido a mala postura y la falta de actividad física y problemas como el síndrome del túnel carpiano también son prevalentes debido al uso constante del teclado y el mouse. Es especialmente relevante adecuar los instrumentos, sillas y escritorios para poder evitarlos. 

Otros problemas físicos relacionados, tales como la miopía, muchas veces derivan de las largas horas que pasan frente a las pantallas de computadoras y dispositivos electrónicos. La exposición prolongada a ellos puede causar fatiga visual, sequedad ocular, dolores de cabeza y visión borrosa. La miopía, en particular, puede desarrollarse o agravarse debido al enfoque continuo en objetos cercanos, clásicos en el ejercicio de la abogacía. Es por esto que 8 horas dedicadas a actividades recreativas como por ejemplo hobbies, deportes y tiempo con familia y amigos, ayudan a prevenir este tipo de enfermedades laborales si se cuida realizar actividades que no fuercen el mismo tipo de posturas y/o uso de sentidos.

E incluso dentro de las 8 horas dedicadas al trabajo hay que hacer un ejercicio de autocuidado, ya que la enorme presión a la que están sometidos en general los abogados en el ejercicio de su profesión genera muchos problemas médicos, siendo probablemente los más conocidos, los relacionados con los problemas cardiovasculares. El estrés prolongado provoca la liberación continua de hormonas como el cortisol y la adrenalina, que elevan la presión arterial y aceleran el ritmo cardíaco. Este estado de “alerta constante” desgasta el sistema cardiovascular con el tiempo, contribuyendo a la rigidez arterial y aumentando la probabilidad de arteriosclerosis. La hipertensión, que a menudo se desarrolla sin síntomas evidentes, es una metafórica bomba de tiempo silenciosa que incrementa significativamente el riesgo de infartos de miocardio y accidentes cerebrovasculares.

El 8-8-8 parece entonces una tarea de autocuidado, que podría jugar un papel crucial en el desarrollo equilibrado de una vida profesional y personal. Incorporar hábitos saludables como el ejercicio regular, una dieta balanceada y dedicar tiempo de calidad a actividades fuera del trabajo es esencial para mantener un buen estado físico y mental que también permitirá a los abogados ejercer su profesión de manera más efectiva y sostenible a largo plazo. Debería ser una tarea para todo hombre y mujer profesional contemporáneos, el tratar de resguardar este equilibrio y cuidar su salud física y mental. Y quien sabe cuidarse, sabe cuidar a los demás y representarlos y cuidarlos de mejor manera.

No fue un proceso rápido ni estable. Hasta el día de hoy se siguen agregando más deportes y más reglas en cada iteración de los Juegos Olímpicos. En la segunda edición de los nuevos Juegos en 1900, fue la primera vez que las mujeres pudieron participar activamente. Más tarde se añadieron herramientas a la competencia para mantener un juicio justo, como divisiones entre peso de competidores, cámaras de video para verificar posibles faltas y cronómetros eléctricos y todo tipo de sensores.

Pero fue a partir de la década de 1960 cuando los Juegos Olímpicos enfrentaron uno de sus mayores desafíos legales: el dopaje. El acto ilegal de mejorar artificialmente el rendimiento de un atleta mediante el uso de sustancias ha sido uno de los mayores retos para este evento internacional. Desde 1960, cuando se comenzaron a implementar pruebas para asegurar que los competidores no tuvieran sustancias prohibidas en su cuerpo y crear castigos si las tenían, hasta 1999, cuando la Agencia Mundial Antidopaje, una organización creada por el COI, fue establecida para promover, coordinar y monitorear la lucha contra las drogas en el deporte, haciéndolo a través de la investigación científica, la educación, el desarrollo de capacidades antidopaje y la supervisión del Código Mundial Antidopaje.

Y luego está el impacto que los Juegos Olímpicos han tenido en la política. Temas notables como la igualdad racial y los derechos de los atletas LGBTQ+ han sido un desafío constante para este evento internacional a lo largo de las décadas. En 1964, el COI prohibió la participación de Sudáfrica en los Juegos debido a su política de segregación del apartheid. No sería hasta 1992, cuando el sistema fue completamente abolido, que a Sudáfrica se le permitió competir nuevamente.
Por otro lado, los derechos de los atletas LGBTQ+ han sido un desafío complejo para el evento. Aunque no había políticas que prohibieran oficialmente a personas de otras tendencias sexuales competir, aún estaba cargado de estigma. Las personas que se identificaban como LGBTQ+ a menudo enfrentaban una discriminación social e institucional significativa, lo que hacía difícil para ellas ser abiertas sobre sus identidades mientras competían en el escenario mundial. No sería hasta 1992, cuando Tom Waddell, un atleta abiertamente gay que compite en los Juegos Olímpicos de 1964, fundó los Gay Games, un evento deportivo y cultural internacional destinado a promover la inclusión y romper barreras para los atletas LGBTQ+, que se dio un primer paso significativo hacia la aceptación de los derechos de las personas LGBTQ+ en el deporte. Incluso con este evento, tomó hasta el año 2014 para que el COI enmendara oficialmente la Carta Olímpica para prohibir explícitamente la discriminación basada en la orientación sexual. Los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 marcaron un hito histórico en la inclusión LGBTQ+, ya que los Juegos contaron con el mayor número de atletas abiertamente no heterosexuales, que hayan competido.

El desarrollo de las reglas de lo que una vez fue un ritual para el Rey de los Dioses griego, convertido en un evento deportivo internacional, es, en muchos aspectos, un microcosmos del desarrollo de la sociedad. Cada uno de los ejemplos que hemos visto de los cambios en las reglas de los Juegos Olímpicos ha tenido profundos efectos en el desarrollo de la sociedad: inclusión igualitaria de las mujeres, avanzar en tecnología relacionada, luchar contra el abuso de drogas, contra el racismo sistémico, apoyar los derechos de las personas LGBTQ+, y más. Todas estas reglas pueden parecer como sólo para que los JJ.OO. sean más justos, pero afectan y representan un desarrollo sociológico paralelo, siendo reflejo claro de la sociedad en que se desarrollan

Todos estos motivos son naturales para cualquier estudiante de derecho o profesional, pero el estudio de Alessandri Abogados, denotó cambios fundamentales entre los abogados y las abogadas en las condiciones laborales que quieren de sus trabajos. Muchas abogadas se enfocan en tres condiciones que no están dispuestas a negociar. La primera de estas condiciones es un buen ambiente laboral, el segundo factor la igualdad de oportunidades, responsabilidades y pago entre mujeres y hombres dentro de una firma, y la tercera exigencia es la preocupación por la salud física y mental de los trabajadores. Un 98% de las encuestadas destacaron  estos tres elementos como muy motivantes y estaban dispuestas a abandonar beneficios como el reconocimiento social o la oportunidad de aprender y utilizar nuevas herramientas y tecnologías para asegurarse de que esas tres condiciones se cumplan.

Son estas tres condiciones las que denotan el problema, que de acuerdo con este estudio se releva: 

El hecho de que las abogadas no sienten que son tratadas en forma igualitaria en las firmas de prestigio. De hecho las tres condiciones que relevan, hacen notar esta diferencia en el trato entre abogados y abogadas. Según el 69% de las encuestadas, ya es muy difícil ingresar a trabajar a estudios prestigiosos e incluso si lo hacen, en el ambiente de trabajo normalmente trabajan más hombres que mujeres (y por lo tanto el ambiente está “masculinizado”), lo que lleva a muchas profesionales a simplemente no postular a estudios en los que normalmente cualquier abogada querría trabajar.

Según los autores del estudio, Loreto Cornejo, Rodrigo Lufí y Morinka Saenz “hay una discordancia entre lo que las encuestadas buscan o aspiran en el ámbito laboral versus la percepción de la realidad que tienen de los estudios de abogados como lugar de trabajo”. Esta discordancia junto con los hallazgos que hacen de sus futuras posibilidades, que sólo un 18% de las abogadas actuales ocupan cargos de responsabilidad dentro de estudios jurídicos, solo empeora la brecha entre las mujeres y los hombres en el ambiente laboral.

La “masculinización”, como dice el estudio, de la profesión legal ha causado un ciclo vicioso entre las expectativas de las estudiantes y profesionales mujeres, las realidades profesionales y la brecha entre lo que se espera y se le permite a las abogadas en el ejercicio profesional. La paridad conseguida en el estudio legal, es destacable, pero debe llevarse al ejercicio del Derecho y a las oportunidades que se les da a las mujeres. Para que la igualdad ante la Ley permita a todo talento desarrollarse en el ejercicio profesional.

Las razones por las que se conmemora esta fecha en diferentes partes del mundo, varían, pero siempre se relacionan con problemas de derechos humanos, abusos de instituciones y situaciones culturales, que llevan a personas a ser tratadas injustamente.

Uno de estos casos es el de Afganistán. En este país las mujeres sufren enormes restricciones en aspectos importantes de su vida. Esto afecta fuertemente a las profesionales de ese país, incluyendo a abogadas como Shabnam Nasimi, quien recibe amenazas y ataques contra su persona debido a su trabajo para desarrollar los derechos de las mujeres y su promoción de una justicia equitativa en su país.

En Latinoamérica, también ha habido casos notorios, como el caso del fiscal César Suárez en Ecuador, a quien le dispararon el 17 de enero del 2024 a plena luz de día, debido a su investigación por la corrupción en el sistema judicial y el gobierno, Un caso de homicidio que se sigue investigando y ha causado gran preocupación en la población del país.

Este año 2024, este día se conmemoró con especial dedicación a Irán, país que ha hecho noticia mundialmente por el problema de las mujeres y el trato que se les impone. Las protestas causadas por el aniversario de la muerte de Mahsa Amini, una joven iraní detenida por llevar mal puesto su velo y quién murió bajo custodia policial, se ha convertido en una de las fuentes de oposición al régimen islámico en Irán lo que ha causado innumerables detenciones, muertos y heridos e incluso ejecuciones públicas, además de sentencias a castigos desproporcionados. El año 2025, hay una serie de lugares en un mundo y situación convulsionada como la que estamos viviendo, al que podría ser dedicado…

Muchos abogados han declarado su apoyo a las protestas y como consecuencia han sufrido las secuelas de su compromiso. Como ejemplo de estos casos está el de Saleh Nikbakht, abogado de la familia de Mahsa Amini, quien a pesar de su avanzada edad de 73 años fue condenado a un año de cárcel y dos años sin ningún acceso a redes sociales por hablar contra el sistema y sobre del juicio de la joven iraní en dichas redes sociales. 

Parte de la obligación disciplinar es estar al tanto de este tipo de problemas para salvaguardar que no ocurran en aquellos países en que la justicia es un baluarte independiente y fuerte. Además de tener presente y en toda medida posible visibilizar a todos los profesionales que ejercen el Derecho en estas condiciones, poniendo en riesgo su integridad y vida, por hacer prevalecer esta carrera y la defensa de los valores de la justicia, igualdad y derechos en el mundo.

El agotamiento, por ejemplo, es un problema común entre los abogados y puede ser particularmente problemático para el desarrollo de la vida y las relaciones personales. El agotamiento puede ser físico, emocional y/o mental, y es generalmente causado por la exposición prolongada al estrés, cuando hablamos de él en forma crónica. El agotamiento y la desconexión asociados pueden afectar la capacidad para relacionarse en forma personal y participar en actividades con sus seres queridos. Pueden encontrar difícil estar presentes y atentos con quienes les son más importantes, lo que lleva a relaciones tensas y sentimientos de culpa y frustración.

La falta de comunicación y la ausencia de apoyo emocional pueden generar tensiones y conflictos, lo que a su vez puede aumentar el estrés y la insatisfacción personal. Los abogados a menudo tratan con casos complejos y cargados emocionalmente, como la defensa penal, disputas de derecho familiar y reclamaciones por lesiones personales. Estos casos pueden ser emocionalmente agotadores, ya que los abogados deben navegar por los problemas y experiencias de sus clientes manteniendo una actitud profesional. Es inevitable que eventualmente los abogados que manejan este tipo de casos enfrenten reacciones emocionales a la variedad de crímenes, tragedias y otros actos, que pueden afectarlos personalmente, lo que muchas veces redunda en falta de comunicación con sus seres queridos, para evitar impactar negativamente la vida de quienes los rodean con problemas complejos de su trabajo y evitar llevarlos a su vida personal.

Y ese, por encima de todo, es el problema: la falta de interacción personal, debido a la sobrecarga. Por naturaleza somos criaturas sociales y buscamos compañía, ya sea amistosa, romántica, familiar u otra, para conectarnos con los demás. Si el trabajo de un abogado, o cualquier profesional, no les permite tener tiempo para su desarrollo personal, entonces se encontrarán de repente sin la capacidad de lidiar con el estrés e incluso el trauma, y eso puede llevar a situaciones difíciles. Es importante que todos los profesionales establezcan límites entre su vida personal y su entorno laboral. Pero si sus responsabilidades se vuelven demasiado urgentes, es igualmente importante que establezcan espacios donde puedan comunicarse, ya sea que lo hagan con sus familias, con amigos, con compañeros de trabajo o con profesionales de salud mental, depende de cada individuo.

En la sociedad actual, donde la productividad y el rendimiento son altamente valorados, muchos profesionales se enfrentan a un problema creciente: la falta de tiempo para dedicar a su vida personal y familiar. Este fenómeno, que se ha intensificado con el avance de la tecnología y la cultura del trabajo constante, puede tener consecuencias significativas en la salud mental y emocional de los individuos, así como en sus relaciones interpersonales. El equilibrio entre la vida laboral y las relaciones personales puede ser un desafío difícil, pero es importante gestionarlo, por el bien de cada uno y quienes lo rodean e incluso por el trabajo que se alimenta de esas experiencias y desconexiones tan necesarias.

Debido al movimiento #MeToo se ha creado una gran conciencia sobre el problema del abuso de poder en el lugar de trabajo, lo que ha llevado no sólo a parar y castigar situaciones como esas, sino que a la promulgación de muchas leyes para darles marco legal, desde la perspectiva del individuo. En esa misma línea el Gobierno chileno implementará la Ley N°21.643, también conocida como la Ley Karin, nombrada en honor a Karin Salgado, quien se suicidó producto de este tipo de abuso. Esta ley dará un nuevo marco de apoyo y protección a personas que sufren acoso laboral en Chile y pretende prevenir este tipo de situaciones en mayor medida, introduciendo una serie de cambios.

Aborda la prevención, investigación y sanción de la violencia y abuso a personas en su empleo. Una de sus principales exigencias es la existencia de protocolos en todo lugar de trabajo, no importando tamaño ni número de empleados, sobre el tema. Estos protocolos deben dar pautas y mecanismos claros que permitan la identificación de riesgos, la capacitación continua a los trabajadores, procedimientos de denuncia y procesos de investigación que sean imparciales, confidenciales y se realicen con celeridad.

La ley protege los derechos de los denunciantes, exigiendo procedimientos de protección a las víctimas y atención oportuna en ámbitos legales, psicológicos y otros necesarios para enfrentar un proceso de buena manera.

Por otro lado da seguridad a los denunciados, garantizando un debido proceso, justo con capacidad de presentar su versión y defenderse en forma adecuada y por supuesto y en coherencia con la ley general, debe considerarse inocente hasta que se pruebe lo contrario.

En este plano y en cuanto a su puesta en marcha, Claudio Reyes, subsecretario de Previsión Social, afirma que la razón por la cual tanto el denunciante como la persona denunciada no son anónimos es para prevenir el abuso de esta ley y evitar las denuncias falsas, advirtiendo que: “Si alguien quiere presentar una denuncia con el único propósito de causar daño, también será objeto de sanción”.

El cambio de foco de derechos laborales grupales que afectan a cada persona,  al de abordar casos netamente individuales y únicos con impactos genéricos, es un gran paso en pos del bienestar de cada uno de los empleados, como lo está haciendo la Ley Karin, que aborda la protección con este punto de vista. Es por lo mismo un gran cambio en la cultura de las relaciones laborales y amplía el rango y abanico de casos y situaciones, lo que será un cambio también para los abogados laboralistas que los abordan. Pero todo cambio importante conlleva este tipo de incertezas y los profesionales de la ley, trabajadores y empleadores, deben colaborar para que sea un éxito en pos de un ambiente laboral más seguro, garante de la dignidad individual y libre de acoso y violencia.

Pero, ¿cuáles son estas expectativas? Según Óscar Fernández León, Decano del Ilustre Colegio de Abogados de Sevilla, hay varios elementos que se esperan de un juez para que la relación entre ellos y los abogados funcione eficientemente:

La primera y más importante expectativa para un juez es que esté informado, se espera que cada juez esté bien informado sobre los casos que lleva, para tener una imagen lo más completa posible de las circunstancias y posibles complicaciones del caso, lo que también significa que son capaces de resolver cualquier trámite procesal establecido de manera imparcial.

La segunda expectativa de un juez es su atención, manteniendo una actitud de atención plena y escucha activa durante la intervención de los letrados, para que puedan intervenir de manera asertiva cuando los abogados o los fiscales están mal usando argumentos, desviándose de su argumento o en cualquier otro caso que pueda inclinar injustamente la conclusión a favor de uno u otro a través de métodos ilícitos.

Y finalmente, la tercera expectativa, según Óscar Fernández León, es su actitud. Se espera que un juez sea firme en la sala del tribunal, para mantener la autoridad y asegurar que todos los procedimientos se realicen correctamente, pero también se espera que coordine y se comunique con los letrados de manera cordial y respetuosa para promover un procedimiento paciente y racional incluso en circunstancias estresantes.

Estos tres factores clave son necesarios para mantener una relación eficiente con los diversos abogados con los que los jueces interactúan en un juicio tras otro e incluso día a día. Se espera que cada abogado, independientemente de si es el defensor o el fiscal, descubra todas las pruebas y argumentos posibles para obtener el resultado que desean, por lo que algunos abogados utilizarán cualquier estrategia que sientan que pueden salirse con la suya, lo que significa que la necesidad de la intervención del juez es muy importante.

Estar bien informado, mantener tanto su atención como una actitud paciente y diligente frente a miles de juicios no es poca cosa para pedir a alguien, puede que sea imposible, pero en esta era de constante exposición e información abierta, es importante que el juez, el tercer y imparcial actor, se destaque como el intermediario para asegurar que se haga justicia.

La década de 1990 estuvo marcada por varios tratados clave que definirían la actitud futura hacia el manejo de las ADM, incluido el Tratado de Reducción de Armas Estratégicas (START I) en 1991, que redujo significativamente las armas ofensivas estratégicas entre los Estados Unidos y la Unión Soviética. Mientras tanto, las armas químicas serían oficialmente consideradas ilegales a través de la Convención sobre Armas Químicas de 1993, que prohibió el desarrollo, producción, adquisición, almacenamiento, retención, transferencia o uso de armas químicas y ordenó la destrucción de los arsenales existentes. Mientras tanto, comenzaron a formarse iniciativas tendientes al desarme, como el Tratado de Prohibición Completa de Pruebas Nucleares propuesto en 1996, que prohibía todos los ensayos nucleares con fines tanto civiles como militares. Aunque muchos países no lo han ratificado, y países como Rusia se han salido de este tratado, significó un paso importante de concientización internacional frente a las ADM.

Esto nos lleva al siglo XXI, en el que el compromiso global continuo para controlar y, en última instancia, eliminar las ADM (a través de una combinación de medidas de desarme, no proliferación y verificación), ha llevado a tratados y acuerdos internacionales, tales como el Tratado de Moscú, firmado en 2002 entre los Estados Unidos y Rusia para reducir sus ojivas nucleares estratégicas almacenadas. 

Otra de estas iniciativas es la Convención Internacional para la Supresión de Actos de Terrorismo Nuclear, adoptada en 2005, para prevenir el terrorismo nuclear y mejorar la cooperación internacional contra esta amenaza. El Tratado de Reducción de Armas Estratégicas (Nuevo START) en 2010, para reducir aún más la cantidad de bombas nucleares estratégicas y sistemas de lanzamiento, y el Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares, adoptado por las Naciones Unidas en 2017, que representa el primer acuerdo internacional legalmente vinculante para prohibir de manera integral las armas nucleares con el objetivo de llevar hacia su eliminación total.

Estos marcos legales internacionales, son fundamentales para establecer normas  claras y efectivas en el control de armas de destrucción masiva. Ayudan a concientizar sobre sus peligros, prevenir conflictos, reducir riesgos de proliferación, proteger contra amenazas terroristas y promover la estabilidad internacional a través del desarme y la no proliferación. En esta época post pandémica, de una llamada por algunos, segunda guerra fría, y con tantos conflictos internacionales, la labor de los abogados de Derecho Internacional en esta tarea es especialmente crítica.

Nadie olvidará jamás el día en que Hiroshima y Nagasaki fueron bombardeadas y el horror que se vivió durante y después del lanzamiento de las bombas atómicas. Y el peligro de repetir ese desastre sigue latente. Es, a través de la ley y la comprensión de las consecuencias del mal uso de las ADM que se puede lograr la eliminación de estas armas a través del desarme y la no proliferación, y prevenir al menos esa forma de fin del mundo.

Las leyes electorales, definidas por la rama del Derecho electoral, norman el sistema electoral de cada Estado. Esto puede incluir sistemas como el voto mayoritario simple, la representación proporcional, el voto indirecto o preferencial, la distribución de escaños y representación, entre otros.   

También regulan quién tiene derecho a votar y los requisitos para registrarse como votante. Estas leyes pueden incluir requisitos de edad, residencia, ciudadanía y otros criterios que determinan la elegibilidad para participar en las elecciones. Asimismo regula los requisitos para los candidatos, condiciones para ser elegible y derechos y deberes con que cuentan durante esas candidaturas.

Además protegen el derecho al voto libre e informado, garantizando el derecho al voto de los ciudadanos y protegiendo contra la discriminación o la intimidación electoral, lo que puede incluir medidas para asegurar la privacidad del voto, la accesibilidad para personas con discapacidades y la prevención del fraude electoral.

Se encargan de la regulación de campañas y financiamiento político, regulando ingresos y egresos de las campañas políticas, los límites de gastos, la transparencia en el financiamiento y la publicidad electoral. Estas regulaciones buscan garantizar la equidad entre los candidatos y partidos y prevenir la influencia indebida del dinero y poderes de algún sector en la política.

Por último son las responsables de establecer procedimientos para la resolución de disputas electorales, incluyendo la revisión de resultados, el manejo de quejas y la celebración de nuevas elecciones en caso de irregularidades graves o empates técnicos.

Los sistemas de votación y cómo se norman son una parte basal de nuestra democracia. La Revolución Francesa en 1792 partió quitando el poder al rey y entregando el voto al pueblo, sin ley ni regulación sino sólo por derecho. El hecho de no tener un marco regulatorio claro permitió a Napoleón Bonaparte volver a establecer un poder absoluto, con él como emperador, destruyendo la primera república francesa, de la época moderna.

Así de importante y estructural es esta relación entre el sistema político amplio y su regulación. Lo que partió en la antigua Grecia como un sistema de organización netamente político-social, hoy es intrínsecamente legal también y es crucial que los abogados que se especializan en esta área tengan claridad sobre lo que sus conciudadanos consideran como sistema representativo, equitativo y justo y las leyes y Constitución que lo rigen.