Son tiempos difíciles en cuanto a conflictos internacionales se refiere. Ver imágenes de la guerra en diferentes partes del mundo, es angustioso y aberrante. Civiles, mujeres, niños y miles de inocentes afectados por situaciones inhumanas de violencia y sufrimiento. La historia de la humanidad está marcada por conflictos y guerras y con el fin de proteger de alguna manera a estas víctimas civiles de conflictos bélicos y limitar la brutalidad intrínseca de la guerra, la comunidad internacional ha desarrollado un cuerpo de leyes y normas conocido como el Derecho Internacional Humanitario (DIH).

El DIH tiene sus raíces en el siglo XIX, un período de creciente conciencia sobre el sufrimiento humano en tiempos de guerra, aunque su base refiere a normas éticas y morales, que se aplicaron en situaciones de guerra desde la antigüedad. El trabajo de figuras como Henry Dunant y Gustave Moynier, cofundadores del Comité Internacional de la Cruz Roja, condujo a la firma de los Convenios de Ginebra en 1864. Estos convenios establecieron las bases para el DIH y se centraron en la atención y el trato humano de los heridos en el campo de batalla.

Los Convenios de Ginebra de 1949 y sus Protocolos Adicionales del año 1977 y que refieren a temas complementarios como son los tratados sobre armas químicas o minas antipersonales definen los fundamentos que establecen el DIH. Además, los tribunales internacionales, como la Corte Penal Internacional (CPI), son responsables de enjuiciar a individuos acusados de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. El DIH, entonces resguarda los derechos de civiles que sufren las situaciones de una guerra y limitan los métodos que se aplican en su desarrollo a través de los siguientes principios: 

El derecho medioambiental en el siglo XXI ha adquirido una importancia significativa para las empresas, naciones y abogados que las representan. La creciente conciencia pública sobre los problemas medioambientales, combinada con regulaciones más estrictas, ha llevado a un aumento en los litigios relacionados. La sociedad y todos quienes la componen, han adquirido cada vez más conciencia de problemas como el cambio climático con sequías,  inundaciones y consecuente escasez de alimento, contaminación en todo tipo de planos, etc. y la regulación al respecto así como las posibles demandas, multas y castigos, tanto públicos como legales, por daños ambientales y por incumplimiento de normativas, se han transformado en parte fundamental a la hora de tomar decisiones. 

Por lo mismo, para cualquier proyecto o desarrollo, se requiere asesoramiento legal especializado para no incurrir en faltas, y sumarse a la defensa del medio ambiente. Para países y organizaciones internacionales la ayuda de abogados para lidiar con situaciones delicadas en lo que se refiere a la compleja relación entre crecimiento económico y medioambiental, se ha vuelto indispensable.

Y es el Derecho Medioambiental la rama disciplinar que se especializa en el sistema de normas jurídicas que regulan las relaciones de las personas con la naturaleza, con el propósito de preservar y proteger el medio ambiente, o realizar acciones tendientes a remediar afectaciones, en cualquiera de sus ámbitos. Esta área legal tiene una injerencia cada vez más profunda en la toma de decisiones en la protección del medio ambiente, en especial en dos aspectos: La del crecimiento y desarrollo económico y la de la política, con la formulación de leyes y reglamentos.

En primer lugar, el derecho medioambiental establece el marco normativo que rige la explotación de recursos naturales y la mitigación de los impactos ambientales. Las leyes y regulaciones ambientales definen cómo las empresas pueden utilizar recursos como el agua, el suelo, los bosques y el aire, y establecen límites para las emisiones de contaminantes y la gestión de residuos. Estas normativas son esenciales para prevenir la degradación ambiental y proteger los ecosistemas, lo que, a su vez, garantiza la disponibilidad continua de recursos naturales para las generaciones futuras. En términos económicos, esto se traduce en una gestión más eficiente de los recursos y la prevención de costos adicionales relacionados con la restauración de entornos degradados.

En cuanto al desarrollo económico, en especial vinculado con el mundo de las empresas, el cumplimiento de las normativas ambientales se ha vuelto cada vez más complejo debido a las regulaciones cambiantes y al aumento de supervisión por parte de las autoridades. En este punto los abogados desempeñan un papel crucial al mantenerse actualizados en estas leyes y regulaciones, asesorando a las compañías para asegurar que cumplan con las normativas y evitando problemas de impacto medioambiental en la implementación, funcionamiento y desarrollo de negocios y empresas. Además los abogados especializados en derecho medioambiental apoyan el desarrollo de políticas y prácticas que fomenten la responsabilidad social corporativa y la sostenibilidad, apoyando oportunidades en tecnologías verdes y energías renovables, con la negociación de contratos y acuerdos. Como resultado de este marco normativo, muchas empresas están incentivadas a invertir en investigación y desarrollo para encontrar formas más eficientes y ecológicas de operar. Este proceso conduce a la creación de empleos en sectores relacionados con la tecnología verde y puede fomentar el crecimiento económico a largo plazo.

La relación entre el ejercicio profesional de los artistas y los abogados no puede ser más distinta, pensando en que los primeros son netamente creativos y siempre rompen paradigmas, versus que por otro lados los abogados basan su destreza en el uso innovador y en un conocimiento profundo de reglamentos y leyes y juegan dentro de esa “cancha rayada”. Aun así, la relación entre el mundo del arte y las leyes tiene una larga data y se ha desarrollado a lo largo de la historia de la humanidad, evolucionando con el tiempo. No hay un punto específico de la historia en el que esta relación se haya generado de manera definitiva, ya que ha sido un proceso gradual, en que se han ido estableciendo lazos cada vez más cercanos y necesarios, los que, con la digitalización contemporánea y el surgimiento de la Inteligencia Artificial, ya son completamente indispensables.
En las civilizaciones antiguas como la griega y la romana, había leyes que trataban sobre la propiedad y la posesión de obras de arte. Por ejemplo, en la antigua Roma, había leyes que regulaban la propiedad y la protección de estatuas y monumentos públicos. En las rutas comerciales de la antigüedad, se aplicaban regulaciones para el comercio de obras de arte, antigüedades y bienes culturales. Estas regulaciones abordaban cuestiones como los impuestos y los aranceles relacionados con la importación y exportación de objetos artísticos.
Durante la Edad Media, surgieron gremios de artistas y artesanos que establecían normas y regulaciones para el ejercicio de sus oficios. Estas organizaciones tenían la autoridad para supervisar la calidad del trabajo, establecer tarifas y resolver disputas entre miembros. Además, se utilizaban contratos escritos para encargar obras a artistas. Estos contratos a menudo especificaban detalles como el tema, el tamaño y el precio de la obra, y podían contener disposiciones sobre plazos y calidad.
En el siglo XV, durante el Renacimiento, el mundo del arte experimentó un resurgimiento en la creación y apreciación de obras maestras. Sin embargo, la falta de regulación llevó a la proliferación de copias y falsificaciones. Los artistas y los coleccionistas comenzaron a presionar para que se promulgaran leyes que protegieran sus derechos de autor y establecieran estándares de autenticidad. En 1492, en Florencia, Italia, se promulgó la “Ley de Autenticidad Artística”, que requería la certificación de expertos para confirmar la autoría de las obras de arte y castigaba a los falsificadores.
Durante el siglo XIX, la Revolución Industrial transformó la producción y el comercio de obras de arte. El aumento de la demanda y la proliferación de galerías de arte llevaron a la necesidad de regulaciones más sólidas. En 1870, Francia adoptó la “Ley de Exportación de Obras de Arte”, que requería la aprobación gubernamental para la exportación de obras de arte valiosas con el fin de preservar el patrimonio cultural del país.

El auge del comercio electrónico (e-commerce) ha transformado la forma en que las empresas realizan transacciones e interactúan con los consumidores. A medida que las transacciones en línea se vuelven más comunes también aumentan los desafíos legales y de ciberseguridad asociados. En este contexto, los abogados desempeñan un papel crucial en la protección de los intereses de las empresas y en la promoción de un entorno seguro para el comercio en línea, hasta el punto en que muchas oficinas han formado equipos, normalmente asociados con técnicos especialistas, dedicados a proteger el interés de los clientes ante situaciones de ciberseguridad.

Para controlar y evitar situaciones fraudulentas o de riesgo informático en el mundo virtual hay regulaciones, que varían de país en país, centradas en la tecnología y en las transacciones online. Ahí el trabajo de los abogados para proteger los intereses de sus clientes se desarrolla principalmente en dos grandes campos: el que lidia con la protección de información de individuos y empresas, y el que vela por la seguridad de negocios y transacciones.

1. Ciberseguridad y prevención de violación de datos: La ciberseguridad es una preocupación crítica en el e-commerce, ya que las brechas de seguridad pueden resultar en la pérdida de datos confidenciales, daño en reputación tanto de personas como de empresas y en ataques de hackers. Los abogados pueden ayudar a desarrollar políticas de seguridad de datos sólidas y a preparar para responder adecuadamente a las violaciones de seguridad, incluyendo responsabilidades como:

• Asesoramiento legal: Los abogados especializados en ciberseguridad asesoran a las empresas sobre las leyes y regulaciones relevantes, ayudándoles a comprender sus obligaciones legales y a implementar medidas de seguridad adecuadas.
• Gestión de incidentes: En caso de una violación de datos, ayudan a las empresas a gestionar la situación, cumpliendo con las leyes de notificación obligatoria y guiándolos a través del proceso legal.
• Litigios: En situaciones donde la violación de datos lleva a litigios, representan en tribunales, defendiendo derechos y responsabilidades legales.
• Cumplimiento de reglamentos de protección de datos: Asisten en su cumplimiento, que incluye la designación de oficiales de protección de datos, la realización de evaluaciones de impacto, y la implementación de medidas de seguridad adecuadas.
• Políticas de privacidad: Ayudan en la redacción y revisión de políticas de privacidad que cumplan con los estándares de cada país y/o los internacionales más relevantes.
• Transferencias internacionales de datos: Asisten en la transferencia legal y segura de datos personales entre países.

“¿Juran Uds por su honor cumplir bien y fielmente la Constitución y las leyes de la República, así como los deberes que les impone el ejercicio de la profesión de abogado, ajustando su conducta a las reglas de lealtad y buena fe y a las propias de la dignidad de la Justicia?” Esta es la pregunta que se le hace a todos los abogados chilenos en la ceremonia de juramento en la Corte Suprema, es el compromiso que deben realizar antes de que sean reconocidos como profesionales de este ámbito. Todos los países tienen su propia versión de este juramento pero todos piden que los futuros profesionales hagan una promesa, y adquieran un consecuente deber profesional y ético con sus clientes. 

Confianza e integridad son tan importantes como la destreza y capacidad al momento de que los clientes elijan a sus abogados, pues deben no sólo saber que pueden realizar el trabajo, sino ganarse la confianza para poder representar libremente al patrocinado. El juramento de los abogados es una tradición arraigada en la mayoría de los sistemas legales del mundo. Es un acto en el que el nuevo abogado se compromete solemnemente a seguir ciertos principios éticos y a ejercer su profesión de manera responsable. Aunque los detalles del juramento pueden variar según la jurisdicción, en general, los abogados se comprometen a:

1. Deber de conocer y especializarse: Antes de siquiera aceptar un trabajo o no, un abogado tiene la responsabilidad ética de investigar el caso, que es lo que necesita el cliente y sí el conocimiento que tiene esta adecuado para apoyar a las necesidades del cliente, además, el abogado debe tener conocimiento del patrocinado para determinar si la causa es justa y, sí esto es así, como probar que este es el caso. Sí un abogado no se especializa en lo que pide el cliente, no tiene la manera o el tiempo para conseguir la información requerida para presentar un caso, o simplemente no conoce lo suficiente del tema tiene la responsabilidad de rechazar el trabajo.
2. Defender la Constitución y la Ley: El juramento de abogados generalmente incluye un compromiso de defender la Constitución y las leyes de su país. Esto significa que los abogados deben respetar y acatar las normas legales, incluso si no están de acuerdo con ellas personalmente.
3. Actuar con celeridad y responsabilidad: Una vez que el caso sea aceptado, es el deber del abogado especificar las fechas y horarios en los que se van a juntar con el cliente y llegar a un acuerdo de los honorarios. Sí llegara a haber una necesidad de reunirse inesperadamente debido a eventos extraordinarios, los abogados deben informar a los clientes previamente para  llegar a un acuerdo acerca de los honorarios. Sí no es posible avisarle de antemano un abogado aun tiene la responsabilidad de reunirse con el cliente, incluso sí no han llegado a un acuerdo, para respetar el siguiente deber.