Por otro lado, crea varios desafíos para los abogados de propiedad intelectual, tales como las infracciones automatizadas. La automatización impulsada por la IA ha dado lugar a métodos cada vez más sofisticados de infracción de derechos de autor. bots y algoritmos pueden replicar obras protegidas de manera rápida y eficiente, con cambios pequeños y analizados que permiten saltarse los derechos de autor,  planteando desafíos en la identificación y persecución de infractores. El mejor ejemplo es la reciente demanda presentada por The New York Times contra Open AI y Microsoft por uso de contenido con derecho de autor. Casos como al arte creado por la Inteligencia Artificial u otras creaciones intelectuales, como por ejemplo libros, creados específicamente a través de estos dispositivos, todos basados en obras de autores ya publicadas, crean un área gris que es difícil de definir. Si una obra de arte fue creada utilizando la Inteligencia Artificial a partir de información y conocimientos de otros, que le fueron programadas, ¿a quién le pertenece la idea? Es fácil decir que a las fuentes originales, pero queda la duda con respecto a cómo los investigadores o creadores construyen sus descubrimientos y nuevas ideas. ¿No es en base a conocimientos y descubrimientos anteriores? ¿No se dice que no es necesario inventar la rueda cada vez? ¿No creamos como humanos en base a conocimientos ajenos, por lo que la máquina está repitiendo nuestro mismo mecanismo en forma más eficiente y rápida?

La persona que presentó el concepto original, o conocimiento base de una nueva idea entonces ¿merece créditos o beneficios de los derechos de autor sí no creó la obra nueva por su propia cuenta? Y si la obra le pertenece a la herramienta ¿Esto significa que la obra es considerada parte del dominio público? O ¿le pertenece al creador de la herramienta?

Actualmente no hay una ley internacional que regule estas interrogantes por lo que los abogados dedicados al tema, están muchas veces a la deriva y a su propia capacidad de innovación y creatividad, cuando enfrentan estos dilemas. Deben contemplar leyes locales y regulaciones internacionales para en forma creativa solucionar los problemas legales asociados con estas tecnologías. Responsabilidades como el asesoramiento de la ética profesional y legal del uso de la IA, que exige de los abogados estar preparados para ofrecer asesoramiento sobre la ética en el desarrollo y uso de la IA en el ámbito de derechos de autor, cada vez con más aristas y sin legislación definida. Esto implica considerar aspectos como la transparencia en algoritmos y la responsabilidad en casos de mala conducta algorítmica, todos aspectos nuevos y muy cambiantes en el desarrollo de la ley .

Otro aspecto de permanente cambio y adaptación es sin duda la protección contra las falsificaciones digitales, dado que las innovaciones en tecnologías permiten imitar a personas, voces y estilos, pero hacen los cambios que se requieran para “saltarse” la propiedad intelectual de un nuevo producto,  bajo el riesgo de que cualquier persona o plataforma pueda apropiarse de información y creación personal y la use para, profitar e incluso para cometer acciones ilegales o contrarias a los intereses de quienes establecieron sus bases.

Para todos los que han visto la película Jurassic Park, nunca tuvieron más sentido las palabras de Jeff Goldblum en su personaje de Ian Malcom: “estaban tan preocupados en si podían hacerlo que no se cuestionaron si debían hacerlo…”

El derecho y sus profesionales en esa encrucijada juegan un rol principal y fundamental.

El segundo desafío que plantearon quienes respondieron la encuesta, fue la sobrecarga y atraso de los sistemas judiciales, a raíz de la pandemia del COVID19. El 42% de los abogados afirma que su principal reto es esta sobrecarga. Esta pandemia provocó retrasos y mayor lentitud en el proceso de casos, según muchos participantes. “Los tribunales estatales y federales están sobrecargados y faltos de personal”, escribió un encuestado. 

Este problema es una realidad en la mayoría de los países del mundo, los que enfrentados a la pandemia, se vieron obligados a cambiar la tramitación presencial de casos a una virtualidad casi absoluta. Esta necesidad producida por el encierro forzado llegó sin un marco legal, ni capacitación o sistemas, que la soportara y normará, y tuvo que hacerse como consecuencia de la emergencia, con todas las dificultades y retrasos que aún producen efectos importantes en el desarrollo y solución de casos legales.

Por último, la encuesta puso de manifiesto que los abogados siguen de cerca el impacto que la inteligencia artificial (IA), puede tener en su trabajo, aunque por ahora la mayoría no cree que esta nueva tecnología llegue a reemplazar el trabajo de los abogados. El 38% de los encuestados dice que hasta el 10% de sus tareas podrían ser realizadas por la IA y sólo el 23% cree que la IA será capaz de hacer el 30% o más de sus tareas.

Algunos encuestados, sin embargo, se mostraron entusiasmados con la integración de la IA en sus puestos de trabajo, sugiriendo incluso que podría ayudar a compensar personal calificado que muchas veces no encuentran. “La IA va a revolucionar el ejercicio de la abogacía”, escribió un abogado. “Puede reemplazar trabajo tedioso y permitirá a los abogados utilizar su ancho de banda para asuntos más creativos y especializados”.

Abordar estos desafíos implica una combinación de legislación, regulación, educación continua y adaptabilidad en el sistema legal, para garantizar que siga siendo efectivo y justo en un mundo que evoluciona rápidamente. Escenarios que hasta hace 10 años se consideraban ciencia ficción (trabajo y juicios virtuales, inteligencia artificial haciendo parte del trabajo, etc.) se han convertido en una realidad que involucra el desarrollo de nuevas habilidades blandas y disciplinares para los abogados, por lo que estar al día de estos problemas y desafíos parece más importante que nunca.

Este ejemplo es parte de una concientización y legislación cada vez más fuerte alrededor de todo el mundo. Comités de Ética revisan todos los procedimientos científicos para asegurarse de que sigan el principio de las Tres Rs. En el ámbito internacional diversas organizaciones han abogado por la protección de los derechos de los animales. La Declaración Universal de los Derechos de los Animales de la UNESCO, adoptada en 1978, establece principios básicos para el tratamiento ético de los animales. Además, la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES) y la Convención Europea para la Protección de Animales de Compañía son ejemplos de esfuerzos globales para garantizar su bienestar. Además existen leyes como el Animal Welfare Act en Estados Unidos que establece estándares para el cuidado y uso de animales en la investigación y regula las condiciones de transporte y venta de animales, o la Directiva de la Unión Europea sobre Protección de Animales Utilizados con Fines Científicos la cual establece normas para el uso de animales en la investigación científica en la Unión Europea. En Chile, durante el 2021 se aprobó un proyecto de ley que prohíbe la experimentación en animales con fines cosméticos, debido al hecho comprobado de que poseen un sistema nervioso central y por lo tanto son capaces de sentir dolor. Por esto, no deben ser sometidos a ningún tipo de experimentación como las que se realizaban en esta industria, ya que algunas de estas pruebas tienen el riesgo de causar dolor, dañar o envenenar al animal.

La aparición de derechos legales específicos para ciertos animales, como los grandes simios, señala un cambio gradual hacia una comprensión más profunda de las necesidades y derechos individuales de diversas especies. Fue necesario que Dian Fossey perdiera la vida a manos de los traficantes de orangutanes en Ruanda para la toma de conciencia sobre esa especie en particular. Pero la relación es con todas las especies y el marco regulatorio sólo será posible de implementar en la medida en que el ser humano conozca sus límites y los respete.

Por otro lado, la convivencia entre diferentes personas o grupos de personas siempre ha sido compleja y supone una serie de conflictos que sólo un marco legal claro puede solucionar. La necesidad de leyes como la Ley de Copropiedad Inmobiliaria 21.442, recientemente actualizada por el Senado de Chile, son una demostración de esta complejidad y de que, en un ámbito tan privado y personal como la vivienda no se puede prescindir de un marco que norme la convivencia porque lo único seguro es que conflictos se van a producir. Temas como la obligación de pago de gastos comunes, así como también los gastos derivados del uso de servicios particulares de cada unidad, o que los administradores remunerados de condominios tengan requisitos específicos como en el caso mencionado una  licenciatura de enseñanza media y un curso de capacitación en el área de administración de condominios aprobados, son temas que no pueden dejarse a la posibilidad de un acuerdo entre vecinos, y en caso de problema necesitan sin duda la intervención de abogados y jueces que puedan dirimir su solución.

Críticos y altamente controversiales son los casos legales relacionados con contratos de arrendamiento. Siempre es un riesgo realizar un contrato con personas que no sean conocidas para quien arrienda, haciendo necesario tener contratos redactados de manera clara y específica para evitar malentendidos o abusos de cualquiera de las partes. Los problemas de alquiler pueden incluir el incumplimiento del contrato, desalojos, reparaciones a daños causados a las propiedades y retención de depósitos de seguridad entre otros. Es importante asegurarse de que un abogado dedicado a este ámbito revise el contrato, las estipulaciones y las leyes locales para asegurarse de que todo sea justo, que las partes lo entiendan y cumplan y que en caso contrario se pueda hacer cumplir….

Las consecuencias de lo contrario pueden llegar a ser muy complejas, tanto que a principio de este año, el Senado de Chile aprobó una nueva ley que refuerza la propiedad privada en específico para los bienes raíces: la Ley de Usurpaciones, que define como crimen penal la estadía no autorizada o en situación de incumplimiento de contrato, de un individuo en una propiedad ajena y el derecho del propietario a usar la fuerza para desalojar. Tema controversial, y que al llegar a la Cámara de Diputados, generó veto de los artículos de la ley, que permitían a los propietarios usar fuerza contra arrendatarios en forma particular, a favor de mayor cantidad de castigos y de mayores facultades para jueces y policías contra dichos ocupantes ilegales, una vez que son denunciados. Sin embargo la controversia se mantiene, porque muchos argumentan que esto deja a los propietarios sin la capacidad de defenderse sin la intervención de las autoridades y profesionales y los tiempos y dineros consecuentemente asociados.

Entre más somos y más diversos, en un planeta que no crece, mayores las complejidades, eso es un hecho. La claridad jurídica sólo se hace más importante, no sólo en la redacción de leyes y normas sino en la capacidad de hacer llegar ese marco a cada uno de los habitantes de las ciudades, en forma lo más clara y completa posible. Un desafío complejo y con enormes afectaciones personales.

Otra medida muy importante es el apoyo al consentimiento informado, al que todo paciente tiene derecho en un tratamiento médico y el adecuado acceso a ese. En momentos críticos ese derecho individual se somete al bienestar general y entran en rigor, leyes y normas especiales, que permiten estrategias coordinadas globales para dar respuesta oportuna en el marco de una pandemia o crisis sanitaria.

Todos pudimos ser testigos del freno a la pandemia que puso la vacunación masiva en el caso del COVID, pero esta medida también ha generado considerable controversia, entre el conflicto de la vacunación obligatoria y los derechos individuales de quienes se oponen a esta medida. La vacunación obligatoria es un tema de debate para algunos, y los abogados juegan un papel central en su regulación. Trabajan en la creación y revisión de leyes relacionadas con este proceso, asegurándose de que estén fundamentadas en la protección de la salud pública y respeten los derechos individuales tanto como sea posible. Las leyes en este contexto otorgan a las autoridades la capacidad para exigir la vacunación en determinadas circunstancias, con el objetivo de proteger la salud pública y frenar la propagación de enfermedades infecciosas. Este balance delicado entre los casos de quienes tienen razones por las cuales no pueden/quieren vacunarse y la prevalencia del bien común debe revisarse y renovarse en todo momento para poder establecer un sistema equilibrado y justo.

Además los abogados trabajan en la elaboración y aplicación de leyes que regulan las decisiones médicas, como las directivas anticipadas y la toma de decisiones en situaciones de incapacidad. Estas leyes proporcionan un marco legal para garantizar que las decisiones médicas respeten la autonomía y los deseos de los individuos, incluso en circunstancias difíciles y críticas, a las que es importante anticiparse, tal y como nos mostró la pandemia.

Por otro lado, la pandemia produjo la introducción y desarrollo de la telemedicina. Este tipo de atención médica en línea ha experimentado un crecimiento significativo a partir de ese momento, trayendo consigo beneficios, rapidez de respuesta e incluso acceso en lugares remotos o carentes de especialistas, pero también una serie de interrogantes y variaciones en procesos. lo que plantea preocupaciones en las que normas y regulaciones claras son imprescindibles, incluyendo la regulación de temas de confidencialidad, responsabilidad médica y prácticas en línea,  para asegurar que la telemedicina cumpla con los mismos estándares de calidad, éticos y legales que la medicina presencial.

El manejo de crisis sanitarias se encuentra firmemente arraigado en un marco legal que guía el delicado balance entre la respuesta de las autoridades en pro del bien común y la protección de los derechos individuales. Estas leyes son dinámicas y evolucionan para hacer frente a toda amenaza para la salud pública. Pandemias como las del COVID-19 nos mostraron su relevancia en salvar vidas y proteger a la sociedad. En un mundo, tan globalizado como el actual y  donde una pandemia o crisis sanitaria es imposible de evitar aunque se origine en un país tan lejano a nuestro continente como lo es China, el desafío está en el estudio y revisión permanente des estas leyes y regulaciones, que permitan enfrentar cualquier nueva crisis, incluso previendo y enfrentando situaciones nuevas con las enseñanzas que nos dejó el enfrentar una pandemia global con extensiones y afectaciones nunca antes vistas. En última instancia, este vínculo entre la ley y la salud pública refleja el compromiso de las sociedades de salvaguardar la salud colectiva en momentos de emergencia.