Este 1 de enero del 2025 se ha hecho historia en el ámbito legal latinoamericano, ya que por primera vez, en los 80 años de la organización, Jaime Carey, presidente ejecutivo de Carey Abogados, fue nombrado como el presidente de la Asociación Internacional de Abogados (IBA, por sus siglas en inglés). Este logro representa un reconocimiento al talento y liderazgo jurídico de Chile, y una gran oportunidad para dar visibilidad a las prioridades y desafíos de América Latina en el escenario global. 

Es importante para todo abogado chileno y latinoamericano entender lo que significa este éxito para el país, dada la importancia de la IBA, una de las organizaciones más importantes en el ámbito del derecho a nivel mundial. Fundada en 1947, poco después del final de la Segunda Guerra Mundial, su propósito principal ha sido el de promover el Estado de Derecho, la defensa de los derechos humanos y la cooperación entre profesionales del derecho en diferentes jurisdicciones en el mundo. A lo largo de sus casi ocho décadas de existencia, la IBA ha consolidado una red que incluye a más de 80,000 abogados y aproximadamente 190 asociaciones y colegios de abogados en más de 170 países.

La asociación desempeña un papel fundamental en la unificación de criterios legales y en el fomento de la cooperación internacional en cuestiones jurídicas, ayudando a enfrentar los desafíos globales con un enfoque colaborativo. Desde su fundación, ha trabajado activamente en la promoción de los derechos humanos, la modernización de los sistemas judiciales y el fortalecimiento de la ética profesional, consolidándose como una institución indispensable para la profesión legal.

Además, facilita la conexión entre profesionales del derecho de todo el mundo, promoviendo la colaboración en asuntos legales internacionales y el intercambio de conocimientos. Destaca como una plataforma clave para el desarrollo profesional, ofreciendo capacitaciones, seminarios y conferencias sobre temas legales contemporáneos y emergentes, permitiendo a los abogados mantenerse actualizados en un entorno legal en constante evolución. Su labor en áreas como la lucha contra la corrupción, el fortalecimiento de la ética profesional y la promoción de la justicia global la convierte en un referente esencial para el progreso del derecho a nivel global.

En este contexto de prestigio y relevancia, la elección del chileno Jaime Carey como presidente de la IBA marca un hito histórico. Carey es el primer chileno en liderar esta organización, y su mandato coincide con una época de cambios y retos globales en el ámbito del derecho. Carey cuenta con una larga trayectoria dentro de la asociación, habiendo ocupado cargos clave como el de presidente del Foro Regional Latinoamericano. Esta experiencia le ha permitido adquirir una visión amplia y estratégica de los desafíos que enfrenta la comunidad jurídica a nivel global.

“La conciencia es como un vaso, si no está limpio ensuciará todo lo que se eche en él” (Horacio, poeta romano, Siglo I a.C.)

La ética desempeña un papel crucial en la profesión legal, funcionando como la base que sostiene la integridad, la justicia y la confianza en el sistema jurídico. Es por ello que su importancia no puede ser subestimada. Probablemente es una de las pocas profesiones en que hay Códigos de Ética que regulan normas de comportamiento de los abogados en todos los países y uno internacional, establecido por la International Bar Association: los “Principios Internacionales de Conducta para la Profesión Jurídica de la IBA”. Es un documento que establece principios éticos comunes para todos los abogados en el mundo, incluyendo temas de honestidad, integridad, confidencialidad, conflictos de intereses, intereses de clientes, honorarios, entre otros.

La ética es entonces un compromiso constante y fundamental para esta profesión, uno que se enseña desde la universidad y, como una reciente encuesta realizada por la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile pone en manifiesto, la formación ética tiene una alta valoración entre estudiantes, egresados y académicos dentro de la carrera de Derecho, lo que subraya su papel indispensable en el desarrollo de futuros profesionales.

Uno de los aspectos más relevantes que muestra la encuesta es que un 98% de los participantes considera “muy necesaria” la formación ética para los abogados, cifra que asciende al 99% entre los egresados. Este consenso refleja un reconocimiento colectivo de que la ética es un componente esencial en la educación jurídica. No se trata solo de proporcionar conocimientos técnicos y habilidades legales, sino de formar profesionales capaces de tomar decisiones responsables en un entorno marcado por dilemas morales y conflictos de intereses. La ética, en este sentido, actúa como un puente entre el conocimiento jurídico y la práctica profesional, garantizando que los abogados están preparados para enfrentar situaciones complejas con integridad y sensibilidad hacia las necesidades de la sociedad.

Sin embargo, la encuesta también destaca una preocupación significativa sobre el estado del control ético en la profesión. Un 91% de los encuestados opina que este control está “poco resguardado” en Chile, lo que plantea serios desafíos para la regulación y supervisión de la conducta profesional. Este dato es particularmente alarmante, ya que pone en evidencia una brecha entre la formación ética y su aplicación en la práctica diaria. La ausencia de mecanismos efectivos para garantizar el cumplimiento de los principios éticos afecta la reputación de la profesión, y deteriora la confianza del público en el sistema de justicia.

En un mundo en constante cambio, donde las leyes, regulaciones y tecnologías evolucionan a un ritmo acelerado, la educación continua se ha convertido en un pilar fundamental para los abogados que desean mantenerse relevantes y competitivos en su campo. La práctica del derecho exige un profundo conocimiento de la ley y la capacidad de adaptarse a nuevas realidades y desafíos a una velocidad cada vez mayor.

Y para esto la educación continua, antiguamente una realidad para los académicos y profesionales que necesitaban especializarse en ámbitos específicos, es una herramienta cada vez más necesaria.  Más aún debido a la naturaleza competitiva de esta profesión donde cualquier abogado sabe que, camarón que se duerme se lo lleva la corriente, como se dice popularmente.

Uno de los aspectos más relevantes de la educación continua es la adaptación a las nuevas tecnologías. En la actualidad, las herramientas digitales han transformado la forma en que se realiza la práctica legal. Desde la gestión de documentos hasta la investigación jurídica, los abogados deben estar familiarizados con software y plataformas que optimizan su trabajo. La formación constante les permite entender cómo utilizar estas herramientas de manera eficiente, y comprender las implicaciones legales de su uso, como la protección de datos y la privacidad, temas que están cobrando cada vez más relevancia en el ámbito jurídico.

Además, fomenta el desarrollo de habilidades interpersonales y de gestión que son cruciales para el éxito en el campo legal. La capacidad de comunicación efectiva, la negociación y la empatía son habilidades que se pueden perfeccionar a través de cursos y talleres. 

Otro factor importante es la especialización. El mercado laboral actual demanda cada vez más abogados que tengan conocimientos específicos en áreas como derecho ambiental, derecho tecnológico, propiedad intelectual, entre otros. La educación continua permite a los profesionales profundizar en estas áreas, haciéndolos más atractivos para los empleadores y clientes. Un abogado especializado no solo es capaz de ofrecer un servicio más completo y de calidad, sino que también puede posicionarse como un referente en su campo, lo que a su vez puede abrirle puertas a nuevas oportunidades laborales y de negocio.

Mantenerse en este campo laboral tan competitivo requiere atención y actualización por parte de los profesionales, y la educación continua permite a los abogados actualizar sus conocimientos disciplinares y adquirir habilidades adicionales que son cada vez más valoradas en la práctica legal.