En la cultura laboral actual se tiende a valorar la productividad y el rendimiento sobre el bienestar mental y emocional. Esto es especialmente significativo en el ámbito de los abogados debido a lo competitivo de esta profesión. Los abogados son conocidos por enfrentarse a una serie de desafíos y presiones en su trabajo diario. Desde largas horas de trabajo hasta la gestión de casos complejos y la interacción con clientes, la profesión legal puede ser extremadamente estresante. En medio de estas demandas, la salud mental de los profesionales puede verse comprometida si no se aborda adecuadamente. Es por esto que es fundamental reconocer que cualquier persona debe siempre enfrentar desafíos emocionales y mentales relacionados con los diferentes aspectos de su vida, y que es crucial buscar y recibir el apoyo necesario cuando así se requiera. 

Una parte importante de este proceso de lograr el tan anhelado equilibrio se basa en reconocer las señales que alertan sobre un deterioro, ya sea por un evento traumático, por eventos estresantes reiterados o por algún otro motivo. Saber cómo distinguir estos síntomas puede ser complejo, ya que muchos de estos son invisibles para quienes nos rodean y requieren de la comunicación por parte de quienes las padecen.

Los problemas de sueño son una de las primeras señales de que un profesional puede necesitar apoyo. El sueño es uno de los momentos de descanso más importantes en las actividades del día a día y es vital para tener la energía necesaria para mantenerse activo y una persona que empieza a sufrir de síntomas como insomnio probablemente está sometido a altos niveles de estrés y ansiedad, que evitan desconectarse de los eventos del día. Este es un problema muchas veces relacionado con cargas laborales intensas.

Otra señal importante a tener en cuenta es el nivel de ansiedad que una persona sufre en su rutina diaria, personal y laboral. Un individuo naturalmente tiene un cierto nivel de ansiedad ante elementos  y situaciones de responsabilidad y solución de problemas. Sin embargo, sí una persona empieza a sentir niveles excesivos de ansiedad ante situaciones que enfrenta diariamente, esto puede significar necesidad de apoyo con un problema más profundo o que el estrés de la rutina los está superando.

La motivación es vital para una persona, ya sea en el ámbito laboral o fuera de este. Si una persona  empieza a sentir una falta de motivación ante metas, hobbies u otros que solían apasionarlo, es posible que deba ayudar psicológicamente. Por supuesto el hecho de que un hobby pierda este efecto motivante con el tiempo es absolutamente normal pero sí una persona se encuentra con poca motivación para hacer muchas o incluso todas las cosas que solían interesarlos indica un problema y/o un estrés más profundo.

No es exageración decir que vivimos en una era de información masiva. Toda persona capaz de leer y escribir tiene la oportunidad de acceder a más datos de los que va a poder usar en su vida, siempre y cuando tenga una conexión a internet. 

Sin embargo este acceso ilimitado a información al que estamos tan acostumbrados es un arma de doble filo. Hay un amplio debate en varios ámbitos sobre cuánta información debería estar disponible para el escrutinio público, especialmente cuando se filtra y publica información personal y/o que a partir de un individuo afecta a otras personas, que no tienen poder de parar la publicación que les afecta directamente. Y una vez publicada, por el vasto alcance de los medios digitales, no hay forma de parar una propagación masiva.

Este debate es muy controversial en el ámbito jurídico, ya que el sistema judicial es parte de la columna vertebral de cualquier sociedad democrática. Su función de garantizar justicia, equidad y el cumplimiento de la ley, evidentemente necesita de información sobre los involucrados en una investigación, pero el manejo de esa información debe mantener un balance cuidadoso entre lo que es necesario y lo que no y en especial qué tan reservado es su manejo y el acceso masivo a ella.

Por un lado, la transparencia en el sistema judicial es esencial para promover la rendición de cuentas, fomentar la confianza pública y garantizar un proceso judicial justo y equitativo. La información relacionada con casos judiciales, como los procedimientos legales y las decisiones de los tribunales, generalmente se considera información pública y debe estar disponible para escrutinio. Aunque originalmente los juicios eran un evento mucho menos público y en muchos sistemas se realizaban con escritos y no en sala, lo que llevaba a que de información general sólo fuera el veredicto, reformas como la Reforma Procesal Penal en Chile implementaron el cambio que permite al público ser testigos de los argumentos y evidencias que se usan para llegar a ese veredicto.

El argumento detrás de estas reformas es que la transparencia es fundamental para combatir la corrupción y el abuso de poder en cualquier sistema judicial. Sin embargo, lo que estas reformas no pudieron prever fue la velocidad con la que las comunicaciones se desarrollarían, incluyendo a los medios digitales, que son capaces de transmitir la historia a todo el mundo, y las redes sociales, que comunican instantáneamente información, muchas veces parcial o descrita en forma sesgada. Esto arriesga que cientos de miles de personas sepan no sólo los argumentos usados para llegar a una conclusión fundamentada sino acerca de detalles personales que incluyan a terceros o situaciones privadas que nunca debieron ser parte del dominio público.

El mundo contemporáneo se caracteriza por una red compleja de relaciones internacionales entre Estados soberanos. Y en este marco las embajadas juegan un papel crucial como representantes diplomáticos de un Estado en otros países. Uno de los aspectos más importantes para las relaciones entre estos países es la realidad de que las embajadas no son territorio del país en el que se encuentran. Son reconocidas como parte del territorio del país que representan, dentro del país que recibe sus cartas credenciales. Se aplica ahí el concepto de extraterritorialidad, concepto jurídico reconocido en el Derecho Internacional que establece que un edificio o terreno se considera parte de un país extranjero, funcionando como una extensión del país propietario. Esto se aplica, por ejemplo, en casos de embajadas o consulados.

Pocos casos hay, en que este principio basal de la ley internacional, haya sido objeto de violación a sus fundamentos. Uno de los más recordados es el de la crisis de los rehenes norteamericanos en Irán, donde el 4 de noviembre de 1979, un grupo de aproximadamente 500 estudiantes iraníes partidarios de la revolución islamista rodeó la embajada estadounidense en ese país, tomando a 52 norteamericanos como rehenes, por un período de 444 días.

Así es también el caso que ocurrió en Ecuador la noche de este viernes 5 de abril, cuando el presidente del país Daniel Noboa organizó y ejecutó un asalto a la embajada de México en la ciudad de Quito para capturar al ex vicepresidente Jorge Glas, perseguido por casos de corrupción y asilado en esa embajada. La policía ecuatoriana no sólo se llevó al ex-político sino que también asaltó a uno de los diplomáticos mexicanos que trató de impedir la violación del espacio consular.

Este acto, sin importar los potenciales crímenes del ex vicepresidente, está teniendo enormes repercusiones para Ecuador en el ámbito de las leyes internacionales. La primera y más evidente consecuencia de este acto fue la suspensión de las relaciones diplomáticas con México y el anunció reciente de denuncia al país en la Corte Internacional de Justicia. Esto no sorprende ya que uno de los principios básicos del Derecho Internacional en relación con las embajadas es la inviolabilidad de su territorio. Este principio implica que el Estado anfitrión tiene la obligación de proteger la embajada y sus terrenos contra cualquier forma de intrusión o interferencia. 

Esta descripción nos lleva a lo que va a ser uno de los principales desafíos para Ecuador en el futuro como consecuencia de este acto: mantener la confianza de otros países con los que tiene relaciones diplomáticas. Invadir una embajada crea un precedente peligroso, generando la duda razonable por parte de otros países de que su territorio y su gente puede estar en peligro. Pues el principio de la soberanía de las embajadas no sólo protege los edificios y terrenos físicos, sino también a las personas que trabajan en ellos. Los diplomáticos y el personal de la embajada gozan de ciertos privilegios e inmunidades que los protegen de la jurisdicción del Estado anfitrión. Estas inmunidades están diseñadas para garantizar que puedan llevar a cabo sus funciones diplomáticas sin temor a represalias o persecuciones. Y Ecuador, debido a la violación de este principio, pierde la seguridad que los países que respetan el Derecho Internacional entregan como garantías a quienes mantienen con ellos relaciones diplomáticas. Ejemplo de este quiebre es el de Bolivia por ejemplo, que ha convocado a su embajadora en Ecuador después del ataque como demostración de solidaridad con México.

Uno no necesita saber mucho de las responsabilidades de los abogados para entender que es una profesión con muchas oportunidades pero también con consecuencias directas para muchas personas. Esto significa que el trabajo implícitamente conlleva mucho estrés ya que el ámbito de la abogacía demanda que cada profesional se mantenga calmado y racional ante situaciones difíciles y potencialmente traumáticas dependiendo del área en que se especialice. Es por esto que uno de los desafíos más constantes para cualquier persona en esta profesión es manejar su salud mental.

Mantener la salud mental ante tales circunstancias ya es un desafío pero los abogados con problemas en este ámbito tienen otro obstáculo que se debe considerar: el estigma asociado con expresarlo e incluso con sólo buscar ayuda profesional. Es esperado de todos los abogados que mantengan una actitud profesional y racional para lidiar con los problemas a los que se enfrenta el cliente y la competencia con otras oficinas y/o profesionales del área. Esto ha causado que se produzca un estigma alrededor del concepto de admitir que una persona necesita ayuda pues se ve como un signo de debilidad y de una consecuente falta de capacidad para ejercer bien la profesión.

Para entender la magnitud del problema la International Bar Association, una importante organización internacional con  más de 35 mil abogados y asociada con 197 colegios de abogados y asociaciones de Derecho en los seis continentes, publicó el año 2021 el informe Bienestar mental en la profesión jurídica: un estudio global, donde indicó varios problemas dentro de la profesión en términos de la salud mental:

• El 41% de los abogados encuestados declaró que no discutirá sus problemas de salud mental debido al hecho de que temen que impacte de forma negativa a su trabajo.
• Dentro de este 41% un 32.1% temen ser tratados de forma diferente después de admitir problemas, un 24,1% admiten que los empleadores no reconocen a sus problemas de salud mental como problemas, y el 17,2% temen que no van a creerles o no van a tomar sus problemas con la seriedad necesaria.
• 1 de cada 3 abogados entrevistados declararon que su ambiente laboral ha impactado de manera negativa o incluso extremadamente negativa a su salud mental.
• Y finalmente, aunque el 82% de las instituciones de abogados encuestados declaró que se tomaban los problemas de salud mental con la preocupación adecuada solo el 16% provee el entrenamiento necesario para reconocer y apoyar a sus empleados.

La intersección entre el Derecho y la industria cinematográfica es fascinante y compleja. En la pantalla grande, los abogados son representados en una amplia gama de roles que reflejan las percepciones sociales sobre la justicia, desafiándonos a reflexionar sobre nuestras propias creencias. Además, tras bambalinas, los abogados desempeñan funciones críticas, desde proteger la propiedad intelectual hasta negociar contratos y garantizar el cumplimiento legal en un entorno que permite que el arte cinematográfico prospere de manera segura y equitativa.

En cuanto a la representación de los abogados en el cine, el séptimo arte ha sido durante mucho tiempo un medio poderoso para explorar temas sociales, políticos y legales. Dentro de este vasto espectro temático, la figura del abogado y el sistema judicial han sido un tema recurrente que ha fascinado a directores y espectadores por igual, ofreciendo una ventana única para examinar la percepción pública del derecho y la justicia. A través de una variedad de películas, desde dramas judiciales hasta thrillers legales, se han representado diferentes aspectos de la profesión legal, destacando sus luces y sombras, sus triunfos y sus dilemas éticos.

El cine ha retratado a los abogados de diversas maneras, desde el noble defensor de la justicia hasta el manipulador sin escrúpulos. Películas como “Doce hombres en pugna” (1957), dirigida por Sidney Lumet, presenta el retrato de un abogado comprometido con la búsqueda de la verdad y la justicia, luchando contra prejuicios y presiones externas para garantizar un juicio justo. Por otro lado, películas como “El Padrino” (1972), dirigida por Francis Ford Coppola, presentan abogados que operan en los márgenes de la legalidad, utilizando su conocimiento del sistema para proteger intereses criminales.

El drama judicial, por otro lado, ha sido un subgénero popular en el cine, capturando la intriga y la tensión de los juicios legales. Películas como “Algunos hombres buenos” (1992), dirigida por Rob Reiner, exploran temas de ética y honor en el contexto de un juicio militar de alto perfil. Estas películas no sólo entretienen al público, sino que también generan reflexiones sobre el funcionamiento del sistema legal y la responsabilidad de los abogados en la búsqueda de la verdad.

Además de entretener, el cine también puede jugar un papel importante en la promoción del cambio social y la conciencia pública sobre cuestiones legales. Películas como “Philadelphia” (1993), dirigida por Jonathan Demme, ayudaron a humanizar la lucha contra la discriminación por VIH/SIDA y la discriminación en el lugar de trabajo. A través de la representación de abogados comprometidos con la defensa de los derechos civiles, estas películas inspiran empatía y acción entre el público.

Pero a pesar de su poder para influir en la opinión pública, el cine enfrenta desafíos en la representación precisa de la profesión legal. Las películas a menudo simplifican y dramatizan los procedimientos legales para mantener la atención del espectador, lo que puede distorsionar la realidad del sistema judicial. Además, la tendencia a retratar abogados como héroes o villanos puede perpetuar estereotipos y simplificaciones injustas.