El mundo contemporáneo se caracteriza por una red compleja de relaciones internacionales entre Estados soberanos. Y en este marco las embajadas juegan un papel crucial como representantes diplomáticos de un Estado en otros países. Uno de los aspectos más importantes para las relaciones entre estos países es la realidad de que las embajadas no son territorio del país en el que se encuentran. Son reconocidas como parte del territorio del país que representan, dentro del país que recibe sus cartas credenciales. Se aplica ahí el concepto de extraterritorialidad, concepto jurídico reconocido en el Derecho Internacional que establece que un edificio o terreno se considera parte de un país extranjero, funcionando como una extensión del país propietario. Esto se aplica, por ejemplo, en casos de embajadas o consulados.

Pocos casos hay, en que este principio basal de la ley internacional, haya sido objeto de violación a sus fundamentos. Uno de los más recordados es el de la crisis de los rehenes norteamericanos en Irán, donde el 4 de noviembre de 1979, un grupo de aproximadamente 500 estudiantes iraníes partidarios de la revolución islamista rodeó la embajada estadounidense en ese país, tomando a 52 norteamericanos como rehenes, por un período de 444 días.

Así es también el caso que ocurrió en Ecuador la noche de este viernes 5 de abril, cuando el presidente del país Daniel Noboa organizó y ejecutó un asalto a la embajada de México en la ciudad de Quito para capturar al ex vicepresidente Jorge Glas, perseguido por casos de corrupción y asilado en esa embajada. La policía ecuatoriana no sólo se llevó al ex-político sino que también asaltó a uno de los diplomáticos mexicanos que trató de impedir la violación del espacio consular.

Este acto, sin importar los potenciales crímenes del ex vicepresidente, está teniendo enormes repercusiones para Ecuador en el ámbito de las leyes internacionales. La primera y más evidente consecuencia de este acto fue la suspensión de las relaciones diplomáticas con México y el anunció reciente de denuncia al país en la Corte Internacional de Justicia. Esto no sorprende ya que uno de los principios básicos del Derecho Internacional en relación con las embajadas es la inviolabilidad de su territorio. Este principio implica que el Estado anfitrión tiene la obligación de proteger la embajada y sus terrenos contra cualquier forma de intrusión o interferencia. 

Esta descripción nos lleva a lo que va a ser uno de los principales desafíos para Ecuador en el futuro como consecuencia de este acto: mantener la confianza de otros países con los que tiene relaciones diplomáticas. Invadir una embajada crea un precedente peligroso, generando la duda razonable por parte de otros países de que su territorio y su gente puede estar en peligro. Pues el principio de la soberanía de las embajadas no sólo protege los edificios y terrenos físicos, sino también a las personas que trabajan en ellos. Los diplomáticos y el personal de la embajada gozan de ciertos privilegios e inmunidades que los protegen de la jurisdicción del Estado anfitrión. Estas inmunidades están diseñadas para garantizar que puedan llevar a cabo sus funciones diplomáticas sin temor a represalias o persecuciones. Y Ecuador, debido a la violación de este principio, pierde la seguridad que los países que respetan el Derecho Internacional entregan como garantías a quienes mantienen con ellos relaciones diplomáticas. Ejemplo de este quiebre es el de Bolivia por ejemplo, que ha convocado a su embajadora en Ecuador después del ataque como demostración de solidaridad con México.