Los problemas de salud física, o un muy mal estado físico, como dolores de cabeza, sedentarismo, problemas gastrointestinales u otros, también pueden ser una señal de que un profesional está experimentando problemas emocionales que necesitan ser abordados. El estrés crónico y otros problemas emocionales pueden manifestarse físicamente a través de una variedad de síntomas, y es importante no ignorar estas señales de advertencia e intentar cuidar tiempo y espacio para realizar actividad física.

Contrarias a estas señales que muchas veces pueden esconderse, en especial en entornos laborales, hay otra serie de síntomas que, normalmente, denotan cambios en la interacción con otros de una persona.

Sí una persona empieza a tener problemas con su círculo social, sus compañeros de trabajo y/o pareja y familia, esto puede ser señal de la necesidad de apoyo en el ámbito de la salud mental. Esto evidentemente no refiere a problemas puntuales o situacionales sino que a quien pasa a vivir en un estado de constante conflicto con quienes lo rodean experimentando descontrol o dificultad en las respuestas emocionales que solía tener. Esta dificultad para controlar las emociones es una de las señales más avanzadas de que uno necesita apoyo terapéutico. 

El sobreconsumo, en cualquiera de sus formas, llámese de sustancias, comida, alcohol u otro como mecanismo para hacer frente al estrés laboral o personal es una señal preocupante que indica necesidad de hacer una pausa y de alerta. El consumo excesivo de cualquier elemento para aliviar puntualmente situaciones de ansiedad y estrés puede ser una forma de escapar temporalmente de los problemas emocionales, pero a largo plazo solo empeora la situación y puede llevar a problemas de salud física y mental más graves.

La frase del poeta romano de entre el siglo I y II, Décimo Junio Juvenal, “Mens sana in Corpore sano” refería a una filosofía del equilibrio entre la salud física y mental, mutuamente beneficiosas, fiel reflejo de la filosofía imperante en el imperio romano en esa época. Con el pasar de los siglos, este equilibrio es cada vez más desafiante y complejo de conseguir. Pero eso no puede significar no abordar el problema e intentar solucionarlo. En especial en ambientes altamente estresantes como el del ejercicio legal. Es posible gestionar el estrés de manera efectiva y proteger la salud mental. Al priorizar el autocuidado, buscar apoyo cuando sea necesario y establecer límites saludables, los abogados pueden encontrar un equilibrio entre las demandas del trabajo y su bienestar personal y profesional.

Los abogados y los fiscales tienen una educación clara al respecto y un compromiso que les permite y obliga a mantener la confidencialidad a toda información sobre su cliente. Pero esta era de información inmediata y sin necesidad de ser confirmada, donde además las opiniones y posturas se expresan en forma libre e indiscriminada, plantea una nueva dificultad asociada al hecho de que un juicio sea público. Implica el riesgo de que una persona con un celular comparta datos en una red social y toda la información de los involucrados y mucha de personas relacionadas, sea investigada y juzgada de manera invasiva por miles de personas usando el anonimato de internet. Incluso sin importar la realidad de lo que haya sido el proceso judicial.

Es crucial proteger la privacidad y los datos personales de las partes involucradas en un juicio. La divulgación de información personal sensible, tales como la identidad de testigos, víctimas o acusados, puede tener graves consecuencias, como la victimización secundaria o el estigma social. Y en una sociedad donde el control sobre el acceso a la información, es cada vez más complejo, esa es una posibilidad cierta.

La cantidad de información que los individuos guardan o comparten a través de sus dispositivos, incluyen muchos aspectos de su vida como conversaciones personales, discusiones de política y/o creencias, y diálogos sobre negocios, entre otros. Entonces la fuente crítica de información vital para un juicio, es a su vez una fuente de mucha otra información, que afecta a diferentes personas muchas veces no involucradas en ese juicio. Información que está sujeta a los mismos riesgos de filtración o mal manejo, si cae en las manos equivocadas.

En el debate sobre la información pública y personal en el ámbito judicial es fundamental encontrar un equilibrio entre la transparencia y la privacidad. Cómo se puede implementar este equilibrio es un debate constante debido a que contrapone dos derechos fundamentales: el derecho a conocer eventos públicos y mantenerse informado y el derecho de mantener el control de tu información y vida privada. Como demuestra un artículo de la Revista Chilena de Derecho y Tecnología cada vez que un argumento centrado en el derecho de la privacidad intenta hacer un cambio en la manera en que se maneja el flujo de información transmitido en un juicio, inevitablemente su primer oponente va a ser un individuo argumentando que viola un principio del derecho del público a mantenerse informado.

Además, es importante promover la conciencia y la capacitación entre todos quienes tienen este acceso, sobre la importancia de proteger la privacidad de las partes involucradas en un caso judicial. Esto puede incluir la implementación de medidas de seguridad para proteger la información personal y la adopción de prácticas éticas en su manejo.

El debate sobre la información pública y personal en el ámbito judicial es complejo y multifacético. Si bien la transparencia es esencial para garantizar un sistema judicial justo y equitativo, también es fundamental proteger la privacidad y los datos personales de las partes involucradas en un caso judicial y en especial de terceros que sin estar directamente involucrados, puedan verse afectados por el acceso de otros a esa información.

El equilibrio entre la transparencia y la privacidad es cada vez más complicado, debido a esta concentración de tantos diversos aspectos de la vida de una persona en una misma fuente, como son los dispositivos electrónicos. Promover el enfoque equilibrado y ético en el manejo de la información es por lo mismo cada vez más necesario y urgente.

Otro ámbito que violó esta intromisión y que traerá consecuencias en el ámbito del derecho penal es la autoridad de las fuerzas policiales en suelo extranjero. Las policías y fuerzas del orden de cualquier país tienen restricciones severas en lo que se refiere a investigar casos en jurisdicciones que no son las propias y mucho más en otros países. Es por esto que existen organizaciones como INTERPOL, cuyo accionar regulado traspasa fronteras. 

Las acciones cometidas por la fuerza policial durante el arresto de Jorge Glas rompen leyes y acuerdos, incluyendo el hecho de un arresto ejecutado por Ecuador en terreno extranjero, aún cuando el gobierno ecuatoriano revocara el asilo diplomático otorgado al ex vicepresidente, alegando motivos de seguridad y violaciones a las normas de asilo. 

La importancia de estos principios de relaciones internacionales son básicas para los vínculos entre naciones y su quiebre y violación tienen el potencial de provocar consecuencias legales y diplomáticas. Las tensiones generadas por el incidente, son evidentes y públicas y ambos países deberán manejar la situación de manera prudente y acorde con los estándares internacionales para evitar conflictos mayores.

De hecho, las repercusiones son incluso internas, debido a la conciencia de líderes públicos dentro de Ecuador.  Personalidades, como Viviana Veloz, vicepresidenta del Poder Legislativo, Gabriela Sommerfeld Rosero, ministra de Relaciones Exteriores, Mónica Palencia ministra de Relaciones Interiores y Giancarlos Loffredo ministro de Defensa, han formado un bloque de oposición contra el presidente Noboa lo que ha causado caos dentro del Estado de Ecuador.

El Derecho Internacional fue creado para establecer un marco legal que rige las relaciones entre los Estados y otros actores internacionales. Sus objetivos principales son promover la paz y la seguridad mundial, fomentar la cooperación y la colaboración entre países, y proteger los derechos y libertades fundamentales de las personas. Además, busca facilitar el comercio y las relaciones económicas internacionales, regular los conflictos armados y sus consecuencias, así como promover el respeto y la observancia de los tratados y acuerdos internacionales. En general, el Derecho Internacional sirve como un conjunto de normas y principios que orientan y regulan la conducta de los actores internacionales en sus interacciones entre sí. Es por esto que las personas y/o Estados que rompen estas leyes se arriesgan a enfrentarse a serias dificultades y consecuencias que bien pueden afectar a todo el país. Sin calificar ni justificar los crímenes que Jorge Glas pueda haber cometido, los procedimientos y leyes internacionales son un bien superior que debe ser respetado y que entrega canales diplomáticos y no de fuerza mayor para la resolución de conflictos.

Aunque estos números alarman no sorprenden, los abogados a menudo enfrentan cargas de trabajo pesadas, plazos ajustados y presión constante para obtener resultados para sus clientes, junto con una reputación negativa asociada al ejercicio, que afecta cómo son percibidos. Esta presión puede llevar a altos niveles de estrés, agotamiento y ansiedad, lo que afecta negativamente la salud mental de los profesionales del derecho. El ambiente legal tampoco apoya en este ámbito, pues es altamente competitivo, lo que puede generar conflictos interpersonales, tensiones y un sentido de aislamiento entre los colegas. Este ambiente puede contribuir a problemas de salud mental como la depresión y trastornos del sueño, entre otros.

Y este es el principal desafío, para lograr solucionar los problemas de salud mental: Debemos dejar de categorizarlos como una debilidad y comenzar a entenderlos  como una consecuencia. Una que inevitablemente empeorará si no se aborda con la seriedad necesaria. Esta clase de cambio tiene que ocurrir no sólo en los individuos que necesiten ayuda, sino también en las culturas de las oficinas y/o empresas, ya que muchos de estos problemas empiezan dentro del ambiente laboral. 

Especialmente porque en estos ambientes se denomina a estos problemas como “enfermedad mental”, un término que conlleva una acepción negativa y estereotipada que implica no tener la capacidad de “lidiar” con esas dificultades. Concepción que no solamente es errónea sino que también evita enfrentar el verdadero problema: El hecho de que la gente está reaccionando ante un ambiente estresante y a veces necesita ayuda para manejarlo.

Afortunadamente instituciones como la International Bar Association e instituciones como el Proyecto Bienestar Mental de la Abogacía Española están presentando planes y leyes para implementar medidas corporativas y legales que apoyen a los abogados y demanden obligatoriedad en ciertas prácticas dentro de las empresas y firmas. 

Es importante entender tanto para empleadores como para clientes, que abogados que tienen apoyo profesional en el ámbito de la salud mental, ya sea a través de terapia individual, grupos de apoyo u otros programas, reconocen la importancia de buscar ayuda cuando es necesario, en lugar de sucumbir a la presión de la cultura imperante que a menudo valora la resistencia por encima del bienestar. Y sin duda, al priorizar su salud mental y enfrentarla con los apoyos necesarios, estos abogados están fortaleciendo su capacidad para servir a sus clientes de manera más efectiva y ética, y están contribuyendo a una profesión legal más resiliente y humana en general.

Por otro lado, en cuanto al rol profesional de los abogados en este mundo, en la industria cinematográfica, donde la propiedad intelectual es el activo principal, los abogados especializados en derecho de autor y propiedad intelectual juegan un papel vital. Estos profesionales trabajan para garantizar que los derechos de autor de los guionistas, directores, productores y otros colaboradores creativos estén protegidos. Desde la redacción de contratos de opción hasta la resolución de disputas sobre derechos de autor, los abogados trabajan incansablemente para salvaguardar la propiedad intelectual de sus clientes y garantizar que reciban la compensación justa por su trabajo creativo.

Otro aspecto clave del trabajo de los abogados en la industria cinematográfica es la negociación y redacción de contratos y acuerdos comerciales. Esto puede incluir contratos de distribución, contratos de financiación de películas, acuerdos de licencia de música y contratos de patrocinio, entre otros. Los abogados son responsables de garantizar que estos contratos protejan los intereses de sus clientes y establezcan términos claros y equitativos para todas las partes involucradas. Su experiencia en la redacción de contratos y su comprensión de las complejidades legales aseguran que las transacciones comerciales en la industria cinematográfica se lleven a cabo de manera transparente y conforme a la ley.

Además de proteger los derechos de propiedad intelectual y negociar contratos, los abogados en la industria cinematográfica también deben navegar por el complejo laberinto regulatorio que rige la producción, distribución y exhibición de películas. Esto puede implicar cumplir con regulaciones gubernamentales locales e internacionales, obtener permisos de filmación, cumplir con las leyes laborales y resolver disputas legales que surjan durante el proceso de producción. Los abogados especializados en derecho del entretenimiento son expertos en estas áreas y trabajan en estrecha colaboración con sus clientes para garantizar el cumplimiento legal en todas las etapas del proceso cinematográfico.

Entonces, el trabajo de los abogados en la industria cinematográfica es esencial para garantizar que el negocio del cine funcione de manera eficiente, justa y legal. Su experiencia y conocimiento especializado son invaluables para los creadores de películas, productores, distribuidores y otros actores en la industria del entretenimiento, asegurando que el arte del cine pueda prosperar en un entorno legalmente seguro y protegido. Pero por sobre todo, y en última instancia, esta intersección entre el derecho y el cine continúa inspirando conversaciones significativas sobre la justicia, la ética y el papel de los abogados en la sociedad.

La regulación de la construcción también está estrechamente relacionada con el derecho, ya que las normas legales dictan los estándares de construcción, los permisos necesarios y otras restricciones que afectan el desarrollo físico de las ciudades y que son especialmente importantes para los estándares de seguridad y durabilidad de las construcciones que usan los individuos diariamente y en las cuales invierten enormes porcentajes de sus ingresos.

El derecho inmobiliario se involucra directamente en el desarrollo urbano. Las leyes de propiedad determinan quién posee qué terreno y edificaciones, así como los derechos y responsabilidades asociados con la propiedad inmobiliaria. Además, las regulaciones pueden proteger edificios y áreas de importancia natural, histórica o cultural, preservando así el patrimonio urbano y promoviendo la identidad cultural de una ciudad.

El derecho ambiental también juega un papel fundamental en el urbanismo, ya que las decisiones sobre el desarrollo urbano pueden tener un impacto significativo en el medio ambiente. Estas regulaciones ambientales pueden influir en aspectos como la calidad del aire, del agua y la conservación de la biodiversidad y áreas verdes en entornos urbanos.

Por último, el derecho administrativo es esencial para la gestión eficiente de los gobiernos locales y su capacidad para regular el desarrollo de las ciudades. Define las competencias y los procesos de toma de decisiones de las autoridades locales, garantizando así un enfoque coherente y transparente en la planificación y gestión urbana, con respecto a una ciudad y a un país.

El derecho proporciona el marco legal dentro del cual se planifica, desarrolla y gestiona el entorno urbano, mientras que el urbanismo se ocupa de la planificación y el diseño físico de las áreas urbanas, así como de los aspectos socioeconómicos relacionados con el desarrollo de las ciudades. La interacción entre el derecho y el urbanismo es fundamental para garantizar un desarrollo urbano equitativo, sostenible y funcional y tiene impacto directo en quienes habitan las ciudades en casi todos los aspectos de su vida diaria y de la relación que establecen con sus vecinos directos o no.

La Unión Europea fue uno de los primeros en desarrollar una ley que prohíbe el análisis de usuarios por parte de Inteligencia Artificial para sugerir productos y servicios, basados en información tal como su sexo, tamaño, color de piel, nacionalidad, sexualidad, entre otros. Argumentando que este tipo de uso de la herramienta no sólo manipula a sus usuarios sino que también consigue información que podría ser dañina para futuros consumidores, pues los agrupa genéricamente sólo en base a esos conceptos para entregar información parcializada y que puede inducir a error por falta de especificidad.

Por el otro lado la Comisión de Futuro de la Cámara de Diputadas y Diputados de la República de Chile, está desarrollando un nuevo proyecto de ley con 15 artículos sobre este tema, que busca establecer un marco jurídico en torno al desarrollo, comercialización, distribución y utilización de los sistemas de IA y proponer una clasificación de riesgo, similar a la de la Unión Europea, que establece, en base a aprovechamiento de vulnerabilidades en el uso, y temas relacionados con datos biométricos sí la herramienta tiene un alto riesgo o sí tiene un riesgo inaceptable. En caso de ser catalogado su uso en cualquiera de estas dos categorías, el uso de la herramienta será prohibida o restringida. 

También se está planeando la creación de una Comisión Nacional de IA que estaría encargada de crear informes anuales, realizar recomendaciones para mejorar la regulación de los sistemas y mantener registros de sistemas de IA, a medida de que estas propuestas sean implementadas. Además, se van a implementar sanciones a los desarrolladores que no cumplan con las nuevas leyes, las que incluyen desde sanciones monetarias hasta 5 a 10 años de cárcel.

Pero estas nuevas regulaciones no están afectando solamente a la Inteligencia Artificial. Estas legislaciones incluyen el uso, libertades y restricciones de las redes sociales también.  En ambos casos el uso de información personal es riesgoso y muchas veces se usa de mala forma.

En Brasil el presidente del Senado Rodrigo Pacheco dio a conocer la discusión sobre del proyecto de ley 2338/2023, que busca regular el acceso a información personal que tienen la Inteligencia Artificial y las Redes Sociales, y aumentar la responsabilidad y sanciones de las empresas y/o desarrolladores en casos de  divulgación no autorizada. Esta ley fue respaldada ampliamente, destacando el apoyo mostrado por  Luís Roberto Barroso, ministro del Tribunal Supremo Federal, quien argumentó que aunque la IA era una herramienta de gran utilidad, había enormes peligros en usos indiscriminados o como fuente de propagación de información falsa en forma maliciosa.

Estos son sólo tres ejemplos de una discusión que se ha iniciado en todo el mundo, ya que aunque la idea de que la Inteligencia Artificial se vuelva peligrosa sigue siendo algo en el plano de la ciencia ficción, la IA aumenta su impacto y uso en varios aspectos de la sociedad, por lo que es natural que las leyes busquen regular su uso y las repercusiones de una herramienta revolucionaria.

En un plano más convencional un abogado siempre puede entrar en un estudio de abogados del Derecho Público y/o Político, en los cuales los abogados y fiscales investigan para representar en casos públicos, en nombre de los intereses de personas y/o nación.

En comparación el cuarto caso es uno que normalmente no se relaciona directamente con el ejercicio del Derecho y se refiere a trabajar en medios de comunicación como comentaristas políticos. Los abogados no son los únicos que están al tanto de aspectos y actores legales, los medios también tienen el deber de reportar estos cambios, propuestas de leyes, cambios de gabinetes, entre otros.  Y en un análisis de situación muchas veces no sirve sólo presentar los hechos, por lo que los medios de comunicación contratan a abogados para que puedan explicar las ramificaciones e impactos dentro de situaciones y sus marcos de gestión y legales, pudiendo comunicar así de mejor manera que es lo que está pasando y cómo puede afectar a la población.

Sin duda, el ámbito de mayor importancia de relación entre política y Derecho se visualiza en los casos de abogados, dedicados a la política para cambiar desde esta plataforma, situaciones sociales, económicas y/o culturales en los diferentes países como líderes políticos. Porque no basta con tener un proyecto o idea, es necesario tener muy claro cómo poder implementarlo y tener los dotes para poder transmitirlo, con habilidades de comunicación desarrolladas. Todas estas características son desarrolladas y aprendidas por los abogados en sus estudios y sirven de base para poder llevar a cabo proyectos y tareas muchas veces titánicas.

Ejemplos de esto hay muchos en la historia: abogados que han tomado las oportunidades que les da la política para dejar su marca, tales como Nelson Mandela, quien desempeñó un papel fundamental en la lucha contra el apartheid en Sudáfrica y sentó las bases para la reconciliación de las diferentes etnias de ese país. Mandela se convirtió en el primer presidente negro del país después de su liberación de prisión en 1990. Abraham Lincoln quien antes de ser el decimosexto presidente de los Estados Unidos trabajó como abogado. Es recordado por liderar al país durante la Guerra Civil y por su papel en la abolición de la esclavitud y consecuente cambio social profundo. Y finalmente Ruth Bader Ginsburg, que antes de convertirse en la segunda mujer en servir en la Corte Suprema de los Estados Unidos, fue abogada y profesora de Derecho, y una defensora destacada de los derechos civiles y la igualdad de género.

La conexión entre abogados y carreras políticas es una realidad arraigada, ofreciendo a los profesionales legales una vía efectiva para abogar por cuestiones importantes, al expandir los límites de su desempeño profesional, en pos de ayudar a la población y a los países en que residen.  Sin embargo, esta transición también conlleva la necesidad de gestionar desafíos éticos y la percepción pública de la carrera legal del individuo.