Un Dilema del Abogado hoy: ¿Hablar o Callar?
Las consecuencias del habla
En el mundo del derecho, la comunicación es clave. Qué se dice, cuándo y cómo puede definir el desarrollo de un juicio e incluso el resultado del caso para un cliente. En un mundo como el nuestro donde además el acceso a la información es prácticamente universal y las tergiversaciones e incluso falsificaciones con inteligencia artificial de declaraciones, en especial en casos de alto perfil, están a la hora del día.
Por lo mismo, cuando se trata de hablar públicamente sobre un caso, los abogados deben navegar por un terreno delicado, ya que las presiones por publicidad en los casos son más fuertes que nunca y los peligros de hacer información pública más presentes que antes. Comunicar entonces es una nueva competencia que se requiere de estos profesionales y no es fácil en este contexto. Probablemente nunca ha sido más cierto el dicho: “Dueño de tu silencio y esclavo de tus palabras”
¿Qué pasa cuando un abogado decide hablar de un caso fuera de la Corte? Expresar una opinión acerca de los procedimientos de la Corte o detalles de un caso, siempre ha sido delicado e incluso controversial, debido a la naturaleza sensible del proceso, los juramentos propios de la disciplina, valores de los involucrados, y cómo pueden afectar al caso sus declaraciones públicas. Sin embargo, las presiones de los medios, de asociaciones que se sienten afectadas e incluso de los propios clientes, unida a estrategias de los abogados defensores, obligan muchas veces a hacer pública la información. Y “el poder de la palabra” puede llegar a ser decisivo para una resolución y como ejemplo para una causa.
Es un delicado equilibrio donde siempre existirán consecuencias en las decisiones adoptadas con peligros y con beneficios asociados. Uno de los principios más universales del Derecho es el secreto profesional, que obliga a los abogados a mantener en confidencialidad la información de sus clientes. Revelar datos protegidos por este principio puede acarrear sanciones disciplinarias, y pone en riesgo la estrategia de defensa y la confianza entre abogado y cliente. Este tipo de sanciones suelen ocurrir cuando un abogado actúa de manera que compromete la integridad de la profesión, como el uso indebido de información confidencial o la representación de intereses en conflicto.
Otra limitación clave es la prohibición de realizar declaraciones que puedan influir en la opinión pública o en el tribunal antes de que se dicte sentencia. Esto está estrechamente relacionado con el principio del debido proceso y la imparcialidad judicial. Ejemplos como el del caso de Casey Anthony, en EEUU, donde fue absuelta del asesinato de su hija y que fue de alto impacto público, es uno donde la cobertura mediática intensa y los comentarios de los abogados generaron un ambiente en el que el jurado pudo haber sido influenciado por la opinión pública más que por la evidencia presentada en el juicio, demuestran el riesgo de involucrar al público.
El silencio puede ser oro...
Las consecuencias del silencio
Además, existe el evidente riesgo de las consecuencias a la reputación del abogado. Hablar demasiado sobre un caso puede dañar la reputación si se percibe que está buscando atención mediática en lugar de centrarse en la defensa de su cliente. En el caso de la “Operación Lava Jato”, que develó una red de corrupción y cohecho en la política brasileña, algunos abogados enfrentaron críticas por revelar detalles que podrían haber comprometido la privacidad de sus clientes.
A pesar de estos peligros, hablar públicamente sobre un caso puede ofrecer ventajas estratégicas a los abogados y a sus clientes. En primer lugar, la exposición mediática puede servir para equilibrar la narrativa pública, especialmente en casos en los que una de las partes tiene mayor acceso a los medios de comunicación o goza de una posición de poder. Al proporcionar la versión de su cliente, el abogado puede contribuir a evitar juicios prematuros en la opinión pública.
En algunos casos la opinión pública puede tener un impacto indirecto en el proceso judicial. Por ejemplo, en situaciones de alto perfil, el escrutinio público puede motivar a las autoridades a actuar con mayor transparencia y diligencia. Además, la difusión pública de ciertos aspectos de un caso puede servir para sensibilizar a la sociedad sobre cuestiones de interés general, como los derechos humanos, la corrupción o las injusticias estructurales. El caso de alegato de abuso sexual contra Harvey Weinstein en octubre del 2017 y su exposición pública, dio pie al movimiento “Me Too” y a una corriente global de protección a la mujer y de una serie de leyes de igualdad de género en todo el mundo.
Otro de los principales beneficios de que un abogado hable públicamente sobre un caso es la promoción de la transparencia. Al compartir información, los abogados pueden ayudar a construir confianza en el sistema judicial. Por ejemplo, en el caso de la “Operación Lava Jato” en Brasil, varios abogados de los implicados han hablado públicamente para aclarar la posición de sus clientes y proporcionar contexto sobre el proceso judicial. Esto ha permitido que el público entienda mejor las complejidades del caso y la defensa de los acusados.
Finalmente hablar públicamente sobre un caso también puede servir como una herramienta educativa. Los abogados pueden explicar aspectos legales complejos y aumentar la conciencia sobre temas importantes. Por ejemplo, hubo una serie de casos de feminicidios en México que sirvieron para educar sobre el tema. Abogados y activistas han utilizado plataformas públicas para explicar a la parte de la sociedad que los justificaba, la realidad e impacto de la violencia de género y la necesidad de reformas legales.
Hablar públicamente sobre un caso siempre va a ser una espada de doble filo para los abogados. Si bien hay beneficios significativos, como la transparencia y la educación, también existen peligros que pueden afectar tanto a los profesionales como a sus clientes. En un mundo donde la información se difunde rápidamente, es crucial que los abogados consideren cuidadosamente sus palabras y el impacto que pueden tener en el sistema judicial y en la opinión pública, nunca hay que olvidar el antiguo dicho: El silencio es oro…..
...Pero el habla bien puede probar la inocencia o la culpa.
Hablar o callar. Al momento de dirigirse al publico, ya sea por cualquier motivo, los abogados toman una apuesta arriesgada y deben entender que una vez que se haga las consecuencias pueden estar fuera de sus manos.
Eutanasia: Debate legal, emocional y ético
La muerte en las manos de la Corte
Mayo de 2018: David Goodall, un botánico de 104 años, viaja a Suiza para someterse a un suicidio asistido, ya que en Australia no era legal. Su caso atrajo la atención internacional y generó un debate sobre la eutanasia y el derecho a morir dignamente.
Fuente: BBC News, “David Goodall: Australian scientist ends life in Switzerland”-Mayo 2018.
Probablemente hay pocos temas más complejos desde el punto de vista legal que la eutanasia, ya que es muy difícil establecer un marco legal y regulatorio objetivo a un tema que involucra tantos casos particulares, dramas humanos, ética y emoción. Como el caso de David Goodall hay muchos y cada vez más seguido con historias sobrecogedoras de personas que tanto por salud física como mental, quieren y piden terminar con sus vidas. Tan difícil es este tema y genera tanto involucramiento emocional, que incluso afecta en algunos casos la capacidad de los abogados para mantener una postura profesional imparcial.
El debate jurídico en este tema se encuentra atravesado por complejas dificultades bioéticas y legales. La eutanasia sigue siendo ilegal en la mayoría de los países debido a su confrontación con la ética médica, que prioriza la conservación de la vida y el alivio del sufrimiento a través de cuidados paliativos. La Asamblea Médica Mundial, por ejemplo, se ha pronunciado en contra de la eutanasia, manifestando su preocupación por los países que la han despenalizado. Este posicionamiento revela la existencia de profundas tensiones entre los principios de autonomía personal y la protección de la vida como valor supremo.
Uno de los principales argumentos a favor de la eutanasia es el derecho a la autodeterminación, que sostiene que cada persona debería tener la libertad de decidir sobre el final de su vida cuando enfrenta padecimientos insoportables o enfermedades terminales. La legalización de la eutanasia, en este sentido, se percibe como un acto de compasión que permite evitar sufrimientos innecesarios y garantiza una muerte digna, regulada y supervisada por el Estado y el sistema de salud.
Por otro lado, los detractores argumentan que legalizar la eutanasia podría abrir la puerta a abusos y situaciones de vulnerabilidad, donde personas con discapacidades o enfermedades degenerativas se sientan presionadas a solicitar la muerte ante la falta de recursos, apoyo y cuidados adecuados. Se advierte sobre el peligro de instalar una “cultura de la productividad”, en la que la vida de aquellos que no pueden valerse por sí mismos se vea devaluada y su existencia se perciba como una carga para la sociedad y sus familias.
Hay pocos temas más éticamente desafiantes que la eutanasia en el mundo...
Un debate de tres frentes
En el ámbito jurídico, esta controversia se refleja en la tensión entre el derecho a la vida y el derecho a la dignidad. Los abogados que defienden casos de eutanasia enfrentan el desafío de equilibrar estas posturas, garantizando que el consentimiento del paciente sea libre e informado, y que no existan presiones externas que puedan viciar su voluntad. Asimismo, deben lidiar con la falta de marcos legales claros en muchos países, lo que los obliga a recurrir a interpretaciones jurisprudenciales o a defender la despenalización en tribunales constitucionales.
Los fiscales, por su parte, tienen la tarea de asegurar que las leyes vigentes se cumplan, investigando posibles casos de abuso o mala praxis. Esto implica un delicado análisis de la evidencia y la interpretación de normativas que muchas veces son ambiguas o contradictorias. En los países donde la eutanasia no está legalizada, los fiscales deben perseguir estos actos como homicidios, aun cuando hayan sido realizados por razones compasivas.
Los jueces enfrentan el desafío de resolver casos en los que se enfrentan derechos fundamentales en conflicto. Deben interpretar la ley en contextos donde la normativa puede no estar actualizada o ser insuficiente para abordar las complejidades de la eutanasia. En muchos casos, sus decisiones han marcado precedentes importantes, como ocurrió en Colombia, donde la Corte Constitucional despenalizó la práctica y estableció directrices para garantizar el derecho a la muerte digna.
Uno de los aspectos más complejos del debate es la confusión terminológica que rodea a la eutanasia. No se debe confundir eutanasia con la decisión de no prolongar la vida mediante tratamientos fútiles o con la desconexión de un paciente con muerte cerebral. Tampoco debe confundirse con la sedación paliativa, que busca aliviar el dolor sin acelerar la muerte. Esta falta de claridad puede llevar a interpretaciones erróneas y a decisiones jurídicas basadas en premisas falsas.
El derecho a morir con dignidad no implica necesariamente la creación de un derecho a la muerte, y esto es algo que los sistemas jurídicos deben ponderar cuidadosamente. Legalizar la eutanasia impacta en el paciente, transforma la relación médico-paciente y redefine el rol del Estado en la protección de la vida.
Al final del día, la discusión sobre la eutanasia nos invita a reflexionar sobre el valor de la vida y la importancia de la empatía en nuestras decisiones. En un mundo tan globalizado y diverso como el que estamos viviendo, es fundamental que el marco legal se adapte para reflejar las necesidades de los pacientes y las preocupaciones éticas que surgen en torno a la defensa de la vida humana, la dignidad y el sufrimiento. Difícil y complejo tema legal, donde los únicos lineamientos claros refieren a principios éticos personales. Tema repleto de grises en un mundo que tiende cada vez más al blanco o negro.
...Y tratar de resolverlo a través de la Corte trae otras complicaciones legales.
La eutanasia siempre ha sido, y siempre será, un desafío ético. El trabajo de los abogados nunca ha sido, ni nunca será, fácil o sencillo en la Corte por su propia naturaleza. Combinados, estos dos aspectos desarrolla un desafío que se debe tratar con delicadeza.
El Derecho Internacional en jaque
¿Qué haces cuando las reglas se ven amenazadas?
Hemos abordado muchas veces el Derecho Internacional, que nos afecta transversalmente. Ya sea con los pactos que se consiguen para regular derechos básicos y metas comunes, su uso en eventos masivos como los deportivos, e incluso como ayuda para prevenir el fin del mundo, por su capacidad de regular las armas de destrucción masiva, este conjunto de leyes acordadas por la gran mayoría de los países y las organizaciones que velan por la paz e interacción mundial, nos cuidan a todos.
Hoy, sin embargo, y como muchas veces antes en nuestra historia, debido a los nuevos tipos de liderazgo, las crisis de inmigración y económica generalizadas en el mundo y los extremos políticos hacia ambos lados, los intereses de grupos particulares se hacen prevalecer sobre el bien común y parecen justificar acciones antes consideradas como bases intransables, en un escenario donde muchas potencias y países están poniendo una serie de líneas en la arena, de nuestra playa común.
Se ha visto un inexorable avance de inestabilidad internacional tanto en países ya enfrentados con conflictos que se desatan, como con fuertes divisiones entre países del mundo, antes aliados. Las nuevas guerras económicas entre potencias como EEUU, Europa y China, la guerra entre Rusia y Ucrania, el recrudecimiento del conflicto palestino-israelí, la crisis de la OTAN y amenazas como las planteadas por Estados Unidos a Panamá acerca del Canal, son sólo algunos ejemplos que ponen en jaque al Derecho Internacional.
Se dice que después de cada gran pandemia el mundo se convulsiona y su forma de organización social, política y económica cambian. Las grandes migraciones y las crisis institucionales son denominadores comunes de estos ciclos. Después de la peste bubónica, en la Edad Media, se dio paso al Renacimiento con todos los cambios asociados. La peste de la gripe Española de principios del siglo XX, llevó a la independencia de colonias como la India y a la conciencia de la necesidad de cooperación internacional y la creación de organismos que las regulan como la Liga de las Naciones (antecesora de la ONU) y gatilló la entrada masiva de las mujeres al mercado laboral (también apoyado por las bajas de la I Guerra Mundial). Es evidente que nuestra pandemia del COVID, también generó cambios y radicalización. ¿Qué nos espera entonces? ¿Cómo afectará al Derecho Internacional y las normas que nos regulan?
Los eventos actuales han introducido dudas acerca de la longevidad de ciertas alianzas...
Las preguntas que todo abogado internacional debe hacer
La primera pregunta es geopolítica: ¿Qué alianzas se mantendrán? La Guerra Comercial de Donald Trump ya ha traído dudas acerca de si sus alianzas sobrevivirán al mandato del nuevo presidente, y aunque los representantes de los países afectados se han mantenido firmes acerca de su intención de mantenerlas, la política impuesta por el nuevo Presidente norteamericano ha hecho evidente la fragilidad y desprotección en que rápidamente pueden caer estos pactos.
Otras alianzas se han fortalecido, como las de los países árabes en contra de Israel, a raíz de lo ocurrido con Palestina, con todas las consecuencias que esto ha traído a nivel de derecho internacional y los conflictos y víctimas asociados en ambos lados. Lo mismo ha generado el conflicto Ruso-Ucraniano, lo que ha definido un mapa geopolítico de aliados a unos y otros países y una situación política mundial en grados de estrés extremo. Sin contar con las migraciones masivas a causa de estos conflictos, con los consecuentes dramas humanos y económicos para migrantes y para países que reciben, conflicto que por otras razones, compartimos en Latinoamérica con cantidades de migrantes en los diferentes países, que ninguna norma local o internacional fue capaz de prever ni de regular en forma adecuada.
La segunda pregunta, refiere directamente a conflictos bélicos, reglas y transgresiones: ¿Cómo afectarán estos cambios a la guerra y las normas consensuadas que las rigen? A medida que las autoridades de las organizaciones como la OTAN o la ONU sean desafiadas y por lo mismo entren en crisis, sus reglas y los derechos que éstas cuidan, están en riesgo de ser abiertamente violadas o simplemente ignoradas. La reconfiguración de bloques políticos puede influir en la aplicación del derecho de la guerra, en la protección de los derechos humanos y en la respuesta de la comunidad internacional ante crisis humanitarias.
La tercera pregunta se relaciona con el Derecho Internacional penal: ¿Cómo afectarán estos cambios a la justicia internacional y sus normas? El nivel de cooperación con tribunales internacionales como la Corte Penal Internacional, La Corte de la Haya o la Corte Internacional de justicia, entre otras, y su persecución a crímenes de guerra, de lesa Humanidad y entre naciones, se ven afectados, por la anteposición de los intereses particulares de cada país o alianza, al derecho internacional. La postura de sus líderes en cuanto a que “el fin justifica los medios”, sólo agudiza el problema. Este ambiente de inestabilidad afecta directamente las normas comunes y hace patente la importancia de replantearse la necesidad de un nuevo trato como fundamento de la vida social, y aumenta el riesgo de más y peores conflictos.
La cuarta, y última pregunta, afecta directamente a todos, sin excepción: ¿Cómo afectarán estos cambios a la economía mundial? La actual política de guerra comercial de Estados Unidos amenaza no sólo con afectar a Norteamérica, en sus alianzas, sino que por la globalización y consecuente dependencia a prácticamente todos los países del mundo.
Como ejemplo anterior reciente, el conflicto ruso-ucraniano resultó en sanciones económicas para Rusia, las que produjeron división de opiniones y desataron una cadena de eventos que llevaron a una crisis económica global. Las medidas hasta ahora no han logrado parar el conflicto, siendo evaluadas por muchos como ineficientes y afectando la reputación de las organizaciones internacionales que las impusieron. Las consecuencias a largo plazo para Rusia están por verse.
Geopolítica, guerra, justicia, economía, estos son sólo algunos de los ámbitos que pueden cambiar drásticamente por falta de control global, si el Derecho Internacional, no asume el rol protagónico que tiene y los países no se comprometen. Herman Wouk en sus libros Vientos de Guerra y Tormentas de Guerra, muestra épocas difíciles antes y durante un conflicto bélico de carácter mundial y todo el dolor e inestabilidad que implica. Desgraciadamente estamos en una época post pandémica con conflictos de todo orden. La pregunta es cómo el Derecho Internacional, que puede ser nuestro gran apoyo, sale de este jaque y gana la partida.
...Y como estos cambios afectaran a todo el mundo.
El mundo se encuentra en una era de cambio, por lo que es importante entender donde uno esta parado, y a que destinación esta caminando.
Ética profesional: ¿información pública o privada?
La apuesta de la transparencia
La ética en la abogacía se refiere a los principios que guían el comportamiento profesional de los abogados. Esto incluye, entre otros, la confidencialidad, la lealtad hacia el cliente, y el deber de actuar con integridad. A lo largo de la historia se han establecido códigos de ética para asegurar que los abogados mantengan altos estándares en su práctica. Por ejemplo, el Código de Ética de la American Bar Association (ABA) establece normas claras sobre cómo los abogados deben comportarse.
La importancia de esta relación radica en que los abogados no sólo son defensores de sus clientes, sino también guardianes del sistema legal. Su papel es crucial para garantizar que se respeten los derechos de todos y que se administre justicia. Sin una base ética sólida, la confianza en el sistema legal podría verse comprometida, lo que afectaría a la sociedad en su conjunto.
En Chile pocos casos han afectado tanto al sistema judicial, ni ha traído tanta duda sobre su ético comportamiento, como el caso de la apertura de los chats del abogado Luis Hermosilla, también conocido como el Caso Hermosilla o el Caso Audio, y es un claro ejemplo de cómo el comportamiento ético de un abogado afectó la confianza en la justicia chilena globalmente.
Es tal el impacto y la corrupción expuestas dentro del sistema por este caso que se ha propuesto, para evitar que vuelva a ocurrir y recuperar confianzas, abrir un registro público de abogados sancionados por casos de corrupción que actúe como sanción pública ante estos delitos.
Esta propuesta tiene antecedentes prometedores, ya que países como Estados Unidos e Inglaterra utilizan este sistema para que los clientes sepan el historial de los abogados que contratan, y si han sido sancionados previamente. Sin embargo, no hay tal cosa como una medida perfecta, y para entender las consecuencias que estas listas podrían tener en el Poder Judicial es necesario conocer los beneficios y desafíos que estas listas podrían traer.
Uno de los principales beneficios de este registro radica en la transparencia que aportaría al sistema judicial. La posibilidad de que la ciudadanía pueda acceder a información sobre abogados sancionados permitiría una mayor vigilancia social, lo que contribuiría a restaurar la confianza pública en las instituciones. La corrupción en el ámbito legal socava el Estado de Derecho y erosiona la percepción ciudadana sobre la justicia, generando una sensación de impunidad que debilita el tejido democrático. La existencia de un registro público enviaría un mensaje claro de que las faltas éticas y los delitos cometidos por profesionales del derecho no serán tolerados, reforzando así la confianza en la justicia.
Además, el registro actuaría como un mecanismo disuasorio. La posibilidad de ser expuesto públicamente podría desincentivar la participación de abogados en actos de corrupción, ya que el daño reputacional asociado a la inclusión en el registro tendría consecuencias directas sobre su ejercicio profesional. Este efecto preventivo es especialmente relevante en un contexto donde los delitos de cuello y corbata suelen estar asociados a la impunidad. Al hacer públicas las sanciones, se estaría enviando una señal clara de que las consecuencias por actos de corrupción trascienden las medidas penales o administrativas, afectando también la reputación y la credibilidad profesional de los involucrados.
Otro aspecto positivo de la creación del registro es la facilitación de la fiscalización por parte de organismos reguladores. La información consolidada permitiría a las autoridades competentes monitorear de manera más eficiente a los abogados sancionados, evitando que mantengan las malas prácticas sin restricciones. Asimismo, los clientes y las empresas tendrían acceso a una herramienta de protección, ya que podrían verificar la idoneidad de los profesionales antes de contratarlos. Esto fortalecería la relación de confianza entre abogados y clientes, contribuyendo a una mayor transparencia en la prestación de servicios legales.
La confianza en el sistema judicial chileno ha sufrido por el Caso Audio, y los beneficios de estos registros podrían ayudar...
La palabra clave: confianza
Sin embargo, la implementación de un registro público de abogados sancionados por corrupción no está exenta de desafíos. Uno de los principales obstáculos es el equilibrio entre la transparencia y la protección de los derechos fundamentales. La inclusión en una lista pública podría vulnerar el derecho al honor y la privacidad de los abogados sancionados, especialmente si no se establecen criterios claros sobre la duración de la publicación o la posibilidad de eliminar los antecedentes tras el cumplimiento de la sanción. Es crucial que cualquier medida de este tipo respete escrupulosamente las garantías constitucionales y los principios del debido proceso.
Otro desafío radica en la definición de los criterios que determinarían la inclusión en el registro. Es necesario establecer con precisión qué tipos de sanciones ameritaría hacer pública, quién se encargaría de administrar el registro y bajo qué circunstancias un abogado podría ser eliminado de la lista. Sin reglas claras y transparentes, el registro podría ser objeto de arbitrariedades o utilizado con fines políticos, lo que comprometería su legitimidad y efectividad. Además, la falta de criterios uniformes podría dar lugar a impugnaciones legales que dificulten la implementación de la medida.
La reinserción profesional de los abogados sancionados es otro aspecto que merece atención. Una vez cumplida la sanción, los abogados podrían enfrentar dificultades para retomar su ejercicio profesional debido a la exposición pública de sus antecedentes. Si bien es fundamental garantizar la rendición de cuentas, también es necesario ofrecer mecanismos de rehabilitación y reinserción que permitan a los profesionales sancionados reconstruir su carrera sin que la sanción se convierta en una condena perpetua.
Finalmente, la efectividad del registro como herramienta para combatir la corrupción dependerá de su integración con otras medidas de prevención y sanción. La creación del registro, por sí sola, no garantiza una disminución de la corrupción si no va acompañada de reformas estructurales que fortalezcan la fiscalización, la independencia del Poder Judicial y la transparencia en la contratación pública.
La palabra clave detrás de estas listas es la confianza, y para muchos la clave para generar esta seguridad radica en la información y la transparencia de ésta. No hay tal cosa como una medida perfecta y estas listas públicas pueden tener impactos significativos en las vidas profesionales de los abogados, especialmente si no se utilizan de manera adecuada. La apuesta de la transparencia en el ámbito legal es una que bien podría traer el cambio necesario para ayudar a recuperar confianzas rotas en el Poder Judicial, pero se debe manejar con cuidado y evitar que se transformen en instrumentos subjetivos y de presiones indebidas para una carrera estructural en la búsqueda de una vida en sociedad justa y equitativa.
...Pero se deben manejar de manera correcta o las consecuencias para los abogados podrían ser muy dañinas.
Los registros públicos bien pueden ser un arma de doble filo, pero si el publico llega a creer que sus casos fueron decididos antes de que se iniciara la Corte, el daño que se causara al sistema judicial puede ser catastrófico.
Ley y Fe: Una mirada al Derecho Canónico
Una rama poco usual pero importante
Cuando ocurren hechos como la enfermedad grave del papa Francisco I y se empiezan a escuchar conceptos como Cónclave y Renuncia Papal, o se usan conceptos como: participación, votantes, ceremonia de inauguración, entre otros relacionados al contexto religioso y no al civil, la organización y estructura legal específica de este tipo de instituciones y de la Iglesia Católica en este caso, se releva como una sociedad que si bien convive con la civil se rige por normas y procedimientos específicos, todos relacionados con el ejercicio de una rama poco usual del Derecho: el Derecho Canónico
Esta especialización legal trabaja con el conjunto de normas y leyes que rigen la organización y el funcionamiento de la Iglesia Católica y, en menor medida, de otras confesiones cristianas. Este sistema legal tiene sus raíces en la tradición y la doctrina de la Iglesia, y su objetivo principal es garantizar el orden y la justicia dentro de la comunidad eclesiástica. Si bien cada iglesia tiene su propio conjunto de normas que rigen su funcionamiento interno, muchas comparten principios comunes derivados de la tradición cristiana.
Cuenta con sus propios tribunales, abogados, jurisprudencia y en el caso de la Iglesia Católica con dos códigos completamente articulados. Además, dispone de principios generales del Derecho que rigen su aplicación y desarrollo dentro de la Iglesia.
Estudiar Derecho Canónico es una excelente opción para aquellos interesados en la intersección entre la ley y la fe y requiere de preparación específica como conocimientos en Teología, Latín e intereses en la práctica y organización de la comunidad eclesiástica a la que está íntimamente ligado. Muchas Universidades dan cursos de Derecho Canónico, pero pocas lo dan como pre o post grado en forma pura y suelen ser o tener convenios con Universidades Pontificias, como la Universidad Pontificia de Salamanca que tiene convenio con la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso en Chile; la Universidad Católica de Lovaina fundada en 1425 o la más reciente Faculdade de Direito Canónico Sao Paulo Apostol en Brasil (2014), entre otras.
Estos abogados dan asesoría legal a clérigos, diócesis y organizaciones religiosas sobre cuestiones legales, ayudando a interpretar las leyes de la Iglesia y a cumplir con ellas. En casos de disputas dentro de la Iglesia, como cuestiones de nulidad matrimonial o conflictos entre clérigos, los abogados canónicos representan a las partes involucradas ante los tribunales eclesiásticos. Algunos de ellos también se dedican a la enseñanza del Derecho Canónico en seminarios y universidades, formando a la próxima generación de líderes eclesiásticos.
Además, pueden trabajar como asesores de conferencias episcopales, órdenes religiosas y diócesis, brindando orientación jurídica en distintos asuntos internos de la Iglesia, y pueden trabajar como representantes de las diferentes ramas que la componen.
Por mucho que parezca una disciplina nicho, el derecho canónico tiene muchas responsabilidades y oportunidades laborales.
Un derecho con cientos de años
El Código Canónico en que se basa tiene sus orígenes en los primeros siglos del cristianismo, cuando las comunidades cristianas comenzaron a establecer normas para regular su vida interna. A lo largo de los siglos, estas normas se han ido codificando y adaptando a los cambios sociales y culturales y se hicieron oficiales a través de los Concilios y Decretos Papales, lo que permitió su consolidación como un cuerpo jurídico independiente. Entre las primeras recopilaciones destacadas se encuentran el Liber Extra de 1234, el Liber Sextus de 1298 y las Clementinae de 1317. Estas obras compilaron y organizaron la normativa eclesiástica vigente en sus respectivas épocas, sirviendo como referencia fundamental para la aplicación del derecho en la Iglesia.
Un hito crucial en la historia del Derecho Canónico fue la elaboración de la Concordia discordantium canonum entre los años 1140 y 1142. Esta sistematización fue clave para la posterior conformación del Corpus Iuris Canonici, que incluyó seis obras canónicas oficiales y particulares redactadas entre 1140 y 1503. Este corpus fue la base del Derecho Canónico, formalizado en el primer Código de Derecho Canónico recién en 1917.
El Código de Derecho Canónico que rige en la actualidad fue promulgado por el papa Juan Pablo II el 25 de enero de 1983, reemplazando al Código Pío-Benedictino de 1917. Este nuevo código está dividido en siete libros que regulan aspectos fundamentales de la vida eclesiástica, como las normas generales, el pueblo de Dios, la enseñanza de la Iglesia, la función de santificar, los bienes temporales de la Iglesia, las sanciones y los procesos. Aunque este código se aplica a la Iglesia de rito latino, en el caso de las Iglesias Católicas sui iuris de ritos orientales se llevó a cabo una codificación específica que culminó en 1990 con la promulgación del Código de los Cánones de las Iglesias Orientales.
El Derecho Canónico, si bien menos conocido y común entre las especialidades, es muy significativo en el mundo actual, especialmente en contextos donde la fe y la moral juegan un papel crucial en la vida de las personas. En un mundo cada vez más plural y diverso, el derecho canónico ofrece un marco ético y espiritual que guía a los creyentes en sus decisiones y acciones. Además, su importancia se extiende a la manera en que la Iglesia aborda cuestiones contemporáneas, como la justicia social, los derechos humanos y la bioética, promoviendo un diálogo entre la tradición y las necesidades actuales de la sociedad. Así, el derecho canónico no sólo regula la vida interna de la Iglesia, sino que también contribuye a la construcción de una comunidad más justa y solidaria, de acuerdo con los principios cristianos, en un mundo en que muchos de sus millones de habitantes se rigen por sus directrices.
El derecho canónico empezó durante los primeros siglos del cristianismo.
El derecho canónico puede parecer un ámbito nicho para los abogados, pero debido al poder que tiene la Iglesia Católica uno siempre debe tener en cuenta que es una rama con varias oportunidades.
El Acuerdo de París: un tratado para nuestro planeta ahora en entredicho
Las consecuencias de la salida americana
Este tratado internacional sobre cambio climático fue negociado en la XXI Conferencia sobre Cambio Climático (COP21) y firmado en diciembre de 2015 en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el cambio climático (UNFCCC). Es un esfuerzo colectivo para limitar el aumento de la temperatura global a menos de 2ºC respecto a niveles preindustriales y, preferiblemente, a un máximo de 1,5ºC. Con casi 200 países firmantes, su objetivo es comprometer a las naciones a reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero a través de planes nacionales que deben revisarse y actualizarse periódicamente.
Es un tratado jurídicamente vinculante que establece obligaciones claras para los países firmantes. Aunque permite que una nación abandone el acuerdo después de haber sido parte durante al menos tres años, este proceso tarda un año en hacerse efectivo. Durante ese tiempo, la participación en reuniones internacionales y las negociaciones climáticas continúan siendo posibles, lo que genera tensiones y ambigüedades legales.
Como tal acuerdo y en búsqueda de su objetivo, supone una serie de medidas que evidentemente afectan económicamente a los países firmantes y los obligan a adecuar procesos, lo que muchas veces interfiere con otras metas, como las económicas y de desarrollo. De hecho, las grandes potencias han tenido una historia difícil con su cumplimiento y por segunda vez en la historia del Acuerdo de París, EEUU tomó la decisión de salirse del tratado, una decisión que ha causado controversia y que puede tener repercusiones para todo el planeta.
La salida de EEUU debilita la credibilidad del tratado y pone en peligro su efectividad al eliminar esta responsabilidad de uno de los mayores emisores históricos de gases de efecto invernadero, con 6000 millones de toneladas de CO2, sólo superada por China, que acaba de suscribir el acuerdo.
Desde el punto de vista legal, también plantea interrogantes sobre cómo se seguirán manejando las obligaciones previamente adquiridas bajo el acuerdo y qué retrocesos supone esta salida para la meta planetaria. Los abogados dedicados a la sustentabilidad y al derecho internacional que representan a otros países o a organizaciones no gubernamentales preocupadas por el tema podrían argumentar que la retirada socava los principios de buena fe y responsabilidad compartida consagrados en el derecho internacional.
Esta potencia, al abandonar el esfuerzo conjunto necesario para parar el calentamiento global, impacta también a Estados, ciudades y localidades propias, ya que muchas de sus empresas han hecho esfuerzos relevantes por contribuir a esta tarea e incluso son ejemplos de esfuerzos exitosos para todo el mundo en este sentido.
El Acuerdo de París tiene casi 200 países dentro del tratado que ayudan a regular y bajar los efectos del cambio climático.
Adaptándose a una nueva realidad
De hecho, EEUU es un ejemplo notable de litigios climáticos en tribunales estatales, donde gobiernos locales y comunidades afectadas demandan a empresas contaminantes por daños derivados del cambio climático. Estos casos se apoyan en parte en principios establecidos por el Acuerdo de París, y su desvinculación podría complicar los argumentos legales en torno a la responsabilidad corporativa.
Una deriva evidente de esta salida podría ser la liberalización y consecuente incumplimiento de las regulaciones ambientales nacionales, ya que los gobiernos federales no tendrían que alinear sus políticas climáticas con los objetivos del Acuerdo de París. Esto podría desencadenar cambios en normativas clave, como la derogación de leyes que limitan las emisiones industriales, la producción de energías limpias o la conservación de ecosistemas críticos. Los abogados ambientales que representan a comunidades afectadas o que trabajan en iniciativas de energía renovable enfrentarán nuevos desafíos en un entorno regulatorio menos estricto. Por otro lado, también podría haber un aumento en la representación de Estados y ciudades que busquen implementar sus propias políticas climáticas más estrictas, generando un mosaico legal fragmentado y perdiendo fuerza colectiva.
La desvinculación de EEUU del Acuerdo de París también impacta a las empresas, particularmente aquellas que operan a nivel internacional. En un mundo donde los mercados se mueven hacia la descarbonización, las compañías estadounidenses podrían enfrentar barreras comerciales en países que exigen el cumplimiento de normativas alineadas con los objetivos climáticos, o aún peor, otros países podrían, so pena de perder negocios, seguir el ejemplo de esta potencia y abandonar el acuerdo.
Desde una perspectiva diplomática, está por verse cómo se reorganizan las fuerzas con otras potencias que podrían salir fortalecidas como China y la Unión Europea, que están avanzando en sus luchas contra el cambio climático. Esto podría generar nuevas alianzas internacionales y presiones sobre EEUU para que vuelva al acuerdo.
A pesar de esto, hay empresas estadounidenses que siguen con su intención de fortalecer medidas climáticas ambiciosas. Iniciativas como “We Are Still In” agrupan a una amplia coalición de actores locales comprometidos con los objetivos del Acuerdo de París, lo que genera un entorno legal complejo donde las normativas de cada Estado podrían chocar con las federales.
Esta decisión controversial, va a tener sin duda un impacto climático y legal muy fuerte en EEUU y en sus relaciones comerciales, internas e internacionales. Es una nueva realidad con obligación de quienes trabajan en el mundo legal, de estar atentos a cómo estos cambios afectan y atañen, además de cómo abren oportunidades laborales y de especialización. Sin uno de sus mayores exponentes, en el buen y mal sentido, este es un nuevo juego para el cambio climático, que nos afecta a todos.
Muchas organizaciones dentro de EEUU se mantienen fieles a los estándares del Acuerdo.
El Acuerdo de París es uno de los tratados internacionales más importantes en el ámbito climático, por lo que no se debe subestimar el efecto que la salida de Estados Unidos tendrá sobre la pelea contra el cambio climático.
LinkedIn: los peligros de monopolizar un canal
Una gran herramienta...Si se usa con moderación
Hoy en día LinkedIn se ha convertido en la herramienta para buscar trabajo. Esta plataforma, al hacer uso de la interconectividad de diferentes redes sociales, le permitió a postulantes, profesionales y empleadores generar un espacio donde pudieran ver ofertas laborales, el historial de los postulantes y promover y compartir pasos y avances de carreras académicas y profesionales. Es por esto que maximizar el uso de esta red social se ha convertido en una parte importante del proceso de conseguir trabajo…
Es por esta relevancia y peso que su uso se ha masificado hasta llegar a niveles incluso de dependencia por parte de los usuarios, produciendo efectos no deseados.
Es inevitable que el proceso de conseguir un trabajo sea estresante y tenso. Siempre hay más postulantes que ofertas y sólo una persona, o un porcentaje pequeño de personas, será elegida para los mejores puestos o los más demandados. Es por esto que depender tanto de la actividad o respuestas en una sola plataforma puede ser perjudicial, ya que si bien hay que cuidar un buen y correcto perfil, lo que pasa en ella no es reflejo de éxito o fracaso profesional necesariamente.
Para comprender estas consecuencias se debe tener en cuenta que la estructura y dinámicas de LinkedIn generan efectos psicológicos que pueden ser tanto beneficiosos como perjudiciales, especialmente en quienes están desempleados. Por lo mismo es necesario conocer los elementos clave de la experiencia de LinkedIn: la interacción superficial, la competencia social profesional y la ansiedad que genera la búsqueda de validación.
Una característica distintiva de LinkedIn son los mensajes pre-fabricados que las personas suelen utilizar al interactuar. Cuando publicamos alguna historia, avance profesional o en momentos como nuestro cumpleaños, comentarios como “¡Felicidades!” o “Interesante” aparecen de muchos usuarios, pero muchas veces son automáticos y nada tienen que ver con interés en nuestro perfil o resultados en una búsqueda, lo que puede ser frustrante y desanimador en especial para alguien en busca de empleo. Incluso muchas de las notificaciones automáticas de la plataforma, como ofertas de prueba gratuita, pueden contribuir a una sensación de fracaso y despersonalización, ya que priorizan el marketing sobre las necesidades del usuario. La superficialidad de estas interacciones afecta a la percepción de LinkedIn como un espacio poco auténtico, y refuerza sentimientos de aislamiento, en especial para las nuevas generaciones que ven en estos medios , oportunidades de amistad y relaciones personales. Quienes buscan empleo podrían interpretar la falta de respuestas significativas como un reflejo de su propia valía profesional, exacerbando la ansiedad y la frustración.
Uso excesivo de LinkedIn puede producir problemas psicológicos en los usuarios...
El peligro de las expectativas poco realistas
Por el lado del usuario uno de los factores más discutidos en relación con el impacto psicológico de LinkedIn es la constante exposición a los logros de otros. Las publicaciones de conocidos celebrando ascensos, nuevas oportunidades laborales o proyectos exitosos pueden ser fuente de inspiración para algunos, pero también desencadenar emociones negativas en quienes atraviesan momentos profesionales iniciales, más difíciles o momentáneamente estancados.
La “competencia social profesional” puede provocar un fenómeno conocido como “desplazamiento hacia abajo”, en el que las personas perciben sus logros como insuficientes en comparación con los de otros. A esto se suma la naturaleza curatorial de los contenidos en LinkedIn, donde rara vez se comparten fracasos o vulnerabilidades, lo que crea una narrativa artificial de éxito constante, con la que es difícil compararse. En LinkedIn, la interacción con el contenido de otros —likes, comentarios y mensajes— se percibe como una forma de generar conexiones y abrir oportunidades laborales. Sin embargo, esta búsqueda de validación puede volverse problemática cuando las interacciones no generan los resultados esperados o empieza a desanimar a un usuario. Por ejemplo, si un postulante desempleado ve el post de un par que celebra su ascenso u obtención de un trabajo, puede llevar al postulante desempleado a cuestionar su propia trayectoria, intensificando una sensación de fracaso.
La consultora Vinculación, en su estudio sobre empresas IPSA, muestra que el 62% de los altos directivos de grandes empresas en Chile interactúan activamente en LinkedIn. Este dato puede alimentar expectativas poco realistas en los usuarios comunes, quienes podrían asumir que un simple “like” a un gerente aumentará significativamente sus posibilidades de obtener empleo. Aunque estas interacciones pueden ser útiles, también pueden fomentar una dinámica de dependencia emocional hacia el reconocimiento en la plataforma. El experto en innovación Tadashi Takaoka señala que LinkedIn fomenta un tipo de comportamiento que busca destacar únicamente mediante títulos y cargos importantes, lo que refuerza la idea de que el valor profesional de una persona está vinculado exclusivamente a su posición laboral. Este enfoque estrecho puede ser especialmente dañino para quienes están desempleados, pues acentúa la percepción de que no tienen nada valioso que ofrecer.
Takaoka también critica el uso extendido de plantillas y narrativas repetitivas en LinkedIn, que convierten las publicaciones en microensayos que buscan impresionar, pero carecen de autenticidad. Estas publicaciones, muchas veces diseñadas para maximizar la interacción, contribuyen a una experiencia que él compara con “comida chatarra”, proporcionando una satisfacción superficial pero dejando una sensación de vacío a largo plazo. Sin embargo, Takaoka ofrece una perspectiva alternativa: en lugar de enfocarse en títulos o cargos, los usuarios de LinkedIn pueden destacarse compartiendo aprendizajes o experiencias únicas. Este enfoque reduce la presión de aparentar éxito, y ayuda a construir una presencia más auténtica y significativa en la plataforma.
Todos estos efectos no disminuyen la capacidad de LinkedIn de ser el puente entre postulantes y empleadores. Estos problemas son consecuencia de una forma instalada de uso de las redes, que tiende a relaciones personales y demostración de éxito parcial y poco tienen que ver con construir perfiles profesionales de personas que abordan de diferente manera sus estudios, especializaciones y profesiones y que son la base de una riqueza diversa y necesaria en el mundo laboral de hoy.
...Especialmente si usan LinkedIn de la misma manera que uno utilizaría paginas que tienen un formato menos formal, como TikTok, Instagram, X y otros.
LinkedIn es una de las formas en que un postulantes puede comunicarse con los empleadores, y una forma muy eficiente de postular, pero no es la única y solamente depender del sitio puede generar problemas en el usuario.
Chileno al Frente de la IBA: Impulso para América Latina
Haciendo historia
Este 1 de enero del 2025 se ha hecho historia en el ámbito legal latinoamericano, ya que por primera vez, en los 80 años de la organización, Jaime Carey, presidente ejecutivo de Carey Abogados, fue nombrado como el presidente de la Asociación Internacional de Abogados (IBA, por sus siglas en inglés). Este logro representa un reconocimiento al talento y liderazgo jurídico de Chile, y una gran oportunidad para dar visibilidad a las prioridades y desafíos de América Latina en el escenario global.
Es importante para todo abogado chileno y latinoamericano entender lo que significa este éxito para el país, dada la importancia de la IBA, una de las organizaciones más importantes en el ámbito del derecho a nivel mundial. Fundada en 1947, poco después del final de la Segunda Guerra Mundial, su propósito principal ha sido el de promover el Estado de Derecho, la defensa de los derechos humanos y la cooperación entre profesionales del derecho en diferentes jurisdicciones en el mundo. A lo largo de sus casi ocho décadas de existencia, la IBA ha consolidado una red que incluye a más de 80,000 abogados y aproximadamente 190 asociaciones y colegios de abogados en más de 170 países.
La asociación desempeña un papel fundamental en la unificación de criterios legales y en el fomento de la cooperación internacional en cuestiones jurídicas, ayudando a enfrentar los desafíos globales con un enfoque colaborativo. Desde su fundación, ha trabajado activamente en la promoción de los derechos humanos, la modernización de los sistemas judiciales y el fortalecimiento de la ética profesional, consolidándose como una institución indispensable para la profesión legal.
Además, facilita la conexión entre profesionales del derecho de todo el mundo, promoviendo la colaboración en asuntos legales internacionales y el intercambio de conocimientos. Destaca como una plataforma clave para el desarrollo profesional, ofreciendo capacitaciones, seminarios y conferencias sobre temas legales contemporáneos y emergentes, permitiendo a los abogados mantenerse actualizados en un entorno legal en constante evolución. Su labor en áreas como la lucha contra la corrupción, el fortalecimiento de la ética profesional y la promoción de la justicia global la convierte en un referente esencial para el progreso del derecho a nivel global.
En este contexto de prestigio y relevancia, la elección del chileno Jaime Carey como presidente de la IBA marca un hito histórico. Carey es el primer chileno en liderar esta organización, y su mandato coincide con una época de cambios y retos globales en el ámbito del derecho. Carey cuenta con una larga trayectoria dentro de la asociación, habiendo ocupado cargos clave como el de presidente del Foro Regional Latinoamericano. Esta experiencia le ha permitido adquirir una visión amplia y estratégica de los desafíos que enfrenta la comunidad jurídica a nivel global.
En los 80 años de la existencia de la IBA, esta es la primera vez que un chileno es nombrado presidente de la asociación
Una asociación entre Chile e Italia
La presidencia de Carey también destaca por ser parte de una gestión compartida, algo inédito en la historia de la IBA. Junto con el italiano Claudio Visco, socio principal del bufete Lipani, Carey dividirá el mandato de dos años: liderará la asociación en 2025, mientras que Visco asumirá en 2026. Esta estructura colaborativa refleja la filosofía de la asociación: fomentar el trabajo conjunto, el intercambio de ideas y la cooperación internacional entre profesionales del derecho. En palabras de ambos presidentes, “la presidencia conjunta asegura orden, coordinación y continuidad, alineada con los principios fundacionales de la organización”.
La elección de Carey tiene un significado especial para América Latina, debido a que su liderazgo podría inspirar a más abogados latinoamericanos a involucrarse activamente en la IBA, enriqueciendo el debate internacional con perspectivas únicas y diversas. En su declaración oficial, Carey manifestó su intención de aumentar la visibilidad de América Latina en la comunidad jurídica internacional y de crear más oportunidades de interacción entre juristas de diferentes jurisdicciones. También señaló que desea fortalecer la presencia de la IBA en regiones como África y Asia, promoviendo un enfoque verdaderamente global y diverso.
Otro aspecto destacable de la presidencia de Carey es su enfoque en los derechos humanos y el Estado de Derecho. En colaboración con Visco, el chileno trabajará para reforzar la visión de los fundadores de la IBA, que busca promover y defender estos principios fundamentales en un entorno de cooperación global.
La significancia de que un chileno asuma la presidencia de la IBA también reside en el simbolismo de esta elección. Representa un reconocimiento al creciente protagonismo de América Latina en el ámbito jurídico internacional y refuerza la idea de que las soluciones globales requieren la participación activa de todas las regiones del mundo. Asimismo, pone de relieve el talento y la capacidad de los abogados latinoamericanos para liderar debates complejos y contribuir al desarrollo del derecho a nivel global.
La estructura de liderazgo compartido también ofrece una oportunidad única para que la IBA experimente con nuevas formas de organización y gobernanza. La colaboración entre Carey y Visco podría servir como un modelo para otras instituciones internacionales, demostrando que el liderazgo compartido puede ser efectivo para abordar los desafíos contemporáneos con una perspectiva más inclusiva y cooperativa.
El primer día del nuevo año se marca como hito en la historia del Derecho latinoamericano con el nombramiento de Jaime Carey como presidente de una asociación con tal historia y prestigio y que guía el quehacer de esta profesión.
Este cambio de liderazgo le da la oportunidad a estudios y abogados latinoamericanos en el ámbito internacional.
Es importante que asociaciones como la IBA se fijen en las situaciones y potenciales que se encuentran en continentes como America Latina, Asia y África, pues le permite al mundo legal expandirse más allá de lo que cualquiera podría imaginar
Ética: un compromiso con la sociedad
Llenando el vaso con experiencia
“La conciencia es como un vaso, si no está limpio ensuciará todo lo que se eche en él” (Horacio, poeta romano, Siglo I a.C.)
La ética desempeña un papel crucial en la profesión legal, funcionando como la base que sostiene la integridad, la justicia y la confianza en el sistema jurídico. Es por ello que su importancia no puede ser subestimada. Probablemente es una de las pocas profesiones en que hay Códigos de Ética que regulan normas de comportamiento de los abogados en todos los países y uno internacional, establecido por la International Bar Association: los “Principios Internacionales de Conducta para la Profesión Jurídica de la IBA”. Es un documento que establece principios éticos comunes para todos los abogados en el mundo, incluyendo temas de honestidad, integridad, confidencialidad, conflictos de intereses, intereses de clientes, honorarios, entre otros.
La ética es entonces un compromiso constante y fundamental para esta profesión, uno que se enseña desde la universidad y, como una reciente encuesta realizada por la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile pone en manifiesto, la formación ética tiene una alta valoración entre estudiantes, egresados y académicos dentro de la carrera de Derecho, lo que subraya su papel indispensable en el desarrollo de futuros profesionales.
Uno de los aspectos más relevantes que muestra la encuesta es que un 98% de los participantes considera “muy necesaria” la formación ética para los abogados, cifra que asciende al 99% entre los egresados. Este consenso refleja un reconocimiento colectivo de que la ética es un componente esencial en la educación jurídica. No se trata solo de proporcionar conocimientos técnicos y habilidades legales, sino de formar profesionales capaces de tomar decisiones responsables en un entorno marcado por dilemas morales y conflictos de intereses. La ética, en este sentido, actúa como un puente entre el conocimiento jurídico y la práctica profesional, garantizando que los abogados están preparados para enfrentar situaciones complejas con integridad y sensibilidad hacia las necesidades de la sociedad.
Sin embargo, la encuesta también destaca una preocupación significativa sobre el estado del control ético en la profesión. Un 91% de los encuestados opina que este control está “poco resguardado” en Chile, lo que plantea serios desafíos para la regulación y supervisión de la conducta profesional. Este dato es particularmente alarmante, ya que pone en evidencia una brecha entre la formación ética y su aplicación en la práctica diaria. La ausencia de mecanismos efectivos para garantizar el cumplimiento de los principios éticos afecta la reputación de la profesión, y deteriora la confianza del público en el sistema de justicia.
Mantener un actitud profesional ética es un desafío constante, especialmente considerando las situaciones a las que se enfrentan los abogados
Relacionando ética y excelencia académica
El Decano de la Facultad de Derecho, Pablo Ruiz-Tagle, enfatizó la importancia de abordar estas debilidades. Según sus declaraciones, la institución está comprometida con una formación integral que priorice la excelencia académica, la ética profesional y la responsabilidad social. Este enfoque es fundamental para formar abogados que sean competentes técnicamente, conscientes de su papel como agentes de cambio y defensores de los derechos fundamentales. Sin embargo, el camino hacia un control ético más robusto requiere una colaboración estrecha entre instituciones académicas, organismos reguladores y el gremio jurídico en general.
La relación entre la ética y la excelencia académica también fue destacada en los resultados de la encuesta. La excelencia académica fue identificada como la principal fortaleza de la Facultad de Derecho, mencionada por el 23% de los encuestados, seguida por el pluralismo (22%) y el servicio público (16%). No obstante, también se reconoció la necesidad de fortalecer la formación ética, lo que refleja una comprensión clara de que ambos aspectos están interrelacionados. Una formación académica de excelencia no puede considerarse completa sin un componente ético sólido que prepare a los estudiantes para abordar los desafíos morales inherentes a la profesión.
Y mantenerla es también un trabajo constante, ya que como dice el proverbio: “una buena reputación toma años para construirse, y se destruye en un momento”, lo que en Derecho es especialmente cierto ya que su ejercicio involucra muchas situaciones difíciles e incluso moralmente desafiantes. Tal y como dice Horacio, hay que mantener un vaso limpio, para poder transmitir y demostrar los valores que permiten manejar con confianza pública y privada, los problemas que tan directamente afectan a las personas, como lo son los legales.
Los abogados son conocidos por ser carismáticos, por ser analíticos, por estar profundamente comprometidos con la defensa, la justicia y el cumplimiento de la ley, participan en trabajos pro bono, ofreciendo servicios legales gratuitos a quienes no pueden costearlo, por contribuir al servicio comunitario y a la educación legal, entre otros. Por mucho que esta encuesta presente las preocupaciones de estudiantes y académicos, también muestra cómo los futuros abogados valoran la ética de su profesión no sólo como una obligación profesional sino como compromiso con los valores que sustentan nuestra sociedad.
Aprender acerca de la ética es un proceso que empieza desde el momento en que un estudiante comienza a estudiar Derecho, y que se pone a prueba a través de su carrera profesional
El hecho de que profesionales y estudiantes expresen dudas acerca de la ética del Derecho indica problemas dentro del sistema, pero también indica que hay personas dispuestas a enfrentarse a esos desafíos.
La Educación Continua como Clave del Éxito
Aprendiendo y Adaptándose
En un mundo en constante cambio, donde las leyes, regulaciones y tecnologías evolucionan a un ritmo acelerado, la educación continua se ha convertido en un pilar fundamental para los abogados que desean mantenerse relevantes y competitivos en su campo. La práctica del derecho exige un profundo conocimiento de la ley y la capacidad de adaptarse a nuevas realidades y desafíos a una velocidad cada vez mayor.
Y para esto la educación continua, antiguamente una realidad para los académicos y profesionales que necesitaban especializarse en ámbitos específicos, es una herramienta cada vez más necesaria. Más aún debido a la naturaleza competitiva de esta profesión donde cualquier abogado sabe que, camarón que se duerme se lo lleva la corriente, como se dice popularmente.
Uno de los aspectos más relevantes de la educación continua es la adaptación a las nuevas tecnologías. En la actualidad, las herramientas digitales han transformado la forma en que se realiza la práctica legal. Desde la gestión de documentos hasta la investigación jurídica, los abogados deben estar familiarizados con software y plataformas que optimizan su trabajo. La formación constante les permite entender cómo utilizar estas herramientas de manera eficiente, y comprender las implicaciones legales de su uso, como la protección de datos y la privacidad, temas que están cobrando cada vez más relevancia en el ámbito jurídico.
Además, fomenta el desarrollo de habilidades interpersonales y de gestión que son cruciales para el éxito en el campo legal. La capacidad de comunicación efectiva, la negociación y la empatía son habilidades que se pueden perfeccionar a través de cursos y talleres.
Otro factor importante es la especialización. El mercado laboral actual demanda cada vez más abogados que tengan conocimientos específicos en áreas como derecho ambiental, derecho tecnológico, propiedad intelectual, entre otros. La educación continua permite a los profesionales profundizar en estas áreas, haciéndolos más atractivos para los empleadores y clientes. Un abogado especializado no solo es capaz de ofrecer un servicio más completo y de calidad, sino que también puede posicionarse como un referente en su campo, lo que a su vez puede abrirle puertas a nuevas oportunidades laborales y de negocio.
Mantenerse en este campo laboral tan competitivo requiere atención y actualización por parte de los profesionales, y la educación continua permite a los abogados actualizar sus conocimientos disciplinares y adquirir habilidades adicionales que son cada vez más valoradas en la práctica legal.
No hay tal cosa como conocimiento inútil cuando uno trabaja, todo tiene su uso.
Educándote de forma constante
Esta capacidad de integrar conocimientos y de hablar “idiomas interdisciplinares”, puede verse reflejada incluso en las series televisivas que muestran el campo laboral en el ámbito del Derecho. Como ejemplo dos de estas series populares: “How to Get Away with Murder”: donde Annalise Keating es una profesora de derecho y abogada defensora que utiliza habilidades de investigación académica y de estrategias que van más allá del ámbito legal, involucrando la psicología y la narrativa para solucionar sus casos y “Suits”, donde el personaje de Mike Ross, a pesar de no tener título de abogado, aporta a través de su memoria fotográfica y su capacidad de comprender el comportamiento humano (sociología y antropología implícitas como disciplinas).
Estos ejemplos son extraordinarios porque si bien son series ficticias, tienen en común una característica imprescindible del profesional contemporáneo: no hay tal cosa como conocimiento inutil. Estas series muestran la vida de los abogados en el desarrollo de sus carreras profesionales, y también destacan cómo las habilidades interpersonales y la comprensión del comportamiento humano y otras disciplinas complementarias o distintas, pueden ser cruciales para el éxito en la defensa de los casos. A través de estos personajes, se ilustra que ser un abogado efectivo en el mundo que vivimos, va más allá del conocimiento técnico del derecho; implica también la habilidad de conectar con otras disciplinas y diferentes profesionales y ser capaces de navegar por el complejo entramado de emociones, características y motivaciones que influyen en el sistema legal.
Por último, la educación continua es un compromiso con la ética profesional. Los abogados tienen la responsabilidad de ofrecer a sus clientes el mejor asesoramiento posible, y eso implica un esfuerzo constante por mantenerse informados y capacitados. La falta de actualización puede llevar a errores que afecten a clientes, y a la reputación del abogado y de la profesión en general. Al invertir en su formación, los abogados muestran su compromiso con la excelencia y la integridad, características que son esenciales para mantener la confianza del público en el sistema legal.
La educación continua es, más que una opción, una necesidad para los abogados en el actual mercado laboral. Las exigencias de un entorno cambiante, la necesidad de especialización, el desarrollo de habilidades interpersonales y la construcción de una red de contactos son algunos de los beneficios que se obtienen al comprometerse con el aprendizaje a lo largo de la vida. En un mundo donde el conocimiento es poder, los abogados que eligen no detenerse en su formación son aquellos que se posicionan mejor para enfrentar los desafíos del futuro y brindar el servicio que sus clientes merecen.
No solo se trata de temas técnicos, habilidades sociales también son muy importantes para cualquier abogado en todo ámbito.
No hay tal cosa como conocimiento inútil, todo tiene su uso y es importante para cualquier profesional estar dispuesto a escuchar y aprender acerca de lo que otros pueden enseñar.