Debido al movimiento #MeToo se ha creado una gran conciencia sobre el problema del abuso de poder en el lugar de trabajo, lo que ha llevado no sólo a parar y castigar situaciones como esas, sino que a la promulgación de muchas leyes para darles marco legal, desde la perspectiva del individuo. En esa misma línea el Gobierno chileno implementará la Ley N°21.643, también conocida como la Ley Karin, nombrada en honor a Karin Salgado, quien se suicidó producto de este tipo de abuso. Esta ley dará un nuevo marco de apoyo y protección a personas que sufren acoso laboral en Chile y pretende prevenir este tipo de situaciones en mayor medida, introduciendo una serie de cambios.

Aborda la prevención, investigación y sanción de la violencia y abuso a personas en su empleo. Una de sus principales exigencias es la existencia de protocolos en todo lugar de trabajo, no importando tamaño ni número de empleados, sobre el tema. Estos protocolos deben dar pautas y mecanismos claros que permitan la identificación de riesgos, la capacitación continua a los trabajadores, procedimientos de denuncia y procesos de investigación que sean imparciales, confidenciales y se realicen con celeridad.

La ley protege los derechos de los denunciantes, exigiendo procedimientos de protección a las víctimas y atención oportuna en ámbitos legales, psicológicos y otros necesarios para enfrentar un proceso de buena manera.

Por otro lado da seguridad a los denunciados, garantizando un debido proceso, justo con capacidad de presentar su versión y defenderse en forma adecuada y por supuesto y en coherencia con la ley general, debe considerarse inocente hasta que se pruebe lo contrario.

En este plano y en cuanto a su puesta en marcha, Claudio Reyes, subsecretario de Previsión Social, afirma que la razón por la cual tanto el denunciante como la persona denunciada no son anónimos es para prevenir el abuso de esta ley y evitar las denuncias falsas, advirtiendo que: “Si alguien quiere presentar una denuncia con el único propósito de causar daño, también será objeto de sanción”.

El cambio de foco de derechos laborales grupales que afectan a cada persona,  al de abordar casos netamente individuales y únicos con impactos genéricos, es un gran paso en pos del bienestar de cada uno de los empleados, como lo está haciendo la Ley Karin, que aborda la protección con este punto de vista. Es por lo mismo un gran cambio en la cultura de las relaciones laborales y amplía el rango y abanico de casos y situaciones, lo que será un cambio también para los abogados laboralistas que los abordan. Pero todo cambio importante conlleva este tipo de incertezas y los profesionales de la ley, trabajadores y empleadores, deben colaborar para que sea un éxito en pos de un ambiente laboral más seguro, garante de la dignidad individual y libre de acoso y violencia.

Pero, ¿cuáles son estas expectativas? Según Óscar Fernández León, Decano del Ilustre Colegio de Abogados de Sevilla, hay varios elementos que se esperan de un juez para que la relación entre ellos y los abogados funcione eficientemente:

La primera y más importante expectativa para un juez es que esté informado, se espera que cada juez esté bien informado sobre los casos que lleva, para tener una imagen lo más completa posible de las circunstancias y posibles complicaciones del caso, lo que también significa que son capaces de resolver cualquier trámite procesal establecido de manera imparcial.

La segunda expectativa de un juez es su atención, manteniendo una actitud de atención plena y escucha activa durante la intervención de los letrados, para que puedan intervenir de manera asertiva cuando los abogados o los fiscales están mal usando argumentos, desviándose de su argumento o en cualquier otro caso que pueda inclinar injustamente la conclusión a favor de uno u otro a través de métodos ilícitos.

Y finalmente, la tercera expectativa, según Óscar Fernández León, es su actitud. Se espera que un juez sea firme en la sala del tribunal, para mantener la autoridad y asegurar que todos los procedimientos se realicen correctamente, pero también se espera que coordine y se comunique con los letrados de manera cordial y respetuosa para promover un procedimiento paciente y racional incluso en circunstancias estresantes.

Estos tres factores clave son necesarios para mantener una relación eficiente con los diversos abogados con los que los jueces interactúan en un juicio tras otro e incluso día a día. Se espera que cada abogado, independientemente de si es el defensor o el fiscal, descubra todas las pruebas y argumentos posibles para obtener el resultado que desean, por lo que algunos abogados utilizarán cualquier estrategia que sientan que pueden salirse con la suya, lo que significa que la necesidad de la intervención del juez es muy importante.

Estar bien informado, mantener tanto su atención como una actitud paciente y diligente frente a miles de juicios no es poca cosa para pedir a alguien, puede que sea imposible, pero en esta era de constante exposición e información abierta, es importante que el juez, el tercer y imparcial actor, se destaque como el intermediario para asegurar que se haga justicia.

La década de 1990 estuvo marcada por varios tratados clave que definirían la actitud futura hacia el manejo de las ADM, incluido el Tratado de Reducción de Armas Estratégicas (START I) en 1991, que redujo significativamente las armas ofensivas estratégicas entre los Estados Unidos y la Unión Soviética. Mientras tanto, las armas químicas serían oficialmente consideradas ilegales a través de la Convención sobre Armas Químicas de 1993, que prohibió el desarrollo, producción, adquisición, almacenamiento, retención, transferencia o uso de armas químicas y ordenó la destrucción de los arsenales existentes. Mientras tanto, comenzaron a formarse iniciativas tendientes al desarme, como el Tratado de Prohibición Completa de Pruebas Nucleares propuesto en 1996, que prohibía todos los ensayos nucleares con fines tanto civiles como militares. Aunque muchos países no lo han ratificado, y países como Rusia se han salido de este tratado, significó un paso importante de concientización internacional frente a las ADM.

Esto nos lleva al siglo XXI, en el que el compromiso global continuo para controlar y, en última instancia, eliminar las ADM (a través de una combinación de medidas de desarme, no proliferación y verificación), ha llevado a tratados y acuerdos internacionales, tales como el Tratado de Moscú, firmado en 2002 entre los Estados Unidos y Rusia para reducir sus ojivas nucleares estratégicas almacenadas. 

Otra de estas iniciativas es la Convención Internacional para la Supresión de Actos de Terrorismo Nuclear, adoptada en 2005, para prevenir el terrorismo nuclear y mejorar la cooperación internacional contra esta amenaza. El Tratado de Reducción de Armas Estratégicas (Nuevo START) en 2010, para reducir aún más la cantidad de bombas nucleares estratégicas y sistemas de lanzamiento, y el Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares, adoptado por las Naciones Unidas en 2017, que representa el primer acuerdo internacional legalmente vinculante para prohibir de manera integral las armas nucleares con el objetivo de llevar hacia su eliminación total.

Estos marcos legales internacionales, son fundamentales para establecer normas  claras y efectivas en el control de armas de destrucción masiva. Ayudan a concientizar sobre sus peligros, prevenir conflictos, reducir riesgos de proliferación, proteger contra amenazas terroristas y promover la estabilidad internacional a través del desarme y la no proliferación. En esta época post pandémica, de una llamada por algunos, segunda guerra fría, y con tantos conflictos internacionales, la labor de los abogados de Derecho Internacional en esta tarea es especialmente crítica.

Nadie olvidará jamás el día en que Hiroshima y Nagasaki fueron bombardeadas y el horror que se vivió durante y después del lanzamiento de las bombas atómicas. Y el peligro de repetir ese desastre sigue latente. Es, a través de la ley y la comprensión de las consecuencias del mal uso de las ADM que se puede lograr la eliminación de estas armas a través del desarme y la no proliferación, y prevenir al menos esa forma de fin del mundo.

Las leyes electorales, definidas por la rama del Derecho electoral, norman el sistema electoral de cada Estado. Esto puede incluir sistemas como el voto mayoritario simple, la representación proporcional, el voto indirecto o preferencial, la distribución de escaños y representación, entre otros.   

También regulan quién tiene derecho a votar y los requisitos para registrarse como votante. Estas leyes pueden incluir requisitos de edad, residencia, ciudadanía y otros criterios que determinan la elegibilidad para participar en las elecciones. Asimismo regula los requisitos para los candidatos, condiciones para ser elegible y derechos y deberes con que cuentan durante esas candidaturas.

Además protegen el derecho al voto libre e informado, garantizando el derecho al voto de los ciudadanos y protegiendo contra la discriminación o la intimidación electoral, lo que puede incluir medidas para asegurar la privacidad del voto, la accesibilidad para personas con discapacidades y la prevención del fraude electoral.

Se encargan de la regulación de campañas y financiamiento político, regulando ingresos y egresos de las campañas políticas, los límites de gastos, la transparencia en el financiamiento y la publicidad electoral. Estas regulaciones buscan garantizar la equidad entre los candidatos y partidos y prevenir la influencia indebida del dinero y poderes de algún sector en la política.

Por último son las responsables de establecer procedimientos para la resolución de disputas electorales, incluyendo la revisión de resultados, el manejo de quejas y la celebración de nuevas elecciones en caso de irregularidades graves o empates técnicos.

Los sistemas de votación y cómo se norman son una parte basal de nuestra democracia. La Revolución Francesa en 1792 partió quitando el poder al rey y entregando el voto al pueblo, sin ley ni regulación sino sólo por derecho. El hecho de no tener un marco regulatorio claro permitió a Napoleón Bonaparte volver a establecer un poder absoluto, con él como emperador, destruyendo la primera república francesa, de la época moderna.

Así de importante y estructural es esta relación entre el sistema político amplio y su regulación. Lo que partió en la antigua Grecia como un sistema de organización netamente político-social, hoy es intrínsecamente legal también y es crucial que los abogados que se especializan en esta área tengan claridad sobre lo que sus conciudadanos consideran como sistema representativo, equitativo y justo y las leyes y Constitución que lo rigen.

Otro ejemplo notable es el del Movimiento por los Derechos Civiles, uno de los ejemplos más conocidos de protestas no violentas en los Estados Unidos, que buscó poner fin a la segregación racial y la discriminación contra los afroamericanos y asegurar el reconocimiento legal y la protección federal de sus derechos de ciudadanía. Estas protestas llevaron a cambios legislativos significativos base de numerosos transformaciones aplicadas a diferentes grupos hasta hoy, como la Ley de Derechos Civiles de 1964, que prohibió la discriminación basada en raza, color, religión, sexo u origen nacional. La Ley de Derechos Electorales de 1965, que eliminó las barreras para votar para los afroamericanos, como las pruebas de alfabetización y los impuestos electorales. Y luego estaba la Ley de Vivienda Justa de 1968, que prohibió la discriminación en la venta, alquiler y financiamiento de viviendas, por cualquiera de los motivos anteriormente descritos.

Todos estos derechos fueron cruciales para muchas personas en el país y, lamentablemente, si bien se organizaron como manifestaciones pacíficas, se encontraron con oposiciones violentas. Ejemplos como el Boicot de Autobuses de Montgomery, provocado por el arresto de Rosa Parks por negarse a ceder su asiento en el autobús a una persona blanca, la Marcha en Washington por el Trabajo y la Libertad, donde Martin Luther King Jr. pronunció el discurso mencionado anteriormente  “Tengo un sueño”, y las Marchas de Selma a Montgomery en pro de la demanda de derechos de voto para los afroamericanos, fueron todas recibidas con resistencia violenta de las autoridades. Pero se mantuvieron firmes y lograron con enorme esfuerzo y pérdidas, leyes que cambiarían el mundo.

Un tercer ejemplo es el Movimiento contra la Guerra de Vietnam. Las manifestaciones pacíficas masivas contra ese conflicto produjo una enorme presión sobre el Gobierno de EEUU aunando el descontento del público, no sólo por sus razones y desarrollo, sino también por la injusticia que se cometía contra los  jóvenes que y eran reclutados para luchar en la guerra desde los 18 años pero no podían votar hasta los 21. Esto los hacía incapaces de influir en nadie o votar por alguien para representarlos en el Congreso, organizaciones que regían el mismo Estado que los estaba enviando a arriesgar sus vidas. En 1954, el presidente Dwight D. Eisenhower se convirtió en el primer presidente de los Estados Unidos en apoyar públicamente el voto de las personas a partir de los 18 años. Esto basado en la petición del movimiento que pregonaba la siguiente idea: “Si una persona es lo suficientemente mayor para luchar, es lo suficientemente mayor para votar”, y así, en 1971, se redujo la edad para votar y cambió la 26ª Enmienda de su constitución.

Los movimientos actuales, como por ejemplo el LGTBIQ+ y los derechos de los homosexuales lograron la ley del matrimonio igualitario para EEUU con marchas pacíficas anuales. El movimiento ME TOO, por su lado, con movimientos sociales y manifestaciones pacíficas de todo tipo, ha logrado enormes progresos en la prevención de acoso sexual y leyes que protegen a las mujeres en sus trabajos y vidas personales, y han hecho grandes avances en cuanto a leyes que resguardan los derechos de minorías y de las mujeres en Estados Unidos.

La historia de las organización masiva pacífica en los Estados Unidos de América es un poderoso ejemplo de los ciudadanos de una nación examinándose a sí mismos y defendiendo lo que creen. Afortunadamente, no son los únicos. Las manifestaciones ocurren en todas partes a lo largo de la historia y del planeta, por una variedad de razones, como el Movimiento de Independencia de la India, el Movimiento contra el Apartheid en Sudáfrica, la Revolución de Terciopelo en Checoslovaquia y otros. Estos son todos buenos ejemplos de lo importante que puede ser el poder de las personas unidas en torno a una idea que cambie las leyes para mejorar el desarrollo de la sociedad en la que viven.

Sin contar con todos los dilemas ético religiosos involucrados en el hecho de quitar la vida a una persona, uno de los principales argumentos en contra es la perspectiva del resguardo legal a los derechos humanos, que no distingue condición ni circunstancia. La pena de muerte se considera una violación fundamental del derecho a la vida y la prohibición de tratos o castigos crueles e inhumanos. Muchos, incluyendo organizaciones como Amnistía Internacional, argumentan que ninguna entidad, incluyendo el Estado, tiene el derecho moral de quitar la vida a una persona. Además, existen casos de riesgo de errores judiciales. La posibilidad de condenar a muerte a una persona inocente debido a errores en un proceso judicial, pruebas falsas, o mala praxis legal, es una preocupación grave. Esto no es un tema hipotético, hay casos documentados de personas que han sido exoneradas después de pasar años en los llamados corredores de la muerte, ilustrando el peligro de ejecutar a inocentes.  

Es por esto que la gran mayoría de los países desarrollaron prohibiciones estrictas ante la pena de muerte. Los países pertenecientes a la Unión Europea o a  América Latina, Canadá, Australia y Nueva Zelanda son algunos ejemplos de naciones que han prohibido esta medida casi en su totalidad.

Hay voces muy prominentes del mundo del derecho, que están expresando su opinión en contra de este castigo públicamente, ya que consideran que no está sintonizada con los valores actuales. 

Navanethem Pillay, la primera mujer no blanca en abrir un estudio de abogados en Kwazulú-Natal, Sudáfrica y la primera mujer en servir como jueza en el Tribunal Supremo de Justicia de Sudáfrica, hizo notar que “La pena de muerte no es disuasoria. Nadie ha podido aún demostrar que en aquellos países donde hay ejecuciones, haya menos crímenes.” y describe que “la pena de muerte no tiene cabida en la era moderna”. También hay casos como el de Stephen Breyer, un ex-juez de la Corte Suprema de Estados Unidos quien hizo notar que “En mi opinión no puedes tener tanto un sistema que básicamente sea justo, que trabaje de forma honesta y trate a la gente igualitariamente, y al mismo tiempo tener la pena de muerte. He visto esto por 20 años.”

Y también hay casos de naciones que aún no logran tomar una decisión definitiva, como India, que aunque mantiene la pena de muerte sólo la aplica en casos excepcionales, y Rusia, que mantiene una moratoria sobre la pena de muerte desde 1996, lo que significa que no se han llevado a cabo ejecuciones, pero no ha abolido formalmente la pena capital.

¿Es la muerte la solución y el castigo merecido para quien comete delitos considerados capitales? ¿Protege efectivamente de delitos la posibilidad de perder la vida? ¿Es por maldad, problemas mentales o problemas sociales que se llega a casos como estos? Es un debate legal y ético que ha tenido a lo largo de la historia detractores y partidarios, pero que en momentos tan convulsionados como los actuales, vuelve a adquirir importancia….

Hay ejemplos más liberales de cómo manejar las armas de fuego como el caso de Estados Unidos. Tiene reputación de ser un país que permite adquirir armas con facilidad, pero la realidad es que las regulaciones para este tipo de armamento si bien son laxas, varían dependiendo del estado. Zonas como California y Nueva York tienen leyes estrictas sobre la posesión y el uso de armas, mientras que Texas y Arizona son mucho más permisivos. Pero aún los más restrictivos, se encuentran con el problema de la Segunda Enmienda de la Constitución de EE. UU., ratificada en 1791, que establece: “Siendo necesaria una milicia bien regulada para la seguridad de un Estado libre, el derecho del pueblo a poseer y portar armas no será infringido”. Las armas, para muchos estadounidenses, son un símbolo de libertad y poder individual, causando casos alarmantemente frecuentes de abuso de ellas.

También hay ejemplos completamente opuestos, como el de Japón, bien conocido por su extrema regulación legal y cultural. En el país sólo se permite la posesión de armas de caza y deportivas, y obtener una licencia es un proceso largo y complicado que incluye evaluaciones psicológicas, verificaciones de antecedentes y pruebas de aptitud. Culturalmente hablando la sociedad japonesa valora la seguridad y la cohesión social, y la posesión de armas es vista no sólo como innecesaria para la defensa personal, sino que también son asociadas con peligro y violencia activa. Por lo tanto, se tiende a desconfiar de la gente que porta cualquier tipo de arma, pues se les enseña desde muy jóvenes a valorar la seguridad colectiva.

Estos dos casos, opuestos absolutos en su legislación y respuesta social ante las armas de fuego, son el blanco y negro de una larga escala de grises al respecto, que incluyen tanto la legislación como la forma de verlo culturalmente. 

Un buen ejemplo de cómo influye la cultura en el manejo de armas es Suiza donde hay un alto porcentaje de acceso a armas de fuego de su población, que responde a su tradición de servicio militar obligatorio, lo que implica que muchas personas sepan usarlas y decidan conseguir una para protección personal. Aun así hay leyes estrictas sobre el registro y uso de armas. Los ciudadanos deben pasar verificaciones de antecedentes y obtener permisos para poseer armas. Las armas automáticas están prohibidas, y existen restricciones sobre el tipo de munición que puede usar una persona natural.

También hay casos como los de Australia, donde eventos trágicos cambiaron leyes en este tema. La masacre de Port Arthur en 1996, en la que 35 personas murieron y 23 resultaron heridas, llevó a una reforma radical de las leyes de armas en el país. Tras la masacre, el gobierno australiano implementó leyes de control de armas muy estrictas, prohibiendo rifles semiautomáticos y escopetas automáticas. Obtener una licencia en Australia, después de este evento es un proceso riguroso que incluye evaluaciones psicológicas, verificaciones de antecedentes y pruebas de aptitud. Todas las armas deben ser registradas, y los propietarios deben justificar la necesidad de poseerlas, generalmente para la caza o el tiro deportivo.

Es irónico que los alquimistas chinos, que por primera vez crearon pólvora buscando el elixir de la inmortalidad, sean recordados por haber aumentado el poder de aniquilación de vida exponencialmente, sin capacidad de entender lo mucho que cambiaría el mundo su búsqueda.

Hoy, en una sociedad post pandemia, cada vez más violenta e insegura y donde incluso adolescentes y niños tienen acceso a armas, el debate sobre su uso y tenencia es cada vez mayor y la respuesta cada vez más compleja. Las leyes y el marco normativo deben ser capaces, en ese contexto, de dar una solución equilibrada para cada país, entorno cultural y derechos y deberes no sólo de quienes compran sino que la sociedad  en que se usan.

El problema inició cuando se usó herramientas de IA para imitar o crear guiones, textos, libros, imágenes, etc. por su propia cuenta. Esto causó conflictos con autores que vieron peligrar su trabajo, llevando incluso a huelgas  para evitar su uso sin regulación.

Pero la controversia se volvió peligrosa cuando empezaron a usar la herramienta no para crear narrativas ficticias o imágenes inocentes, sino para recrear las imágenes de personas reales, sin su consentimiento para intereses ajenos, o para crímenes como extorsión por ejemplo.

Este tipo de transgresiones desataron discusiones en todo el mundo, sobre el uso no autorizado de información y la falta de marco legal para controlarlo. Casos como el mal uso de la voz de Scarlett Johansson, la creación de imágenes íntimas falsas de estudiantes menores de edad en varios colegios alrededor del mundo y preocupaciones por el uso de datos privados para desarrollar la IA, como en el caso de Meta, son sólo algunos ejemplos de lo que se está convirtiendo en un problema descontrolado. 

El mal uso de la información en el espacio digital lamentablemente no es nuevo, pero con la IA está alcanzando nuevos límites en su mal uso y daño a la imagen y relaciones de las personas. Los deepfakes, por ejemplo, son imágenes o vídeos manipulados que parecen increíblemente reales. Estas tecnologías pueden ser utilizadas para difamar, acosar o engañar a otros, creando un sinfín de problemas legales y éticos. Escenarios hipotéticos donde un video falso de personas influyentes haciendo declaraciones o pidiendo acciones de subalternos, entre otros ya son reales, y pasan con una frecuencia cada vez más alarmante. La desinformación resultante podría tener consecuencias desastrosas, desde afectar elecciones hasta incitar violencia, robos o delitos peores. 

Complicando aún más el tema está el hecho de que la respuesta legal mundial ha sido comparativamente lenta, aunque hay casos como los de la Unión Europea que previno el daño que la inteligencia artificial podría hacer sin regulaciones, e  implementó legislaciones para prevenir que las empresas a cargo de la herramienta pudieran utilizar información personal, como por ejemplo nacionalidad, apariencia física, sexualidad u otros, para construir bases de datos. Pero en general en el mundo todavía se está discutiendo cuáles deberían ser las leyes relacionadas y cómo deberían aplicarse para no coartar la capacidad de las empresas de avanzar con esta innovación. La rápida evolución de la tecnología ha superado la capacidad de reacción de legisladores y abogados, para proteger adecuadamente los derechos de los individuos. Esto probablemente se constituya en uno de los principales desafíos y responsabilidad, del futuro próximo para ellos.

Mientras tanto, el auto cuidado y conocimiento son las principales medidas preventivas para evitar estas situaciones, y el llamado a los profesionales en especial a los abogados es urgente. Es un balance delicado entre capitalizar lo que claramente va a ser una de las innovaciones más importantes del mundo contemporáneo y normar para no destruir a la sociedad a la que se supone que sirve. 

Las preguntas para el estudio, fundación, entidad, empresa u otro, deben enfocarse en ayudar al candidato a entender los objetivos del lugar y demostrar que tiene interés en su estado actual, en la competencia que pueda tener en su área de trabajo y en su cultura laboral, o cualquier otro específico del lugar. 

Preguntas como ¿Cuáles son los tres objetivos principales de la compañía (u otro)?, ¿Qué estrategias usan para atraer y mantener clientes?, ¿Cómo describirías la cultura del estudio?, ¿Cuáles son las principales competencias en el área de la empresa (u otro)? y ¿Cuáles son los planes de crecimiento o desarrollo de la compañía (u otro), dentro de tres a cinco años?, son muy importantes para demostrar interés. Saber cómo plantearlas y hacerlas específicas, demuestra que el candidato conoce la historia y está interesado en el futuro del estudio, entidad, empresa etc., y en cómo puede apoyar y aportar a la evolución laboral de ésta.

Por otro lado, las preguntas para el entrevistador deben dirigirse para que el candidato pueda entender qué clase de habilidades blandas y perfil psicológico están buscando para el cargo y si se puede integrar bien al equipo o no. También le permite al candidato demostrar que está interesado en el equipo humano que compone el grupo al que se va a integrar y de lo que se espera de ellos no solo desde el punto de vista técnico, sino también personal. Preguntas como ¿Qué tipo de personas logran triunfar en esta compañía?, ¿Porqué te uniste tú a esta organización? y ¿Qué es lo que más te gusta de la gente, trabajando aquí?, entre otras demuestran esta inquietud. Si el candidato conoce los antecedentes de quien o quienes realizan la entrevista, puede hacerlas directas y mostrar al entrevistador su compatibilidad con los valores de la organización y de buscar la mejor forma de integrarse bien al equipo.

Y finalmente las preguntas centradas en el puesto de trabajo deben tender a que el candidato aprenda más de lo que se espera de sus habilidades disciplinares y técnicas. Incluso conociendo los requisitos siempre existen responsabilidades adicionales y/o complementarias y hacer estas preguntas le permite al candidato mostrar más ejemplos de sus conocimientos y características. Preguntas como ¿Cuáles son las tres cosas más importantes que una persona en este trabajo necesita hacer muy bien?, ¿Qué contribuciones realiza este trabajo a los objetivos de la compañía?, ¿Cuál es el típico desarrollo profesional dentro de la compañía para una persona que empieza en este tipo de posición? y ¿Hay alguna pregunta que debería hacerse sobre esta posición y que no estoy haciendo? apuntan en este sentido. Este tipo de preguntas, bien contextualizadas y especificadas, le indican al entrevistador que el candidato es proactivo en prepararse para las responsabilidades relacionadas con la oferta y le permite al candidato demostrar su experiencia a través de ejemplos concretos.

Una entrevista es un momento clave para demostrar las habilidades y conocimientos declarados en el CV y hay que prepararla en consecuencia Esta preparación no sólo refiere a la persona del candidato, sino al abogado en relación con el posible lugar de trabajo y de desarrollo profesional. Por lo mismo debe ser una parte activa, que busca no sólo saber acerca de sus posibles responsabilidades, remuneraciones y áreas de desarrollo, etc. sino también del equipo al que se va a unir, los aportes que puede hacer, entre otros. Si un candidato quiere convertirse en parte de un nuevo grupo y lugar de trabajo, debe demostrar que es la mejor opción y tomar la iniciativa es uno de los pasos fundamentales para realizarlo.

Pero lo que una vez fue una serie de medidas aceptadas llegaron hasta tal punto que empezaron a enfrentarse a otros derechos y leyes: como aquellas contra la fuerza excesiva, diseñadas para prevenir el abuso de poder por parte de las autoridades y garantizar que el uso de la fuerza sea proporcional, necesario y legal. Estas leyes son fundamentales para la protección de los derechos humanos y para mantener la confianza pública en las instituciones de seguridad. Una característica clave de estas leyes es la regulación estricta del uso de la fuerza. Esto incluye normas claras sobre cuándo y cómo se puede usar la fuerza, así como la prohibición de ciertos métodos considerados excesivos o inhumanos. Por ejemplo, la Convención contra la Tortura de las Naciones Unidas prohíbe la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes.

Las leyes contra la fuerza excesiva también establecen mecanismos para investigar y sancionar casos de abuso. Esto puede incluir la creación de órganos independientes encargados de supervisar las actividades de las fuerzas del orden y garantizar que se respeten los derechos humanos. Además, se promueve la rendición de cuentas a través de procedimientos legales que permiten a las víctimas de abusos buscar justicia. Las directrices sobre el uso de la fuerza de la ONU establecen principios básicos para los cuerpos de seguridad, que enfatizan la necesidad de que el uso de la fuerza sea proporcional, necesario y en conformidad con los derechos humanos.

Esto pone a toda sociedad que busca combatir la violencia en un conflicto interno, el cual se basa en una sola pregunta: ¿Cuál es la respuesta apropiada? Sí los esfuerzos de la gente encargada son muy pobres no podrán hacer nada antes de que se pierdan miles de vidas, pero sí la respuesta es excesiva lo único que creará será terror y resentimiento contra las fuerzas locales, lo que irónicamente puede terminar ayudando a quienes ejercen este tipo de actos violentos.

El equilibrio entre ambos marcos legales, entre los derechos humanos y la seguridad social, no es fácil de conseguir. Casos como los de Edward Snowden antiguo miembro de la CIA, que el año 2013 reveló entre otros documentos, pruebas de programas de vigilancia masiva en USA, caso que aún se debate si es una irrupción en seguridad nacional de eses Estado, o derecho del público a conocer estas intromisiones en su vida privada.

Pero por lejos el elemento más complejo de este tema es el hecho de que no hay una respuesta aplicable a todos los casos y muchas veces la correcta solución sólo puede analizarse posterior a los eventos, con consecuentes pérdidas de vida, materiales y terror social.

Lo más probable es que cada persona tenga una postura, en un tema tan delicado y con tanto impacto social como este. Pero para tener una solución es muy importante tratar de encontrar un justo equilibrio, que cuando hay violencia, vidas humanas y pérdidas materiales de por medio es difícil de comprender y de proteger.