No obstante, esta práctica legal puede volverse ilegal si no se cumplen ciertas condiciones. Uno de los errores más comunes es la difusión de la grabación, ya sea con fines maliciosos o por imprudencia, como compartirla con personas ajenas al caso “de confianza”. 

En Chile por ejemplo, aunque la grabación en sí sea legal, su difusión puede vulnerar derechos fundamentales como el derecho al honor o la intimidad, incurriendo en un delito recogido en el artículo 197 del Código Penal. Si además, quien graba no participa en la conversación, la situación es aún más grave, ya que estamos ante una vulneración directa del secreto de las comunicaciones, un delito penado con prisión de uno a cuatro años, en este país, además de multas significativas.

Más allá de la legalidad, el uso de grabaciones en el ámbito laboral plantea un dilema ético. ¿Es correcto grabar a alguien sin su conocimiento, incluso si se está sufriendo una situación de abuso? La legalidad de una acción no siempre implica probidad ética, y es aquí donde la ponderación entre derechos cobra especial importancia. Los tribunales se han pronunciado al respecto en múltiples ocasiones, evaluando caso por caso y considerando factores como la existencia de un interés superior, la proporcionalidad de la medida y la finalidad con la que se realiza la grabación.

En este sentido, se han admitido grabaciones como prueba aun cuando la persona que graba no haya sido parte activa en la conversación, si la intención era proteger un interés superior. Un ejemplo claro es el de un padre o madre que graba conversaciones para demostrar la negligencia del otro en el cuidado de sus hijos. En este tipo de situaciones, el interés del menor puede prevalecer sobre el derecho a la intimidad del adulto, justificando la admisión de la grabación como prueba lícita.

Del mismo modo, en el entorno laboral, cuando se trata de probar un acoso sistemático o situaciones de violencia verbal o psicológica, la jurisprudencia ha sido progresivamente más sensible a la necesidad de proteger a la víctima. Aunque se insiste en la importancia de cumplir con los requisitos legales (la grabación debe ser clara, no manipulada, relevante y no difundida), los jueces han reconocido el valor probatorio de estas evidencias en numerosos casos.

El riesgo, sin embargo, sigue existiendo. La presencia de un dispositivo de grabación puede tensar aún más una situación ya conflictiva. Si la persona percibe que está siendo grabada, puede reaccionar de forma agresiva, agravando la situación o incluso impidiendo la obtención de la prueba. Por ello, tanto Lorente como Acerete coinciden en la necesidad de actuar con precaución y consultar previamente con un especialista en derecho laboral. Uno debe protegerse legalmente y al mismo tiempo asegurarse de que la prueba pueda ser realmente útil y no cause más problemas de los que intenta solucionar.

También es importante señalar que la evolución de la jurisprudencia en varios países ha ido afinando cada vez más su análisis en estos casos. Por ejemplo, en España la sentencia del Tribunal Supremo n.º 145/2023, de 2 de marzo destaca que no se puede grabar una conversación ajena sin ser partícipe de la misma, salvo autorización judicial o consentimiento expreso de alguno de los interlocutores. Este criterio sigue la línea del Tribunal Constitucional en su fallo 114/1984, que establece que el derecho al secreto de las comunicaciones sólo puede ser vulnerado cuando exista un interés superior que lo justifique.

¿En qué situaciones de vulneración de derechos, el fin justifica los medios? No hay una respuesta fácil y en un medio en que estas vulneraciones finalmente se han entendido como tales y en que los medios probatorios son extremadamente difíciles, es peor aún. Además hay que resguardar a la víctima que en estas situaciones y por miedo a represalia puede no estar capacitada para reaccionar y actuar en forma correcta y parcial. Es por esto que la ayuda de un abogado es tan importante, porque conseguir evidencia, y manejarla, son pasos que requieren apoyo profesional que en toda instancia tengan el bienestar de la víctima en mente.

El uso de tecnologías de IA plantea otros desafíos para el marco legal actual. Por ejemplo, es difícil determinar la titularidad del contenido generado por estas herramientas, así como protegerlo legalmente frente a posibles infracciones de derechos de autor o marcas registradas. También emergen interrogantes sobre las responsabilidades legales en caso de errores o usos indebidos de algoritmos automatizados.

Isabella Liu, socia en la oficina de Baker McKenzie en Hong Kong, enfatiza que las empresas deben vigilar activamente el desarrollo normativo en torno a la IA. Las regulaciones no solo afectan la propiedad intelectual, sino que abarcan aspectos de privacidad, normas sectoriales específicas y nuevas leyes transversales sobre inteligencia artificial. Adicionalmente Vinod Bange, socio de Baker McKenzie en Londres, destacó la creciente preocupación empresarial en torno a los riesgos cibernéticos: 

“Estamos en un punto de inflexión en lo que respecta al riesgo cibernético. Con los avances tecnológicos, como la IA y otros impulsores de la transformación digital, así como el aumento de las amenazas geopolíticas globales, no es difícil entender por qué estamos presenciando un rápido incremento de los ciberataques en todo el ecosistema empresarial.”

Un buen ejemplo en el ámbito latinoamericano es Colombia, que se ha convertido en uno de los países más golpeados por los ciberataques. En el año 2024, se registraron más de 36 mil millones de intentos de ataque, lo que lo posicionó como el cuarto país con mayor actividad maliciosa en la región. Según el Centro Cibernético Policial, en 2023 se reportaron más de 59 mil denuncias por delitos informáticos, aunque hubo una ligera disminución respecto al año anterior.

Entre los principales problemas a los que se enfrenta el país se encuentran el malware, que se infiltra en los sistemas para robar o dañar información, el ransomware que bloquea archivos y exige pagos por su liberación y el phishing que engaña a los usuarios para obtener datos confidenciales mediante correos o mensajes falsos. 

También es frecuente la exposición de datos sensibles causada por errores humanos o configuraciones inseguras, lo que puede acarrear consecuencias legales importantes. 

La ciberseguridad ya no puede tratarse como un asunto exclusivo del área de sistemas o tecnología. Es una prioridad legal, estratégica y reputacional. Las amenazas son reales y cada vez más complejas. Una preocupación que necesita sus propias soluciones y profesionales. El mundo virtual desregulado es la nueva frontera de los desafíos legales, de la que se desconoce la extensión y complejidad.

Por supuesto su importancia para el mundo legal, donde la información es un recurso esencial y extremadamente delicado, no se puede exagerar. Esta herramienta es el núcleo de la infraestructura tecnológica de los estudios y organizaciones jurídicas. Al igual que el cerebro en el cuerpo humano, un Data Center almacena, distribuye y analiza millones de datos por segundo, asegurando su disponibilidad de manera eficiente y segura y permitiendo una gestión adecuada y rápida de información crítica como contratos, expedientes judiciales, comunicaciones confidenciales y archivos históricos.

Los servicios cloud que operan desde Data Centers ofrecen almacenamiento y soluciones de identificación electrónica y certificación digital, especialmente relevantes en el ámbito jurídico. La normativa eIDAS de la Unión Europea, por ejemplo, establece que la firma digital cualificada tiene el mismo valor legal que la firma manuscrita. Esto significa que un contrato firmado electrónicamente tiene plena validez jurídica si está respaldado por certificados electrónicos cualificados emitidos por entidades reguladas. Además, los documentos electrónicos sellados con una marca de tiempo cualificada adquieren valor probatorio ante cualquier disputa legal.

De igual importancia, para el sector legal es la seguridad que los Data Center ofrecen. Las medidas de seguridad se dividen en múltiples capas: desde la protección perimetral hasta el resguardo de los servidores individuales. Esto incluye medidas físicas como vallas y monitoreo, así como controles de acceso interno que restringen la entrada a personal no autorizado. Especialmente importante para juicios y contratos donde la información es clasificada y sensible y una filtración puede cambiar el curso del resultado judicial. 

La infraestructura contra desastres naturales y ciberataques también forma parte esencial de los Data Centers modernos.

En la actualidad la llamada “economía de la información”  es reina suprema entre todos los ámbitos laborales, y en el futuro, se prevé que los Data Centers desempeñen un papel aún más relevante en la economía digital. 

El manejo de la información, en el campo legal, es una responsabilidad crítica. Recolectar la información de forma transparente, respetar la privacidad de los usuarios, clasificarla adecuadamente, protegerla de amenazas y eliminarla de forma segura cuando ya no sea necesaria es responsabilidad esperada de todo abogado. La gobernanza de los datos se convierte así en una herramienta esencial para construir confianza y asegurar el cumplimiento de normativas del quehacer de los abogados. Los Data Center en esta gobernanza son los pilares esenciales.