Además, existe el evidente riesgo de las consecuencias a la reputación del abogado. Hablar demasiado sobre un caso puede dañar la reputación si se percibe que está buscando atención mediática en lugar de centrarse en la defensa de su cliente. En el caso de la “Operación Lava Jato”, que develó una red de corrupción y cohecho en la política brasileña, algunos abogados enfrentaron críticas por revelar detalles que podrían haber comprometido la privacidad de sus clientes.

A pesar de estos peligros, hablar públicamente sobre un caso puede ofrecer ventajas estratégicas a los abogados y a sus clientes. En primer lugar, la exposición mediática puede servir para equilibrar la narrativa pública, especialmente en casos en los que una de las partes tiene mayor acceso a los medios de comunicación o goza de una posición de poder. Al proporcionar la versión de su cliente, el abogado puede contribuir a evitar juicios prematuros en la opinión pública.

En algunos casos la opinión pública puede tener un impacto indirecto en el proceso judicial. Por ejemplo, en situaciones de alto perfil, el escrutinio público puede motivar a las autoridades a actuar con mayor transparencia y diligencia. Además, la difusión pública de ciertos aspectos de un caso puede servir para sensibilizar a la sociedad sobre cuestiones de interés general, como los derechos humanos, la corrupción o las injusticias estructurales.  El caso de alegato de abuso sexual contra Harvey Weinstein en octubre del 2017 y su exposición pública, dio pie al movimiento “Me Too” y a una corriente global de protección a la mujer y de una serie de leyes de igualdad de género en todo el mundo.

Otro de los principales beneficios de que un abogado hable públicamente sobre un caso es la promoción de la transparencia. Al compartir información, los abogados pueden ayudar a construir confianza en el sistema judicial. Por ejemplo, en el caso de la “Operación Lava Jato” en Brasil, varios abogados de los implicados han hablado públicamente para aclarar la posición de sus clientes y proporcionar contexto sobre el proceso judicial. Esto ha permitido que el público entienda mejor las complejidades del caso y la defensa de los acusados.

Finalmente hablar públicamente sobre un caso también puede servir como una herramienta educativa. Los abogados pueden explicar aspectos legales complejos y aumentar la conciencia sobre temas importantes. Por ejemplo, hubo una serie de casos de feminicidios en México que sirvieron para educar sobre el tema. Abogados y activistas han utilizado plataformas públicas para explicar a la parte de la sociedad que los justificaba, la realidad e impacto de la violencia de género y la necesidad de reformas legales.

Hablar públicamente sobre un caso siempre va a ser una espada de doble filo para los abogados. Si bien hay beneficios significativos, como la transparencia y la educación, también existen peligros que pueden afectar tanto a los profesionales como a sus clientes. En un mundo donde la información se difunde rápidamente, es crucial que los abogados consideren cuidadosamente sus palabras y el impacto que pueden tener en el sistema judicial y en la opinión pública, nunca hay que olvidar el antiguo dicho: El silencio es oro…..

En el ámbito jurídico, esta controversia se refleja en la tensión entre el derecho a la vida y el derecho a la dignidad. Los abogados que defienden casos de eutanasia enfrentan el desafío de equilibrar estas posturas, garantizando que el consentimiento del paciente sea libre e informado, y que no existan presiones externas que puedan viciar su voluntad. Asimismo, deben lidiar con la falta de marcos legales claros en muchos países, lo que los obliga a recurrir a interpretaciones jurisprudenciales o a defender la despenalización en tribunales constitucionales.

Los fiscales, por su parte, tienen la tarea de asegurar que las leyes vigentes se cumplan, investigando posibles casos de abuso o mala praxis. Esto implica un delicado análisis de la evidencia y la interpretación de normativas que muchas veces son ambiguas o contradictorias. En los países donde la eutanasia no está legalizada, los fiscales deben perseguir estos actos como homicidios, aun cuando hayan sido realizados por razones compasivas.

Los jueces enfrentan el desafío de resolver casos en los que se enfrentan derechos fundamentales en conflicto. Deben interpretar la ley en contextos donde la normativa puede no estar actualizada o ser insuficiente para abordar las complejidades de la eutanasia. En muchos casos, sus decisiones han marcado precedentes importantes, como ocurrió en Colombia, donde la Corte Constitucional despenalizó la práctica y estableció directrices para garantizar el derecho a la muerte digna.

Uno de los aspectos más complejos del debate es la confusión terminológica que rodea a la eutanasia. No se debe confundir eutanasia con la decisión de no prolongar la vida mediante tratamientos fútiles o con la desconexión de un paciente con muerte cerebral. Tampoco debe confundirse con la sedación paliativa, que busca aliviar el dolor sin acelerar la muerte. Esta falta de claridad puede llevar a interpretaciones erróneas y a decisiones jurídicas basadas en premisas falsas.

El derecho a morir con dignidad no implica necesariamente la creación de un derecho a la muerte, y esto es algo que los sistemas jurídicos deben ponderar cuidadosamente. Legalizar la eutanasia impacta en el paciente, transforma la relación médico-paciente y redefine el rol del Estado en la protección de la vida. 

Al final del día, la discusión sobre la eutanasia nos invita a reflexionar sobre el valor de la vida y la importancia de la empatía en nuestras decisiones. En un mundo tan globalizado y diverso como el que estamos viviendo, es fundamental que el marco legal se adapte para reflejar las necesidades de los pacientes y las preocupaciones éticas que surgen en torno a la defensa de la vida humana, la dignidad y el sufrimiento. Difícil y complejo tema legal, donde los únicos lineamientos claros refieren a principios éticos personales. Tema repleto de grises en un mundo que tiende cada vez más al blanco o negro.

La primera pregunta es geopolítica: ¿Qué alianzas se mantendrán? La Guerra Comercial de Donald Trump ya ha traído dudas acerca de si sus alianzas sobrevivirán al mandato del nuevo presidente, y aunque los representantes de los países afectados se han mantenido firmes acerca de su intención de mantenerlas, la política impuesta por el nuevo Presidente norteamericano ha hecho evidente la fragilidad y desprotección en que rápidamente pueden caer estos pactos.

Otras alianzas se han fortalecido, como las de los países árabes en contra de Israel, a raíz de lo ocurrido con Palestina, con todas las consecuencias que esto ha traído a nivel de derecho internacional y los conflictos y víctimas asociados en ambos lados. Lo mismo ha generado el conflicto Ruso-Ucraniano, lo que ha definido un mapa geopolítico de aliados a unos y otros países y una situación  política mundial en grados de estrés extremo. Sin contar con las migraciones masivas a causa de estos conflictos, con los consecuentes dramas humanos y económicos para migrantes y para países que reciben, conflicto que por otras razones, compartimos en Latinoamérica con cantidades de migrantes en los diferentes países, que ninguna norma local o internacional fue capaz de prever ni de regular en forma adecuada.

La segunda pregunta, refiere directamente a conflictos bélicos, reglas y transgresiones: ¿Cómo afectarán estos cambios a la guerra y las normas consensuadas que las rigen? A medida que las autoridades de las organizaciones como la OTAN o la ONU sean desafiadas y por lo mismo entren en crisis, sus reglas y los derechos que éstas cuidan, están en riesgo de ser abiertamente violadas o simplemente ignoradas. La reconfiguración de bloques políticos puede influir en la aplicación del derecho de la guerra, en la protección de los derechos humanos y en la respuesta de la comunidad internacional ante crisis humanitarias. 

La tercera pregunta se relaciona con el Derecho Internacional penal: ¿Cómo afectarán estos cambios a la justicia internacional y sus normas? El nivel de cooperación con tribunales internacionales como la Corte Penal Internacional, La Corte de la Haya o la Corte Internacional de justicia, entre otras,  y su persecución a crímenes de guerra, de lesa Humanidad y entre naciones, se ven afectados, por la anteposición de los intereses particulares de cada país o alianza, al derecho internacional. La postura de sus líderes en cuanto a que “el fin justifica los medios”, sólo agudiza el problema. Este ambiente de inestabilidad afecta directamente las normas comunes y hace patente la importancia de replantearse la necesidad de un nuevo trato como fundamento de la vida social, y aumenta el riesgo de más y peores conflictos. 

La cuarta, y última pregunta, afecta directamente a todos, sin excepción: ¿Cómo afectarán estos cambios a la economía mundial? La actual política de guerra comercial de Estados Unidos amenaza no sólo con afectar a Norteamérica, en sus alianzas, sino que por la globalización y consecuente dependencia a prácticamente todos los países del mundo. 

Como ejemplo anterior reciente, el conflicto ruso-ucraniano resultó en sanciones económicas para Rusia, las que produjeron división de opiniones y desataron una cadena de eventos que llevaron a una crisis económica global. Las medidas hasta ahora no han logrado parar el conflicto, siendo evaluadas por muchos como ineficientes y afectando la reputación de las organizaciones internacionales  que las impusieron.  Las consecuencias a largo plazo para Rusia están por verse.

Geopolítica, guerra, justicia, economía, estos son sólo algunos de los ámbitos que pueden cambiar drásticamente por falta de control global, si el Derecho Internacional, no asume el rol protagónico que tiene y los países no se comprometen. Herman Wouk en sus libros Vientos de Guerra y Tormentas de Guerra, muestra épocas difíciles antes y durante un conflicto bélico de carácter mundial y todo el dolor e inestabilidad que implica. Desgraciadamente estamos en una época post pandémica con conflictos de todo orden. La pregunta es cómo el Derecho Internacional, que puede ser nuestro gran apoyo, sale de este jaque y gana la partida.

El Código Canónico en que se basa tiene sus orígenes en los primeros siglos del cristianismo, cuando las comunidades cristianas comenzaron a establecer normas para regular su vida interna. A lo largo de los siglos, estas normas se han ido codificando y adaptando a los cambios sociales y culturales y se hicieron oficiales a través de los Concilios y Decretos Papales, lo que permitió su consolidación como un cuerpo jurídico independiente. Entre las primeras recopilaciones destacadas se encuentran el Liber Extra de 1234, el Liber Sextus de 1298 y las Clementinae de 1317. Estas obras compilaron y organizaron la normativa eclesiástica vigente en sus respectivas épocas, sirviendo como referencia fundamental para la aplicación del derecho en la Iglesia.

Un hito crucial en la historia del Derecho Canónico fue la elaboración de la Concordia discordantium canonum entre los años 1140 y 1142. Esta sistematización fue clave para la posterior conformación del Corpus Iuris Canonici, que incluyó seis obras canónicas oficiales y particulares redactadas entre 1140 y 1503. Este corpus fue la base del Derecho Canónico, formalizado en el primer Código de Derecho Canónico recién en 1917.

El Código de Derecho Canónico que rige en la actualidad fue promulgado por el papa Juan Pablo II el 25 de enero de 1983, reemplazando al Código Pío-Benedictino de 1917. Este nuevo código está dividido en siete libros que regulan aspectos fundamentales de la vida eclesiástica, como las normas generales, el pueblo de Dios, la enseñanza de la Iglesia, la función de santificar, los bienes temporales de la Iglesia, las sanciones y los procesos. Aunque este código se aplica a la Iglesia de rito latino, en el caso de las Iglesias Católicas sui iuris de ritos orientales se llevó a cabo una codificación específica que culminó en 1990 con la promulgación del Código de los Cánones de las Iglesias Orientales.

El Derecho Canónico, si bien menos conocido y común entre las especialidades, es muy significativo en el mundo actual, especialmente en contextos donde la fe y la moral juegan un papel crucial en la vida de las personas. En un mundo cada vez más plural y diverso, el derecho canónico ofrece un marco ético y espiritual que guía a los creyentes en sus decisiones y acciones. Además, su importancia se extiende a la manera en que la Iglesia aborda cuestiones contemporáneas, como la justicia social, los derechos humanos y la bioética, promoviendo un diálogo entre la tradición y las necesidades actuales de la sociedad. Así, el derecho canónico no sólo regula la vida interna de la Iglesia, sino que también contribuye a la construcción de una comunidad más justa y solidaria, de acuerdo con los principios cristianos, en un mundo en que muchos de sus millones de habitantes se rigen por sus directrices.