Empecemos con los derechos de los Titulares. Actualmente en Chile algunos de estos derechos ya están activos, por ejemplo todo Responsable de Datos debe pedirle autorización a los Titulares para usar la información, y aunque esto se va a mantener, una vez que la Ley 19.628 se actualice, los postulantes podrían tener el derecho de involucrarse activamente en el uso de su información posterior a la entrega. El derecho de acceso capacita al Titular para obtener información acerca de cómo y cuándo se están usando sus datos personales. Por otro lado, derechos como los de supresión, oposición y bloqueo permiten al postulante eliminar parte o la totalidad de su información de la base de datos durante los procesos o al final de ellos. Esto impacta el trabajo de los reclutadores ya que el uso de las bases de datos de sus postulantes se hace mucho más compleja, porque la actualización de la Ley les devuelve su propiedad a los Titulares, de quienes depende la posibilidad de uso de esos datos en todo momento.

Después tenemos los deberes de los Responsables. El derecho de acceso y el deber de transparencia de los Responsables implican que los reclutadores y/o posibles empleadores, por ejemplo, se verán obligados a informar a los postulantes del uso y acceso a esa información durante cualquier proceso u oferta para la que son considerados, si el postulante lo requiriera. Adicionalmente desde el momento en que el postulante decida que pueden mantener su información, no importando el resultado del proceso específico, tendrán que aceptar la responsabilidad de mantener esos datos seguros y confidenciales, no podrán compartirlos con ningún actor interesado y tendrán que asegurarse de que la información esté segura. Cualquier brecha no autorizada de esta seguridad tendrá serias consecuencias, debido a los nuevos deberes de protección de datos que establece esta reforma.

Lo que nos lleva al tercer elemento que puede afectar el actual proceso de la búsqueda de talentos: la Agencia de Protección de Datos Personales. Esta nueva agencia hará cumplir los derechos y deberes de ambos a través de multas sustanciales que pueden afectar a reclutadores y posibles empleadores. Infracciones tales como el incumplimiento de información, la omisión de respuesta o alternativamente el uso de una respuesta incompleta, significará una multa de hasta 5000 UTM. Compartir estos datos, conscientemente o incluso sin permiso por robo o filtración, sin consentimiento llegará a una multa efectiva de hasta 10000 UTM. Finalmente modificar los datos personales de forma fraudulenta o vulnerar su confidencialidad significará hasta 20000 UTM de costo para los Responsables. Esto significa un mucho mayor cuidado con el acceso y manejo de estos datos, lo que evidentemente repercute en costos económicos para solventar estos cuidados.

Un buen manejo de los datos personales no solo protege la privacidad de los candidatos, sino que también mejora su experiencia y fortalece la reputación de reclutadores y empleadores. Esta ley renovada incluirá proporcionalidad en los datos que se piden a los Titulares, ya que manejar esos datos de ahora en adelante será una gran responsabilidad. El manejo adecuado de los datos personales en los procesos de reclutamiento es esencial para proteger los derechos de los candidatos y asegurar la legalidad y ética de las prácticas de contratación. La implementación de medidas de seguridad y transparencia no solo evitará problemas legales, sino que también contribuirá a generar una relación de confianza entre candidatos y empleadores. En un mundo donde la protección de los datos personales es cada vez más importante, gestionar esta información con responsabilidad es clave para el éxito organizacional a largo plazo.

La nueva ley busca ayudar a los titulares de los datos a mantener el control de su privacidad y asegurarse de que nada se comparta sin su permiso. Para hacer esto le da nuevos derechos a los titulares de datos, y mayores responsabilidades y castigos para las empresas y/o instituciones que los recopilan y tratan. Estos derechos y deberes son:

Para asegurarse de que estos deberes y derechos se respeten la ley autorizó la creación de una nueva institucionalidad, la Agencia de Protección de Datos Personales, que tendrá como objetivo fiscalizar el cumplimiento de las disposiciones de esta ley y aplicar sanciones. Estas nuevas multas pueden variar de acuerdo con el nivel de la infracción, leves, graves y gravísimas, las que se sancionarán con multas de hasta 5.000 UTM, 10.000 UTM y 20.000 UTM, respectivamente.

La nueva ley entrará en vigencia 24 meses después de su publicación, la que aún no se genera.

Esta reforma permitirá a la Comisión Europea  (Ejecutivo comunitario), que posee el poder ejecutivo y la iniciativa legislativa, declarar a Chile como “País con un nivel adecuado de protección de datos personales” lo que facilitará la transferencia de datos internacionales entre Chile y la UE, importante socio comercial del país.