Debido al movimiento #MeToo se ha creado una gran conciencia sobre el problema del abuso de poder en el lugar de trabajo, lo que ha llevado no sólo a parar y castigar situaciones como esas, sino que a la promulgación de muchas leyes para darles marco legal, desde la perspectiva del individuo. En esa misma línea el Gobierno chileno implementará la Ley N°21.643, también conocida como la Ley Karin, nombrada en honor a Karin Salgado, quien se suicidó producto de este tipo de abuso. Esta ley dará un nuevo marco de apoyo y protección a personas que sufren acoso laboral en Chile y pretende prevenir este tipo de situaciones en mayor medida, introduciendo una serie de cambios.

Aborda la prevención, investigación y sanción de la violencia y abuso a personas en su empleo. Una de sus principales exigencias es la existencia de protocolos en todo lugar de trabajo, no importando tamaño ni número de empleados, sobre el tema. Estos protocolos deben dar pautas y mecanismos claros que permitan la identificación de riesgos, la capacitación continua a los trabajadores, procedimientos de denuncia y procesos de investigación que sean imparciales, confidenciales y se realicen con celeridad.

La ley protege los derechos de los denunciantes, exigiendo procedimientos de protección a las víctimas y atención oportuna en ámbitos legales, psicológicos y otros necesarios para enfrentar un proceso de buena manera.

Por otro lado da seguridad a los denunciados, garantizando un debido proceso, justo con capacidad de presentar su versión y defenderse en forma adecuada y por supuesto y en coherencia con la ley general, debe considerarse inocente hasta que se pruebe lo contrario.

En este plano y en cuanto a su puesta en marcha, Claudio Reyes, subsecretario de Previsión Social, afirma que la razón por la cual tanto el denunciante como la persona denunciada no son anónimos es para prevenir el abuso de esta ley y evitar las denuncias falsas, advirtiendo que: “Si alguien quiere presentar una denuncia con el único propósito de causar daño, también será objeto de sanción”.

El cambio de foco de derechos laborales grupales que afectan a cada persona,  al de abordar casos netamente individuales y únicos con impactos genéricos, es un gran paso en pos del bienestar de cada uno de los empleados, como lo está haciendo la Ley Karin, que aborda la protección con este punto de vista. Es por lo mismo un gran cambio en la cultura de las relaciones laborales y amplía el rango y abanico de casos y situaciones, lo que será un cambio también para los abogados laboralistas que los abordan. Pero todo cambio importante conlleva este tipo de incertezas y los profesionales de la ley, trabajadores y empleadores, deben colaborar para que sea un éxito en pos de un ambiente laboral más seguro, garante de la dignidad individual y libre de acoso y violencia.

Pero, ¿cuáles son estas expectativas? Según Óscar Fernández León, Decano del Ilustre Colegio de Abogados de Sevilla, hay varios elementos que se esperan de un juez para que la relación entre ellos y los abogados funcione eficientemente:

La primera y más importante expectativa para un juez es que esté informado, se espera que cada juez esté bien informado sobre los casos que lleva, para tener una imagen lo más completa posible de las circunstancias y posibles complicaciones del caso, lo que también significa que son capaces de resolver cualquier trámite procesal establecido de manera imparcial.

La segunda expectativa de un juez es su atención, manteniendo una actitud de atención plena y escucha activa durante la intervención de los letrados, para que puedan intervenir de manera asertiva cuando los abogados o los fiscales están mal usando argumentos, desviándose de su argumento o en cualquier otro caso que pueda inclinar injustamente la conclusión a favor de uno u otro a través de métodos ilícitos.

Y finalmente, la tercera expectativa, según Óscar Fernández León, es su actitud. Se espera que un juez sea firme en la sala del tribunal, para mantener la autoridad y asegurar que todos los procedimientos se realicen correctamente, pero también se espera que coordine y se comunique con los letrados de manera cordial y respetuosa para promover un procedimiento paciente y racional incluso en circunstancias estresantes.

Estos tres factores clave son necesarios para mantener una relación eficiente con los diversos abogados con los que los jueces interactúan en un juicio tras otro e incluso día a día. Se espera que cada abogado, independientemente de si es el defensor o el fiscal, descubra todas las pruebas y argumentos posibles para obtener el resultado que desean, por lo que algunos abogados utilizarán cualquier estrategia que sientan que pueden salirse con la suya, lo que significa que la necesidad de la intervención del juez es muy importante.

Estar bien informado, mantener tanto su atención como una actitud paciente y diligente frente a miles de juicios no es poca cosa para pedir a alguien, puede que sea imposible, pero en esta era de constante exposición e información abierta, es importante que el juez, el tercer y imparcial actor, se destaque como el intermediario para asegurar que se haga justicia.

La década de 1990 estuvo marcada por varios tratados clave que definirían la actitud futura hacia el manejo de las ADM, incluido el Tratado de Reducción de Armas Estratégicas (START I) en 1991, que redujo significativamente las armas ofensivas estratégicas entre los Estados Unidos y la Unión Soviética. Mientras tanto, las armas químicas serían oficialmente consideradas ilegales a través de la Convención sobre Armas Químicas de 1993, que prohibió el desarrollo, producción, adquisición, almacenamiento, retención, transferencia o uso de armas químicas y ordenó la destrucción de los arsenales existentes. Mientras tanto, comenzaron a formarse iniciativas tendientes al desarme, como el Tratado de Prohibición Completa de Pruebas Nucleares propuesto en 1996, que prohibía todos los ensayos nucleares con fines tanto civiles como militares. Aunque muchos países no lo han ratificado, y países como Rusia se han salido de este tratado, significó un paso importante de concientización internacional frente a las ADM.

Esto nos lleva al siglo XXI, en el que el compromiso global continuo para controlar y, en última instancia, eliminar las ADM (a través de una combinación de medidas de desarme, no proliferación y verificación), ha llevado a tratados y acuerdos internacionales, tales como el Tratado de Moscú, firmado en 2002 entre los Estados Unidos y Rusia para reducir sus ojivas nucleares estratégicas almacenadas. 

Otra de estas iniciativas es la Convención Internacional para la Supresión de Actos de Terrorismo Nuclear, adoptada en 2005, para prevenir el terrorismo nuclear y mejorar la cooperación internacional contra esta amenaza. El Tratado de Reducción de Armas Estratégicas (Nuevo START) en 2010, para reducir aún más la cantidad de bombas nucleares estratégicas y sistemas de lanzamiento, y el Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares, adoptado por las Naciones Unidas en 2017, que representa el primer acuerdo internacional legalmente vinculante para prohibir de manera integral las armas nucleares con el objetivo de llevar hacia su eliminación total.

Estos marcos legales internacionales, son fundamentales para establecer normas  claras y efectivas en el control de armas de destrucción masiva. Ayudan a concientizar sobre sus peligros, prevenir conflictos, reducir riesgos de proliferación, proteger contra amenazas terroristas y promover la estabilidad internacional a través del desarme y la no proliferación. En esta época post pandémica, de una llamada por algunos, segunda guerra fría, y con tantos conflictos internacionales, la labor de los abogados de Derecho Internacional en esta tarea es especialmente crítica.

Nadie olvidará jamás el día en que Hiroshima y Nagasaki fueron bombardeadas y el horror que se vivió durante y después del lanzamiento de las bombas atómicas. Y el peligro de repetir ese desastre sigue latente. Es, a través de la ley y la comprensión de las consecuencias del mal uso de las ADM que se puede lograr la eliminación de estas armas a través del desarme y la no proliferación, y prevenir al menos esa forma de fin del mundo.

Las leyes electorales, definidas por la rama del Derecho electoral, norman el sistema electoral de cada Estado. Esto puede incluir sistemas como el voto mayoritario simple, la representación proporcional, el voto indirecto o preferencial, la distribución de escaños y representación, entre otros.   

También regulan quién tiene derecho a votar y los requisitos para registrarse como votante. Estas leyes pueden incluir requisitos de edad, residencia, ciudadanía y otros criterios que determinan la elegibilidad para participar en las elecciones. Asimismo regula los requisitos para los candidatos, condiciones para ser elegible y derechos y deberes con que cuentan durante esas candidaturas.

Además protegen el derecho al voto libre e informado, garantizando el derecho al voto de los ciudadanos y protegiendo contra la discriminación o la intimidación electoral, lo que puede incluir medidas para asegurar la privacidad del voto, la accesibilidad para personas con discapacidades y la prevención del fraude electoral.

Se encargan de la regulación de campañas y financiamiento político, regulando ingresos y egresos de las campañas políticas, los límites de gastos, la transparencia en el financiamiento y la publicidad electoral. Estas regulaciones buscan garantizar la equidad entre los candidatos y partidos y prevenir la influencia indebida del dinero y poderes de algún sector en la política.

Por último son las responsables de establecer procedimientos para la resolución de disputas electorales, incluyendo la revisión de resultados, el manejo de quejas y la celebración de nuevas elecciones en caso de irregularidades graves o empates técnicos.

Los sistemas de votación y cómo se norman son una parte basal de nuestra democracia. La Revolución Francesa en 1792 partió quitando el poder al rey y entregando el voto al pueblo, sin ley ni regulación sino sólo por derecho. El hecho de no tener un marco regulatorio claro permitió a Napoleón Bonaparte volver a establecer un poder absoluto, con él como emperador, destruyendo la primera república francesa, de la época moderna.

Así de importante y estructural es esta relación entre el sistema político amplio y su regulación. Lo que partió en la antigua Grecia como un sistema de organización netamente político-social, hoy es intrínsecamente legal también y es crucial que los abogados que se especializan en esta área tengan claridad sobre lo que sus conciudadanos consideran como sistema representativo, equitativo y justo y las leyes y Constitución que lo rigen.

Otro ejemplo notable es el del Movimiento por los Derechos Civiles, uno de los ejemplos más conocidos de protestas no violentas en los Estados Unidos, que buscó poner fin a la segregación racial y la discriminación contra los afroamericanos y asegurar el reconocimiento legal y la protección federal de sus derechos de ciudadanía. Estas protestas llevaron a cambios legislativos significativos base de numerosos transformaciones aplicadas a diferentes grupos hasta hoy, como la Ley de Derechos Civiles de 1964, que prohibió la discriminación basada en raza, color, religión, sexo u origen nacional. La Ley de Derechos Electorales de 1965, que eliminó las barreras para votar para los afroamericanos, como las pruebas de alfabetización y los impuestos electorales. Y luego estaba la Ley de Vivienda Justa de 1968, que prohibió la discriminación en la venta, alquiler y financiamiento de viviendas, por cualquiera de los motivos anteriormente descritos.

Todos estos derechos fueron cruciales para muchas personas en el país y, lamentablemente, si bien se organizaron como manifestaciones pacíficas, se encontraron con oposiciones violentas. Ejemplos como el Boicot de Autobuses de Montgomery, provocado por el arresto de Rosa Parks por negarse a ceder su asiento en el autobús a una persona blanca, la Marcha en Washington por el Trabajo y la Libertad, donde Martin Luther King Jr. pronunció el discurso mencionado anteriormente  “Tengo un sueño”, y las Marchas de Selma a Montgomery en pro de la demanda de derechos de voto para los afroamericanos, fueron todas recibidas con resistencia violenta de las autoridades. Pero se mantuvieron firmes y lograron con enorme esfuerzo y pérdidas, leyes que cambiarían el mundo.

Un tercer ejemplo es el Movimiento contra la Guerra de Vietnam. Las manifestaciones pacíficas masivas contra ese conflicto produjo una enorme presión sobre el Gobierno de EEUU aunando el descontento del público, no sólo por sus razones y desarrollo, sino también por la injusticia que se cometía contra los  jóvenes que y eran reclutados para luchar en la guerra desde los 18 años pero no podían votar hasta los 21. Esto los hacía incapaces de influir en nadie o votar por alguien para representarlos en el Congreso, organizaciones que regían el mismo Estado que los estaba enviando a arriesgar sus vidas. En 1954, el presidente Dwight D. Eisenhower se convirtió en el primer presidente de los Estados Unidos en apoyar públicamente el voto de las personas a partir de los 18 años. Esto basado en la petición del movimiento que pregonaba la siguiente idea: “Si una persona es lo suficientemente mayor para luchar, es lo suficientemente mayor para votar”, y así, en 1971, se redujo la edad para votar y cambió la 26ª Enmienda de su constitución.

Los movimientos actuales, como por ejemplo el LGTBIQ+ y los derechos de los homosexuales lograron la ley del matrimonio igualitario para EEUU con marchas pacíficas anuales. El movimiento ME TOO, por su lado, con movimientos sociales y manifestaciones pacíficas de todo tipo, ha logrado enormes progresos en la prevención de acoso sexual y leyes que protegen a las mujeres en sus trabajos y vidas personales, y han hecho grandes avances en cuanto a leyes que resguardan los derechos de minorías y de las mujeres en Estados Unidos.

La historia de las organización masiva pacífica en los Estados Unidos de América es un poderoso ejemplo de los ciudadanos de una nación examinándose a sí mismos y defendiendo lo que creen. Afortunadamente, no son los únicos. Las manifestaciones ocurren en todas partes a lo largo de la historia y del planeta, por una variedad de razones, como el Movimiento de Independencia de la India, el Movimiento contra el Apartheid en Sudáfrica, la Revolución de Terciopelo en Checoslovaquia y otros. Estos son todos buenos ejemplos de lo importante que puede ser el poder de las personas unidas en torno a una idea que cambie las leyes para mejorar el desarrollo de la sociedad en la que viven.