El balance entre el conocimiento y el comportamiento
La profesión de los abogados es uno de los ámbitos laborales con mayor prestigio en el mundo, un trabajo asociado a alto conocimiento y dominio de materias, posibilidades de éxito financiero y laboral, entre otros. Es por esto que la carrera de derecho es una de las carreras más demandadas dentro de las carreras humanistas, y sin duda una en la que la población general deposita más confianza, una confianza que es necesaria en todos los ámbitos legales en que se especializan, todos ellos demandantes de un enorme conocimiento técnico y práctico, requeridos para manejar los desafíos de la profesión.
Esto crea un balance delicado entre el conocimiento y comportamiento ético-profesional que se imparte por las universidades y los desafíos que van evolucionando con el paso del tiempo. Conseguir mantener ese equilibrio debido a la calidad de los profesionales que ofrece es uno de los mayores retos. Sin embargo, cuando este balance se rompe, surgen una serie de problemas asociados muy graves para la población general, que da como un hecho el que los profesionales del Derecho no sólo conocen las leyes y formas relacionadas sino que son capaces de utilizarlas en diversos ámbitos y casos en forma correcta e innovadora, habilidad de la que depende su presente, futuro, patrimonio, libertad, entre otros. Este equilibrio en un mundo donde las Universidades proliferan muchas veces como negocio más que como centros educativos de calidad, genera una serie de delicadas interrogantes:
¿Qué sucede cuando la educación recibida no es de calidad? ¿Qué es lo que pasa cuando los profesionales que invirtieron tanto tiempo, confianza y dinero en su educación no logran la calidad prometida y ejercen en un medio? Estas son las preguntas con las que debe lidiar cualquier país que se encuentre en estas circunstancias y son preguntas que ya se hacen abiertamente en Colombia y quizás debieran hacerse en muchos otros países, como lo reveló un informe de la Corporación Excelencia en la Justicia dedicado a estudiar la calidad de los programas de Derecho de las universidades de ese país.
Es necesario recalcar antes que nada la razón detrás de este informe, Colombia es conocido por ser tradicionalmente un país de abogados. Tienen la segunda mayor cantidad de abogados per cápita en el mundo, detrás de Costa Rica. Según los estudios realizados el 2019 por el Consejo Superior de la Judicatura de Colombia, había hasta ese año más de 300.000 abogados registrados para ejercer la profesión, y cada año se gradúan aproximadamente 14.000. Pero incluso hace 4 años ya se podía ver que había problemas ya que el Ministerio de Educación en Bogotá señaló que de los 183 programas de Derecho que ofrecían las universidades colombianas, sólo 46 estaban acreditados con alta calidad.
En la ultima década la cantidad de estudiantes que se han graduado de la carrera de Derecho se ha duplicado.
Desafíos creados por la educación
Y después de 4 años la situación no ha mejorado, la cantidad de abogados sólo ha crecido con el paso del tiempo. Actualmente por cada 100.000 personas en el país hay 728 juristas. Para comparar Europa tiene un promedio de 172 juristas por cada 100.000 personas. La Corporación de Excelencia en la Justicia realizó este año un estudio que analizaba 114 universidades para comparar cómo avanzó la educación para esta población cada vez más creciente: Lo que encontraron es que el 77% de estas universidades no alcanzan una calidad aceptable, y del total de las universidades solo un 20% eran universidades públicas.
Esto ha causado una serie de problemas en toda el área laboral del Derecho en Colombia. El primero de estas dificultades es la sobrepoblación de abogados: el 2022 se registraron más de 375.000 abogados en el país y se teme que el campo laboral del Derecho ya no tenga espacio suficiente para que los profesionales puedan encontrar dónde ejercerlo. Ha llegado hasta el punto en que un estudio realizado por la Corporación Universitaria Iberoamericana determinó que actualmente 4 de cada 10 abogados no consiguen empleo específicamente porque no tienen las habilidades que el mercado actual demanda (específicamente alrededor de la tecnología y el ámbito digital), habilidades que las universidades no han podido entregar debido a que los cambios de planes académicos no operan con la misma rapidez que las demandas del mercado.
Otro problema relevante que ha surgido recientemente son los conflictos éticos que han aparecido debido a la conducta de algunos profesionales del rubro. Según un estudio de la Corporación de Excelencia en la Justicia anualmente se imponen un promedio de 1.500 sanciones por malas prácticas a abogados en este país, lo que se ha asociado con una falla por parte de su educación ya que se ha notado que hay un mayor enfoque en la parte técnico jurídica y menos en la formación de valores ético-profesionales durante el estudio de la carrera.
El Derecho es una profesión crítica para la sociedad y uno de los ámbitos laborales más reputados a nivel mundial y hay pocos países en que el prestigio de los buenos abogados sea mayor que en Colombia. Es por este mismo motivo que la falta de calidad en la educación de los abogados es un problema urgente, en una sociedad en que hay una judicialización de las relaciones muy fuerte. Este es el caso Colombia, puesto en números y que debe llamar la atención de todos los otros países que están en las mismas circunstancias, aunque no las hayan puesto en cifras aún. Con la demanda del medio permanente a los abogados a innovar y actualizar la forma en que realizan su trabajo para una nación con tanta historia en el ámbito legal como Colombia, hay que preguntarse qué regulaciones y cambios son necesarios también, para mantener la calidad e innovar en su educación.
El año 2022 se registraron más de 375.000 y hay serias preocupaciones en el ámbito laboral acerca del balance entre la demanda y los abogados.
Afortunadamente el Gobierno de Colombia se dio cuenta de este desafío el 2019 y se están discutiendo reformas para solucionar esta situación.