El extremismo es una triste característica del lado agresivo de nuestra sociedad contemporánea. Muchos dicen que está fomentada por las redes sociales y los algoritmos que alimentan opiniones radicales en quienes las usan. La violencia relacionada con delincuencia, mafias, carteles, etc, es cada vez mayor e incluso el terrorismo se usan como declaración de posturas y territorios, con un enorme sufrimiento y costo de vida para la población civil inocente. Su combate y las leyes que controlan esta violencia y terror siempre están sujetas a exigencias y polémicas. ¿Donde termina la protección y comienza la violación de derechos fundamentales? Esta es la pregunta que ha protagonizado uno de los debates morales más controversiales del siglo XXI. Debido al aumento significativo en la violencia y en las amenazas terroristas a nivel mundial muchos gobiernos han implementado leyes estrictas para combatirlo, pero estas medidas a menudo generan preocupación sobre el uso excesivo de la fuerza y las violaciones de los derechos humanos. Encontrar un equilibrio adecuado entre la seguridad y la protección de las libertades civiles se ha convertido en un desafío mundial.

Como caso icónico de la representación de esta polémica en Latinoamérica está el del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, admirado por unos, que lo consideran liberador del crimen y terrorismo institucionalizado por “las maras” y criticado por otros, debido a la violación de los derechos humanos. No parece haber matices en la percepción que genera, al igual que la postura de muchas personas frente a este tema. 

Las leyes contra la violencia extrema y  el terrorismo tienen como objetivo principal prevenir, investigar y sancionar actos de violencia. Están diseñadas para proporcionar a los gobiernos y las agencias de seguridad herramientas eficaces para enfrentar las amenazas terroristas, que pueden ser tanto internas (de grupos radicalizados por opiniones, contrabando como carteles de drogas u otros) como externas. Estas leyes suelen incluir medidas como la vigilancia masiva, la detención preventiva y la ampliación de los poderes de las fuerzas del orden y las agencias de inteligencia. Una característica común de las leyes antiterroristas es la ampliación de la capacidad de vigilancia del Estado. Esto puede incluir la interceptación de comunicaciones, la recopilación de datos de los ciudadanos y el uso de tecnologías avanzadas para monitorear actividades sospechosas. Por ejemplo, la Ley Patriota (Patriot Act) de Estados Unidos, promulgada tras los atentados del 11 de septiembre de 2001, permitió una expansión significativa de la vigilancia gubernamental, reduciendo las restricciones legales para la interceptación de comunicaciones.

Otra medida clave en muchas leyes antiterroristas es la detención preventiva. Este tipo de detención permite a las autoridades mantener a sospechosos bajo custodia sin cargos formales por períodos más largos que los permitidos en circunstancias normales. Por ejemplo, en el Reino Unido, la Ley Antiterrorista de 2006 permite la detención sin cargos por hasta 28 días, lo cual es considerablemente más largo que el límite estándar de 48 horas para sospechosos de crímenes comunes. Las leyes contra el terrorismo también suelen incluir el endurecimiento de las penas para los delitos relacionados. Esto puede abarcar desde la ampliación de las sentencias de prisión hasta la introducción de nuevas categorías de delitos específicamente relacionados con el terrorismo, como la financiación del terrorismo o la incitación al terrorismo.