Por otro lado, la convivencia entre diferentes personas o grupos de personas siempre ha sido compleja y supone una serie de conflictos que sólo un marco legal claro puede solucionar. La necesidad de leyes como la Ley de Copropiedad Inmobiliaria 21.442, recientemente actualizada por el Senado de Chile, son una demostración de esta complejidad y de que, en un ámbito tan privado y personal como la vivienda no se puede prescindir de un marco que norme la convivencia porque lo único seguro es que conflictos se van a producir. Temas como la obligación de pago de gastos comunes, así como también los gastos derivados del uso de servicios particulares de cada unidad, o que los administradores remunerados de condominios tengan requisitos específicos como en el caso mencionado una  licenciatura de enseñanza media y un curso de capacitación en el área de administración de condominios aprobados, son temas que no pueden dejarse a la posibilidad de un acuerdo entre vecinos, y en caso de problema necesitan sin duda la intervención de abogados y jueces que puedan dirimir su solución.

Críticos y altamente controversiales son los casos legales relacionados con contratos de arrendamiento. Siempre es un riesgo realizar un contrato con personas que no sean conocidas para quien arrienda, haciendo necesario tener contratos redactados de manera clara y específica para evitar malentendidos o abusos de cualquiera de las partes. Los problemas de alquiler pueden incluir el incumplimiento del contrato, desalojos, reparaciones a daños causados a las propiedades y retención de depósitos de seguridad entre otros. Es importante asegurarse de que un abogado dedicado a este ámbito revise el contrato, las estipulaciones y las leyes locales para asegurarse de que todo sea justo, que las partes lo entiendan y cumplan y que en caso contrario se pueda hacer cumplir….

Las consecuencias de lo contrario pueden llegar a ser muy complejas, tanto que a principio de este año, el Senado de Chile aprobó una nueva ley que refuerza la propiedad privada en específico para los bienes raíces: la Ley de Usurpaciones, que define como crimen penal la estadía no autorizada o en situación de incumplimiento de contrato, de un individuo en una propiedad ajena y el derecho del propietario a usar la fuerza para desalojar. Tema controversial, y que al llegar a la Cámara de Diputados, generó veto de los artículos de la ley, que permitían a los propietarios usar fuerza contra arrendatarios en forma particular, a favor de mayor cantidad de castigos y de mayores facultades para jueces y policías contra dichos ocupantes ilegales, una vez que son denunciados. Sin embargo la controversia se mantiene, porque muchos argumentan que esto deja a los propietarios sin la capacidad de defenderse sin la intervención de las autoridades y profesionales y los tiempos y dineros consecuentemente asociados.

Entre más somos y más diversos, en un planeta que no crece, mayores las complejidades, eso es un hecho. La claridad jurídica sólo se hace más importante, no sólo en la redacción de leyes y normas sino en la capacidad de hacer llegar ese marco a cada uno de los habitantes de las ciudades, en forma lo más clara y completa posible. Un desafío complejo y con enormes afectaciones personales.