Un problema mundial


Vivimos en una era dominada por la digitalización. Cada interacción, cada compra y cada movimiento dentro del ecosistema tecnológico deja un rastro. Esta transformación digital, si bien ha traído eficiencia y conectividad, también ha expuesto a empresas, gobiernos y ciudadanos a riesgos sin precedentes. En este contexto, la ciberseguridad no solo es un desafío técnico, sino también un asunto legal cada vez más complejo y urgente.

La reciente encuesta de Baker McKenzie a 600 líderes legales de multinacionales confirma esta realidad. La ciberseguridad y la privacidad de datos encabezan la lista de preocupaciones empresariales, logrando mantenerse como un problema tan preocupante como otras disputas tradicionales como los conflictos laborales o fiscales. El ámbito de la ciberseguridad se ha convertido en un problema mucho más preocupante que simplemente unos ataques a personas vulnerables, se ha transformado en un tipo de crimen que amenaza a naciones, llegando a los cientos de millones de ataques dependiendo del país.

Con la creciente digitalización de los procesos empresariales y el uso intensivo de tecnologías como la inteligencia artificial, la nube y el teletrabajo, las superficies de ataque se han expandido drásticamente. El informe de Baker McKenzie revela que el 45% de los encuestados identifica la ciberseguridad y la privacidad como los principales riesgos de disputas legales.

El aumento y la sofisticación de los ciberataques, así como la presión de regulaciones cada vez más estrictas, han generado un entorno en el que las empresas deben responder rápidamente ante posibles vulneraciones. La preocupación se agudiza por las posibles sanciones regulatorias, que fueron señaladas como el mayor temor por el 70 % de los encuestados.

La falta de cobertura completa en seguros frente a ciberataques también es un factor preocupante, ya que el 44 % expresó inquietud por los conflictos derivados de reclamaciones no reconocidas. A esto se suman los problemas de cumplimiento normativo en las cadenas de suministro, señalados por el 41 % de los participantes, un área cada vez más vulnerable a las amenazas.

La integración de la inteligencia artificial ha traído nuevos retos legales y éticos que aún no han sido plenamente resueltos. El 44 % de los encuestados señaló las disputas relacionadas con la IA como un riesgo relevante, especialmente por temas de privacidad y seguridad de datos, cuestiones éticas y conflictos de propiedad intelectual.

La ciberseguridad se ha convertido en uno de los problemas más preocupantes en el ámbito legal a un ritmo inesperado.

El punto de inflexión

El uso de tecnologías de IA plantea otros desafíos para el marco legal actual. Por ejemplo, es difícil determinar la titularidad del contenido generado por estas herramientas, así como protegerlo legalmente frente a posibles infracciones de derechos de autor o marcas registradas. También emergen interrogantes sobre las responsabilidades legales en caso de errores o usos indebidos de algoritmos automatizados.

Isabella Liu, socia en la oficina de Baker McKenzie en Hong Kong, enfatiza que las empresas deben vigilar activamente el desarrollo normativo en torno a la IA. Las regulaciones no solo afectan la propiedad intelectual, sino que abarcan aspectos de privacidad, normas sectoriales específicas y nuevas leyes transversales sobre inteligencia artificial. Adicionalmente Vinod Bange, socio de Baker McKenzie en Londres, destacó la creciente preocupación empresarial en torno a los riesgos cibernéticos: 

“Estamos en un punto de inflexión en lo que respecta al riesgo cibernético. Con los avances tecnológicos, como la IA y otros impulsores de la transformación digital, así como el aumento de las amenazas geopolíticas globales, no es difícil entender por qué estamos presenciando un rápido incremento de los ciberataques en todo el ecosistema empresarial.”

Un buen ejemplo en el ámbito latinoamericano es Colombia, que se ha convertido en uno de los países más golpeados por los ciberataques. En el año 2024, se registraron más de 36 mil millones de intentos de ataque, lo que lo posicionó como el cuarto país con mayor actividad maliciosa en la región. Según el Centro Cibernético Policial, en 2023 se reportaron más de 59 mil denuncias por delitos informáticos, aunque hubo una ligera disminución respecto al año anterior.

Entre los principales problemas a los que se enfrenta el país se encuentran el malware, que se infiltra en los sistemas para robar o dañar información, el ransomware que bloquea archivos y exige pagos por su liberación y el phishing que engaña a los usuarios para obtener datos confidenciales mediante correos o mensajes falsos. 

También es frecuente la exposición de datos sensibles causada por errores humanos o configuraciones inseguras, lo que puede acarrear consecuencias legales importantes. 

La ciberseguridad ya no puede tratarse como un asunto exclusivo del área de sistemas o tecnología. Es una prioridad legal, estratégica y reputacional. Las amenazas son reales y cada vez más complejas. Una preocupación que necesita sus propias soluciones y profesionales. El mundo virtual desregulado es la nueva frontera de los desafíos legales, de la que se desconoce la extensión y complejidad.

Dependiendo del país en el que uno viva, los ciberataques pueden llegar a los millones.

La ciberseguridad se ha convertido en un problema mundial, y no debería sorprender a nadie que todos los ambientes laborales empiecen a entrenar expertos para lidiar con los temas que la rodean.