La muerte en las manos de la Corte
Mayo de 2018: David Goodall, un botánico de 104 años, viaja a Suiza para someterse a un suicidio asistido, ya que en Australia no era legal. Su caso atrajo la atención internacional y generó un debate sobre la eutanasia y el derecho a morir dignamente.
Fuente: BBC News, “David Goodall: Australian scientist ends life in Switzerland”-Mayo 2018.
Probablemente hay pocos temas más complejos desde el punto de vista legal que la eutanasia, ya que es muy difícil establecer un marco legal y regulatorio objetivo a un tema que involucra tantos casos particulares, dramas humanos, ética y emoción. Como el caso de David Goodall hay muchos y cada vez más seguido con historias sobrecogedoras de personas que tanto por salud física como mental, quieren y piden terminar con sus vidas. Tan difícil es este tema y genera tanto involucramiento emocional, que incluso afecta en algunos casos la capacidad de los abogados para mantener una postura profesional imparcial.
El debate jurídico en este tema se encuentra atravesado por complejas dificultades bioéticas y legales. La eutanasia sigue siendo ilegal en la mayoría de los países debido a su confrontación con la ética médica, que prioriza la conservación de la vida y el alivio del sufrimiento a través de cuidados paliativos. La Asamblea Médica Mundial, por ejemplo, se ha pronunciado en contra de la eutanasia, manifestando su preocupación por los países que la han despenalizado. Este posicionamiento revela la existencia de profundas tensiones entre los principios de autonomía personal y la protección de la vida como valor supremo.
Uno de los principales argumentos a favor de la eutanasia es el derecho a la autodeterminación, que sostiene que cada persona debería tener la libertad de decidir sobre el final de su vida cuando enfrenta padecimientos insoportables o enfermedades terminales. La legalización de la eutanasia, en este sentido, se percibe como un acto de compasión que permite evitar sufrimientos innecesarios y garantiza una muerte digna, regulada y supervisada por el Estado y el sistema de salud.
Por otro lado, los detractores argumentan que legalizar la eutanasia podría abrir la puerta a abusos y situaciones de vulnerabilidad, donde personas con discapacidades o enfermedades degenerativas se sientan presionadas a solicitar la muerte ante la falta de recursos, apoyo y cuidados adecuados. Se advierte sobre el peligro de instalar una “cultura de la productividad”, en la que la vida de aquellos que no pueden valerse por sí mismos se vea devaluada y su existencia se perciba como una carga para la sociedad y sus familias.
Hay pocos temas más éticamente desafiantes que la eutanasia en el mundo...
Un debate de tres frentes
En el ámbito jurídico, esta controversia se refleja en la tensión entre el derecho a la vida y el derecho a la dignidad. Los abogados que defienden casos de eutanasia enfrentan el desafío de equilibrar estas posturas, garantizando que el consentimiento del paciente sea libre e informado, y que no existan presiones externas que puedan viciar su voluntad. Asimismo, deben lidiar con la falta de marcos legales claros en muchos países, lo que los obliga a recurrir a interpretaciones jurisprudenciales o a defender la despenalización en tribunales constitucionales.
Los fiscales, por su parte, tienen la tarea de asegurar que las leyes vigentes se cumplan, investigando posibles casos de abuso o mala praxis. Esto implica un delicado análisis de la evidencia y la interpretación de normativas que muchas veces son ambiguas o contradictorias. En los países donde la eutanasia no está legalizada, los fiscales deben perseguir estos actos como homicidios, aun cuando hayan sido realizados por razones compasivas.
Los jueces enfrentan el desafío de resolver casos en los que se enfrentan derechos fundamentales en conflicto. Deben interpretar la ley en contextos donde la normativa puede no estar actualizada o ser insuficiente para abordar las complejidades de la eutanasia. En muchos casos, sus decisiones han marcado precedentes importantes, como ocurrió en Colombia, donde la Corte Constitucional despenalizó la práctica y estableció directrices para garantizar el derecho a la muerte digna.
Uno de los aspectos más complejos del debate es la confusión terminológica que rodea a la eutanasia. No se debe confundir eutanasia con la decisión de no prolongar la vida mediante tratamientos fútiles o con la desconexión de un paciente con muerte cerebral. Tampoco debe confundirse con la sedación paliativa, que busca aliviar el dolor sin acelerar la muerte. Esta falta de claridad puede llevar a interpretaciones erróneas y a decisiones jurídicas basadas en premisas falsas.
El derecho a morir con dignidad no implica necesariamente la creación de un derecho a la muerte, y esto es algo que los sistemas jurídicos deben ponderar cuidadosamente. Legalizar la eutanasia impacta en el paciente, transforma la relación médico-paciente y redefine el rol del Estado en la protección de la vida.
Al final del día, la discusión sobre la eutanasia nos invita a reflexionar sobre el valor de la vida y la importancia de la empatía en nuestras decisiones. En un mundo tan globalizado y diverso como el que estamos viviendo, es fundamental que el marco legal se adapte para reflejar las necesidades de los pacientes y las preocupaciones éticas que surgen en torno a la defensa de la vida humana, la dignidad y el sufrimiento. Difícil y complejo tema legal, donde los únicos lineamientos claros refieren a principios éticos personales. Tema repleto de grises en un mundo que tiende cada vez más al blanco o negro.
...Y tratar de resolverlo a través de la Corte trae otras complicaciones legales.
La eutanasia siempre ha sido, y siempre será, un desafío ético. El trabajo de los abogados nunca ha sido, ni nunca será, fácil o sencillo en la Corte por su propia naturaleza. Combinados, estos dos aspectos desarrolla un desafío que se debe tratar con delicadeza.