“Ahora me he convertido en la Muerte, el Destructor de Mundos”. Con esta frase, dicha el 16 de julio de 1945, el nombre de J. Robert Oppenheimer quedó grabado en los libros de historia, y para el mundo entero se hizo realidad una amenaza hasta ese punto desconocida. Y tal y como se le atribuye a Einstein haber dicho a raíz  del desarrollo de este arma de destrucción masiva: “No sé con qué armas se peleará la tercera guerra mundial, pero la cuarta será con palos y piedras”.

La llamaron la Bomba Atómica, y tal era su poder que ni los científicos que la desarrollaron estaban verdaderamente seguros de que no desatara una reacción en cadena que no se detendría hasta que la atmósfera misma se encendiera en llamas y toda la vida dejará de existir. “Una posibilidad improbable” fue la conclusión de los científicos a cargo del Proyecto Manhattan. Pero no imposible….

Incluso sin esta terrible posibilidad, los bombardeos atómicos de Hiroshima y Nagasaki en 1945 demostraron el potencial catastrófico de las armas nucleares, que sin un control, podría llegar a significar el fin del mundo. Y en ese punto, entra el Derecho Internacional y el establecimiento de la Comisión de Energía Atómica de las Naciones Unidas (UNAEC) en 1946. Esta comisión tenía como objetivo abordar cuestiones relacionadas con la energía atómica y desarrollar planes para su control. En 1957, se fundó la Agencia Internacional de Energía Atómica (OIEA) para promover el uso pacífico de la energía nuclear y prevenir su aplicación militar mediante inspecciones y salvaguardias.

Pero a pesar del horror de la destrucción producida en Japón y de los intentos internacionales por parar su producción, las grandes potencias y muchos otros países las desarrollan con la excusa de “mantener un equilibrio en pro de la paz”. Con esta inevitable producción en masa de armas de destrucción masiva (ADM), se tomaron más medidas en la década de 1960 para frenar la proliferación y las pruebas nucleares. El Tratado de Prohibición Parcial de Pruebas de 1963 prohibió las pruebas nucleares en la atmósfera, el espacio exterior y bajo el agua. El Tratado de Tlatelolco en 1967 creó una zona libre de armas nucleares en América Latina y el Caribe y el histórico Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares fue firmado en 1968, estableciendo un marco para prevenir la propagación de armas nucleares, promover el desarme y alentar el uso pacífico de la energía nuclear.

La década de 1970 vio el mayor riesgo hasta la fecha de la destrucción global a manos de múltiples misiles atómicos durante la temida Guerra Fría, y por lo mismo se desarrollaron múltiples iniciativas para mitigar esta posibilidad, mientras se introducían nuevas leyes internacionales para estas armas y otras nuevas, cuyo impacto podía ser equivalente o peor. Un gran ejemplo es la Convención sobre Armas Biológicas de 1972 que prohibió el desarrollo, producción y almacenamiento de armas biológicas y toxinas. También se firmaron tratados en ese momento, como el Tratado de Prohibición de Pruebas en el Umbral de 1974, que limitaba las pruebas de armas nucleares subterráneas a un rendimiento de no más de 150 kilotones, firmado por los Estados Unidos y la Unión Soviética.