La ética en la abogacía se refiere a los principios que guían el comportamiento profesional de los abogados. Esto incluye, entre otros, la confidencialidad, la lealtad hacia el cliente, y el deber de actuar con integridad. A lo largo de la historia se han establecido códigos de ética para asegurar que los abogados mantengan altos estándares en su práctica. Por ejemplo, el Código de Ética de la American Bar Association (ABA) establece normas claras sobre cómo los abogados deben comportarse.

La importancia de esta relación radica en que los abogados no sólo son defensores de sus clientes, sino también guardianes del sistema legal. Su papel es crucial para garantizar que se respeten los derechos de todos y que se administre justicia. Sin una base ética sólida, la confianza en el sistema legal podría verse comprometida, lo que afectaría a la sociedad en su conjunto.

En Chile pocos casos han afectado tanto al sistema judicial, ni ha traído tanta duda sobre su ético comportamiento, como el caso de la apertura de los chats del abogado Luis Hermosilla, también conocido como el Caso Hermosilla o el Caso Audio, y es un claro ejemplo de cómo el comportamiento ético de un abogado afectó la confianza en la justicia chilena globalmente.

Es tal el impacto y la corrupción expuestas dentro del sistema por este caso que se ha propuesto, para evitar que vuelva a ocurrir y recuperar confianzas, abrir un registro público de abogados sancionados por casos de corrupción que actúe como sanción pública ante estos delitos.

Esta propuesta tiene antecedentes prometedores, ya que países como Estados Unidos e Inglaterra utilizan este sistema para que los clientes sepan el historial de los abogados que contratan, y si han sido sancionados previamente. Sin embargo, no hay tal cosa como una medida perfecta, y para entender las consecuencias que estas listas podrían tener en el Poder Judicial es necesario conocer los beneficios y desafíos que estas listas podrían traer.

Uno de los principales beneficios de este registro radica en la transparencia que aportaría al sistema judicial. La posibilidad de que la ciudadanía pueda acceder a información sobre abogados sancionados permitiría una mayor vigilancia social, lo que contribuiría a restaurar la confianza pública en las instituciones. La corrupción en el ámbito legal socava el Estado de Derecho y erosiona la percepción ciudadana sobre la justicia, generando una sensación de impunidad que debilita el tejido democrático. La existencia de un registro público enviaría un mensaje claro de que las faltas éticas y los delitos cometidos por profesionales del derecho no serán tolerados, reforzando así la confianza en la justicia.

Además, el registro actuaría como un mecanismo disuasorio. La posibilidad de ser expuesto públicamente podría desincentivar la participación de abogados en actos de corrupción, ya que el daño reputacional asociado a la inclusión en el registro tendría consecuencias directas sobre su ejercicio profesional. Este efecto preventivo es especialmente relevante en un contexto donde los delitos de cuello y corbata suelen estar asociados a la impunidad. Al hacer públicas las sanciones, se estaría enviando una señal clara de que las consecuencias por actos de corrupción trascienden las medidas penales o administrativas, afectando también la reputación y la credibilidad profesional de los involucrados.

Otro aspecto positivo de la creación del registro es la facilitación de la fiscalización por parte de organismos reguladores. La información consolidada permitiría a las autoridades competentes monitorear de manera más eficiente a los abogados sancionados, evitando que mantengan las malas prácticas sin restricciones. Asimismo, los clientes y las empresas tendrían acceso a una herramienta de protección, ya que podrían verificar la idoneidad de los profesionales antes de contratarlos. Esto fortalecería la relación de confianza entre abogados y clientes, contribuyendo a una mayor transparencia en la prestación de servicios legales.